Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

 

 

Concepto No. 073048

29 de Agosto de 2006

 

 

Señora

NELLY JARAMILLO TAMAYO

Medellín - Antioquia

 

 

Cordial saludo, señora Nelly:

 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y la Resolución No. 1618 del 22 de febrero de 2006, este despacho es competente para absolver en sentido general y abstracto las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias del orden nacional. Bajo estos presupuestos damos respuesta a su solicitud.

 

Tema:                       Procedimiento Tributario

Descriptores:           Presentación de la declaraciones - Firma de revisor fiscal

Fuentes Formales:   Estatuto Tributario Art. 580 literal d), 569, 602 - 600

 

Mediante radicado de la referencia pregunta usted que consecuencias tiene haber firmado la declaración el contador en razón a que el revisor fiscal no estaba inscrito en cámara de comercio.

 

Al respecto, el Literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario, dispone que no se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, cuando no se presente firmada por quién deba cumplir el deber formal de declarar; o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal , existiendo la obligación legal.

 

Para el caso de la declaración de renta, el numeral 6 del artículo 596 señala que esta debe contener, la firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros. de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes, estén obligados a tener revisor fiscal. Lo mismo sucede con las declaraciones de ventas y de retención, en los artículos 602 y 606 del E.T. respectivamente.

 

Conforme con lo anterior, si un contribuyente presenta su declaración firmada por contador público estando legalmente obligado a presentada con la firma de revisor fiscal, esta se tendrá por no presentada.

 

Ahora bien, si se trata de una declaración firmada por revisor fiscal cuyo nombramiento no se ha inscrito en el registro mercantil, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que la formalidad de registrar en la Cámara de Comercio la designación del revisor fiscal tiene como finalidad darte publicidad u oponibilidad al acto de nombramiento frente a terceros, pero de manera alguna implica que su omisión afecte la existencia y validez del mismo, razón por la cual, no se constituye en una causal para que las declaraciones tributarias se entiendan como no presentadas. En este sentido se pronunció este despacho mediante Concepto No. 068199 de 2005 (23 de Septiembre), copia del cual se envía para su conocimiento.

 

De otra parte le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general, el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de INTERNET www.dian.gov.co <http.//.dian.gov.co>, la base de los Conceptos en materia Tributaria, aduanera y cambiara expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” – “Técnica”-, dando click en el link “Doctrina Oficina Jurídica”

 

Atentamente,

 

 

JUAN JOSE FUENTES BERNAL

Jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria

Oficina Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

 

 

 

Concepto No. 073045

29 de Agosto de 2006

 

 

 

Señor

ARMANDO JOSÉ SO LANILLA

Santiago de Cali - Valle

 

 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 10 de la Resolución 1618 del 22 de febrero de 2006, este Despacho es competente para absolver de manera general las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto.

 

TEMA                             Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DESCRIPTORES            INTERESES PRESUNTIVOS

FUENTES FORMALES    Estatuto Tributario, artículo 35

 

PROBLEMA JURIDICO:

 

¿Deben calcularse intereses presuntos sobre obligaciones contraídas entre una sociedad y sus socios, en desarrollo del giro normal de los negocios, originadas en operaciones distintas de préstamos en dinero?

 

TESIS JURIDICA:

 

La presunción de intereses consagrada en el artículo 35 del Estatuto Tributario solamente se aplica a obligaciones crediticias que correspondan a préstamos en dinero entre las sociedades y los socios, cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

 

INTERPRETACION JURIDICA:

 

Las cuentas por pagar y por cobrar que se originen en transacciones efectuadas entre la sociedad y los socios, en desarrollo del objeto social y dentro del giro ordinario de los negocios de la empresa, y que no correspondan a préstamos en dinero, no generan los intereses presuntos de que trata el artículo 35 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 94 de la Ley 788 de 2002. Lo anterior por cuanto la prescripción normativa es exclusiva para deudas por préstamos en dinero (contratos de mutuo) entre las sociedades y los socios y, por ende, sólo en tales casos y para efectos del impuesto sobre la renta se presume de derecho la causación de intereses. 

 

Al efecto, el artículo 35 del Estatuto Tributario señala:

 

“ARTICULO 35. LAS DEUDAS POR PRÉSTAMOS EN DINERO ENTRE LAS' SOCIEDADES Y LOS SOCIOS GENERAN INTERESES PRESUNTIVOS. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable.

 

"La presunción a que se refiere este artículo, no limita la facultad de que dispone la Administración Tributaria para determinar los rendimientos reales cuando éstos fueren superiores." (resaltado fuera de texto)

 

De la norma transcrita se desprende que la presunción de intereses cobija tan sólo obligaciones crediticias en dinero derivadas de contratos de mutuo, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, sin que ello cobije otro tipo de transacciones que puedan efectuarse entre la sociedad y los socios, dentro del giro normal del negocio.

 

En consecuencia, si del examen de la transacción se desprende que ella realmente corresponde a un préstamo en dinero entre socios o accionistas y la sociedad, le será aplicable la presunción de intereses de que trata la norma. Esta presunción opera independientemente del estado en que se encuentre la sociedad, por lo que no interesa, para el efecto, si está inmersa en concordato, acuerdo de reestructuración empresarial, etc.

 

Atentamente,

 

 

JUAN JOSE FUENTES BERNAL

Jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria

Oficina Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

 

 

Concepto No. 073040

29 de Agosto de 2006

 

 

 

Doctor

CARLOS ALBERTO BERNAL BOTERO

Bogotá, D.C.

 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 10 de la Resolución 1618 del 22 de febrero de 2006, este Despacho es competente para absolver de manera general las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto.

 

TEMA                              Impuesto sobre la renta y complementarios

DESCRIPTORES             DEDUCCION POR INVERSION EN INVESTIGACIONES

FUENTES FORMALES     ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTS. 125, 158-1 Y 428 – 1

                                       DECRETO 2076 DE 1992, ARTS. 6, 7, 8 Y 9

 

PROBLEMA JURIDICO:

 

¿Para gozar de los beneficios tributarios de que tratan los artículos 125, 158-1 Y 428-1, del Estatuto Tributario, se requiere que el carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica de los proyectos sea previamente calificado o aprobado por el organismo competente?

 

TESIS JURIDICA:

 

El requisito de calificación o aprobación previa del carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica de los proyectos, es exigible para efectos de los beneficios tributarios consagrados en el parágrafo 1° del artículo 158-1 yen los artículos 125 y 428-1 del Estatuto Tributario.

 

Por su parte, para la procedencia de la deducción por inversiones a que se refiere el inciso 1° del artículo 158-1, la calificación del proyecto por parte Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del Ministro de Educación Nacional, constituye la prueba idónea, por lo cual debe ser presentada .en el momento en que la Administración de Impuestos la exija. Es importante reiterar que la Ley limita la deducción respecto del año gravable en que se realiza la inversión.

 

INTERPRETACION JURIDICA:

 

Se solicita la reconsideración de las respuestas dadas a las preguntas c) y d) del oficio Nro. 007586 del 26 de enero de 2006, en el cual se dijo con fundamento en el artículo 8° del Decreto 2076 de 1992 que los beneficios tributarios para las inversiones en desarrollo científico y tecnológico tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta, están sujetos a la calificación previa del proyecto a la realización de la inversión, por parte de las autoridades competentes, quienes deben certificar sobre el carácter científico y tecnológico o de innovación tecnológica de los programas autorizados.

 

A juicio del peticionario, operó el decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria del Decreto 2076 de 1992, razón por la cual, la calificación previa solo es exigible para las donaciones a proyectos de ciencia y tecnología y no para las inversiones por este mismo concepto.

 

En primer lugar es necesario precisar que la Ley 6ª de 1992, mediante los artículos 3, 4 Y 21 creo sendos beneficios en los artículos 125, 158-1 Y 428-1 del Estatuto Tributario, relacionados con la investigación de carácter científico o tecnológico y condicionados a la aprobación previa' del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del Departamento Nacional de Planeación. Estos beneficios fueron reglamentados por los artículos 6°, 7º, 8° Y 9° del Decreto 2076 de 1992.

 

Al analizar la evolución normativa de los artículos 125, 158-1 Y 428-1, se observa que el requisito de calificación o aprobación previa se mantiene, no obstante en el caso del artículo 158-1 se presenta una importante modificación.

 

En efecto, el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 4° de la Ley 6ª del 30 de junio de 1992, establecía:

 

"Artículo 158-1 Deducción por inversiones en investigaciones científicas o tecnológicas.

 

Las personas jurídicas que realicen directamente o a través de universidades aprobadas por el ICFES u otros organismos señalados por el Departamento Nacional de Planeación, inversiones en investigaciones de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable.

 

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá exceder el 20% de la renta Iíquida determinada por el contribuyente, antes de restar el valor de la inversión.

 

Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el provecto de inversión deberá obtener la aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia u Tecnología." (Subrayado fuera de texto).

 

Posteriormente este último inciso fue sustituido por el artículo 175 de la Ley 223 de 1995, el cual rezaba:

 

"Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el proyecto de inversión deberá obtener aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del respectivo Consejo del Programa Nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.”

 

Por su parte el texto vigente, modificado por el artículo 12 de la Ley 633 de 2000, señala:

 

"Artículo 158-1. Deducción por inversiones en investigaciones científicas o tecnológicas. Las personas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, reconocidos por COLCIENCIAS, en provectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o en proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento 125% del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. Los proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.

 

Cuando la inversión se realice en proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la inversión se destinó al programa o programas acreditados.

 

También recibirán los mismos beneficios los contribuyentes que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos de inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental competente, siempre y cuando sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, reconocidos como tales por el Ministerio de Agricultura.

 

Esta deducción no podrá exceder del 20% de la renta líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.

 

El Gobierno reglamentará los procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados.

 

Parágrafo 1°. Las personas podrán optar por la alternativa de deducir el ciento veinticinco por ciento 125% del valor de las donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente a proyectos calificados previamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos a los cuales se dirija la donación deberán desarrollarse igualmente en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomuncaciones, informática, biotecnología, minería, energía, o formación profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la donación. Serán igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 Y 125-3 del Estatuto Tributario.

 

Cuando la donación se realice a proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la donación se destinó al programa o programas acreditados.

 

Parágrafo 2º. Para que proceda la deducción de que trata el presente artículo y el parágrafo 1°, al calificar el proyecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá evaluar igualmente 'su impacto ambiental.

 

En ningún caso el contribuyente podrá deducir simultáneamente de su renta brota, el valor de las inversiones y donaciones de que trata el presente artículo. (Subrayado fuera de texto).

 

Como se ve, el artículo 12 de la Ley 633 de 2000, consagró un nuevo beneficio tributario consistente en la deducción por donaciones, al paso que modificó sustancialmente el que ya existía por concepto de inversiones.

 

Del contraste de los textos anteriores, se colige que para efectos del beneficio tributario consagrado en el artículo 158-1, el requisito de calificación previa del proyecto por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, solo es exigible en el caso de la deducción por donaciones de que trata el parágrafo 1° y no para la deducción por inversiones a que se refiere el inciso primero. De la misma normatividad se desprende que, en todo caso, para el reconocimiento de la deducción por este último concepto, la calificación del carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica de los proyectos, constituye la prueba idónea, por lo cual debe ser presentada para acreditar la misma en el momento en que la Administración de Impuestos la exija.

 

Con base en lo expuesto este Despacho concluye que el requisito de calificación o aprobación previa es exigible para efectos de los beneficios tributarios consagrados en el parágrafo 1° del artículo 158-1 y en los artículos 125 y 428-1 del Estatuto Tributario. En consecuencia, las normas pertinentes del Decreto Reglamentario 2076 de 1992, se encuentran vigentes, en tanto no sean incompatibles con las disposiciones objeto de reglamentación.

 

En los anteriores términos, se revoca la respuesta dada a las preguntas c) y d) en el oficio Nro. 007586 del 26 de enero de 2006.

 

Atentamente,

 

CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VARGAS

Jefe Oficina Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

 

 

Concepto No. 072596

30 de Agosto de 2006

 

 

 

Señor

HENRY OSWALDO CARVAJAL

Bogotá D.C.

 

 

TEMA                             IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DESCRIPTORES            FUSIÓN DE SOCIEDADES

                                      COMPENSACIÓN DE PERDIDAS FISCALES

                                      COMPENSACIÓN EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA

FUENTES FORMALES    ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTS. 147 y 191

                                      CÓDIGO DE COMERCIO, ARTS. 172, 173, 177 Y 178

                                      RESOLUCIÓN EXTERNA No. 07 de 2001 SUPERSOCIEDADES

 

 

Cordial saludo, señor Carvajal:

 

Damos respuesta a su consulta de la referencia, relacionada con la fusión de sociedades:

 

Pregunta Nro. 1

 

¿La sociedad absorbente, puede compensar el exceso de renta presuntiva sobre renta Iíquida determinada en una sociedad que fue absorbida mediante fusión?

 

De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 191 del Estatuto Tributario, el exceso de renta presuntiva sobre la renta Iíquida ordinaria podrá compensarse con las rentas Iíquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes, ajustado por inflación.

 

Ahora bien, en relación con la fusión de sociedades este Despacho se pronunció mediante el Concepto No. 32572 del 8 de mayo de 1998 en los siguientes términos:

 

“…la fusión constituye la unión jurídica de 2 o más sociedades en una sola que la sustituye y los patrimonios de las respectivas sociedades se confunden y consolidan en la sociedad absorbente.

 

El acuerdo de fusión no conlleva la liquidación de la sociedad absorbida; en este sentido se expresa el articulo 172 del Código de Comercio al decir: “Habrá fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse...”

 

Por otra parte en el Concepto No. 048785 del 5 de agosto de 2002, se sostuvo lo siguiente:

 

“En lo que hace relación con la fusión de sociedades el articulo 172 del Código de Comercio establece que al formalizarse el acuerdo de fusión la sociedad absorbente adquiere las obligaciones y derechos de las sociedades disueltas, planteamiento que se reitera en el primer Inciso del artículo 178 ibídem. al Indicar que una vez otorgada la escritura pública correspondiente, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas.” (subrayado fuera de texto).

 

En este contexto, es forzoso concluir que la sociedad resultante de un proceso de fusión puede solicitar la compensación de los excesos de renta presuntiva. dentro del término señalado en el parágrafo del artículo 191 del Estatuto Tributario, teniendo en Cuenta los períodos gravables ya transcurridos y las compensaciones efectuadas en cabeza de la sociedad absorbida.

 

Pregunta Nro. 2

 

¿Para efectos de la compensación de pérdidas fiscales de sociedades absorbidas mediante fusión de que trata el artículo 147 del Estatuto Tributario. con respecto a cuál patrimonio se debe determinar la proporcionalidad?

 

Al respecto, en el Concepto Nro. 007710 del 10 de febrero de 2004, este Despacho señaló:

 

“Es necesario tener en cuenta de acuerdo con el articulo 173 del Código de Comercio y la Resolución externa 7 de 2001 de la Superintendencia de Sociedades, que en los eventos de fusión se requiere el acompañamiento de documentos para efectos de garantizar la transparencia de la operación y protección de los derechos de acreedores y socios minoritarios, como es el balance general y estado de resultados consolidados a la fecha de corte establecida para la fusión, lo que implica la previa eliminación de las transacciones reciprocas entre las compañías. Dispone el artículo 177 del Código de Comercio que el acuerdo de la fusión se formaliza mediante escritura pública donde se insertan los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado de la absorbente o de la nueva sociedad.

 

Es decir, que el proceso de fusión es eminentemente regulado por el Código de Comercio y como tal para su perfeccionamiento requiere el cumplimiento de las disposiciones pertinentes como de la autorización por la entidad que ejerce control y vigilancia de las entidades que acuerdan la fusión, así como de la valoración de los activos, cuando sea el caso.

 

De esta forma el patrimonio que se debe tener en cuenta para efectos de la aplicación del inciso segundo del artículo 147 del Estatuto Tributario, es el comercial vigente en la fecha de perfeccionamiento de la fusión            que figure en los balances respetivos como la participación de las sociedades fusionadas en el patrimonio de la absorbente o de la nueva sociedad. ­(subrayado fuera de texto).

 

Lo anterior, sin perjuicio de las precisiones efectuadas en el Concepto Nro. 033741 del 1º de junio de 2004, cuya fotocopia anexamos para su ilustración.

 

Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general, el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de INTERNET www.dian.gov.co, la base de los Conceptos en materia Tributaria, aduanera y cambiara expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” – “Técnica”-, dando click en el link “Doctrina Oficina Jurídica”

 

Atentamente,

 

DENNYS GUTlERREZ GUTlERREZ

Delegado División De Normativa Y Doctrina Tributaria

Oficina Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendencia de Sociedades

 

 

Concepto No. 46342

22 de Agosto de 2006

 

 

No es viable que la Superintendencia de Sociedades designe liquidador dentro de un proceso de liquidación voluntaria de una sociedad no sujeta a la vigilancia de esta Superintendencia.

 

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2006-01-126443, mediante la cual expone una serie de circunstancias que han venido dilatando el proceso liquidatorio de una sociedad en comandita simple, por lo que formula los siguientes interrogantes.

 

1.   Una empresa en liquidación puede seguir funcionando comercialmente.

2.   Es posible que por parte de esa entidad se nombre un liquidador.

3.   A cuanto ascienden los honorarios del liquidador?

4.  Cuáles son los presupuestos o requisitos que se exigen para que la Superintendencia designe liquidador de esta sociedad. En cuánto tiempo se estaría liquidando la sociedad definitivamente y de qué depende que se haga en un mayor o menor tiempo?

5.   Si no existe acuerdo entre los socios con relación al valor de los inmuebles que posee la sociedad, cómo puede efectuarse la adjudicación de los mismos?

6.   En caso de manejos irregulares por parte de uno de los liquidadores qué investigación y sanciones proceden?

7.   Es esa la entidad competente para dirimir los conflictos y aplicar las sanciones?.

 

Al respecto para responder los interrogantes planteados, procederé en el orden propuesto, así:

 

1. Dispone el artículo 222  del Código de Comercio, que “Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.”

 

Consagra a su vez el artículo 223 ibídem, que disuelta la sociedad las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación, éstos presupuestos normativos permiten afirmar que por virtud de la liquidación la sociedad adquiere un estado especial en el que a pesar de que ni la asamblea ni la junta de socios sufren alteraciones sustanciales, los actos de administración deben estar encauzados a la cancelación del pasivo tanto externo como interno de la sociedad, por lo que se concluye que en este estado, la representación legal y la administración de la sociedad, se confunden en la persona del  liquidador.

 

2. Al respecto, sea lo primero observar que el artículo 84 numeral 5º de la Ley 222 de 1995, hace referencia a la facultad que tiene la Superintendencia de Sociedades para decretar la disolución y ordenar la disolución de las sociedades vigiladas cuando se cumplan los presupuestos previstos por la ley y los estatutos.

 

Por lo tanto, aquellas sociedades que no están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, deben adelantar directamente el proceso de liquidación voluntaria y por conducto de la junta de socios, designar el liquidador.

  

3. Los honorarios del liquidador, son los que determine la junta de socios, órgano social al que corresponde su designación. (artículo 228 del Código de Comercio).  

 

4. Los presupuestos para que la Superintendencia de Sociedades designe un liquidador dentro de un proceso de liquidación voluntaria, son los previstos por el inciso tercero del artículo 228 del Código de Comercio, siempre que se trate de una sociedad sujeta a la vigilancia de esta Superintendencia.  

 

5. El valor de los inmuebles puede ser dictaminado por un perito especializado en la materia, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores, por lo que se sugiere acudir a estos expertos para el efecto.

 

6. Al respecto, es preciso tener en cuenta que el procedimiento previsto para liquidar las sociedades mercantiles, es de orden público y de obligatorio cumplimiento, presupuesto que implica no solo agotar todas las etapas respectivas hasta llegar a la culminación del proceso, sino realizar dicho trámite en el menor tiempo posible, máxime que el liquidador, es un administrador al que corresponde obrar dentro de los parámetros de diligencia del buen hombre de negocios y necesariamente responde por las gestiones realizadas en los términos de lo previsto por el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de  la Ley 222 de 1995, que al respecto dispone:

 

“Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u  omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador”.

 

7.  En lo que corresponde al tema descrito en este punto, es preciso tener en cuenta que la vigilancia de esta Superintendencia, se ejerce sobre las sociedades comerciales, no vigiladas por otras superintendencias, en los términos descritos por los artículos  83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 ( artículo 82 ibídem).

 

En este sentido, la inspección, de acuerdo con el artículo 83, “…consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable económica y administrativa de cualquier  sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia  Bancaria, o sobre operaciones de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades”

 

Por su parte, el  artículo 84, citado, define la vigilancia, así: “La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras Superintendencias, en su formación y funcionamiento y en desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.

 

Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el Superintendente cuando del análisis de la información señalada  en el artículo anterior o de la práctica de una investigación administrativa, establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:

 

a.       Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que implique desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;

b.       Suministro al público, a la Superintendencia o cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;

c.       No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados.”

d.       Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.

 

El control, es la última instancia de supervisión, consagrada en el artículo 85 y  definida por el legislador como “…la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular….”

 

De lo expresado se concluye que a la luz de la ley 222 de 1995, en la práctica, cualquier sociedad comercial podría estar sujeta al grado de supervisión de inspección por parte de esta Superintendencia, instancia dentro de la cual de oficio podrá la entidad solicitar la información que requiera así como practicar investigaciones administrativas.

 

A su vez, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 numeral 5° de la citada Ley , a solicitud de uno o más  asociados que represente no menos del 10% del capital de la sociedad o de cualquiera de sus administradores, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades, la práctica de investigaciones administrativas, cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias; para el efecto, el interesado deberá formular una relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos. Diligencia que podrá dar lugar a impartir las órdenes respectivas o a la  imposición de sanciones, de acuerdo con el artículo 86 numeral 3° de la citada ley.

 

Finalmente, deberá tener en cuenta que dentro de las funciones asignadas a esta Superintendencia está la de actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los socios y entre éstos y la sociedad, con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social, trámite que deberá realizarse por conducto del Grupo de Conciliación (artículo 2° numeral 2° del Decreto 1080 de 1996).

 

En los anteriores términos espero haber atendido sus inquietudes, no sin antes ponerle de presente que los efectos de este pronunciamiento son los previstos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.