Análisis de las incidencias del artículo 57 de la Ley 2195

Cambios relevantes

  • El artículo 57 impone una nueva causal para cancelar la matricula del contador púbico.
  • Asigna responsabilidad a los revisores fiscales para reportar actos ilegales y/o de corrupción.
  • Faculta a los entes de control para sancionar y/o cancelar la matrícula de los contadores público.  

La Ley 2195 expedida el 18 de enero de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. Esta ley asigna nuevas funciones, responsabilidades y sanciones al revisor fiscal y modifica la Ley 43 de 1990, específicamente en el artículo 57.

Esta nueva ley adopta disposiciones para prevenir los actos de corrupción y así promover la cultura de la legalidad y recuperar la confianza ciudadana. Uno de los artículos más controvertidos para la aplicación por parte del revisor fiscal, es el que estamos analizando en esta oportunidad.

Artículo 57. Modifíquese el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 y adiciónese un parágrafo, los cuales quedarán así:

Ley 2195, articulo 57  Ley 43, artículo 26
5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.   Parágrafo: Las autoridades de inspección, vigilancia o control de las personas jurídicas que tengan revisoría fiscal podrán imponer las sanciones que correspondan, conforme a sus facultades, a los revisores fiscales por la omisión de la obligación de denuncia establecida en el numeral 5 del presente artículo.De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un Contador Público las siguientes:   1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, por razón del ejercicio de la profesión. 2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción. 3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la Contaduría Pública. 4. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados.   Parágrafo 1o. Cancelación permiso de funcionamiento de las Sociedades de Contadores Públicos….   Parágrafo 2o. La sanción de cancelación al Contador Público podrá ser levantada a los diez (10) años o antes, si la Justicia Penal rehabilitare al condenado.

De acuerdo con lo anterior, la primera claridad es que este artículo trae consigo un nuevo numeral a las causales de cancelación de la inscripción de un Contador Público que ordena el artículo 26 de la ley 43, y no una modificación al numeral 5, ya que este numeral no existe en la Ley 43.

Confunde o por lo menos llama la atención que el legislador haya incluido este artículo dentro de una de las atribuciones exclusivas de la Junta Central de Contadores (artículo 23 -Ley 43) pero acto seguido, incluye en el nuevo parágrafo a las autoridades de inspección, vigilancia o control de las personas jurídicas que tengan revisoría fiscal, para que impongan las sanciones que correspondan, conforme a sus facultades.  ¿Quiere decir esto que la JCC ya no tendrá esta atribución? Y además de que este artículo impone más responsabilidades y obligaciones al revisar fiscal, ¿cambia su marco regulatorio sancionatorio? cabe resaltar según lo señalado, que no obedece a una sanción sino directamente a la cancelación de la matricula del contador público, según nuestro entendimiento la ley no es clara.

De otra parte, este articulo coacciona a los profesionales, porque no es claro cómo se pueda probar o no, que un revisor fiscal identificó actos delictivos, ¿o simplemente se da por sentado el hecho de que, si la compañía comete actos de corrupción, el revisor fiscal debe estar enterado y por tanto los debe denunciar, de lo contrario será sancionado o mejor será cancelada su tarjeta profesional?

Es un artículo que  claramente le va a generar muchos inconvenientes  a los revisores fiscales no solo por las  sanciones legales, pecuniarias y penales y peor aún por la cancelación, al parecer directa, de su inscripción como contador público, sino por los grandes retos para cumplir con lo que se le ordena, por citar un ejemplo: Que norma de aseguramiento vigente en nuestro marco legal deberá usar el revisor fiscal para detectar “en el ejercicio de su cargo” la  administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.  Pareciera que no sólo vamos a requerir cambios en nuestro proceso de formación académica, sino que tendrán que incluir nuevos perfiles profesionales en nuestro equipo de trabajo, ya no basta con abogados, ingenieros de sistemas o de procesos. ¿Quién asumirá los costos? Otra inquietud que sigue sin resolverse.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que esta ley le impone más obligaciones y responsabilidades a los contadores y revisores fiscales, de las que ya tiene, sin tener las herramientas para cumplir con todo lo que se le esta designando y sin considerar si los costos en que debe incurrir son atribuibles a los honorarios que las empresas pagan por sus servicios.

Cambios como los que trae esta Ley 2195, son las que reafirman la posición del INCP de trabajar juntos por una reforma integral al marco regulatorio de la profesión contable.  Marco que encause las responsabilidades y funciones de los profesionales  de la contaduría pública a la esencia de la ciencia contable; que  así como hay un defensor del contribuyente haya un “defensor del contador público”, que se ocupe de ver la coherencia y reciprocidad de las normas, por ejemplo: A las empresas se les da una gradualidad para las sanciones, como el caso del artículo 27 de la Ley que nos ocupa en esta ocasión, que modifica el código de comercio, pero esto no aplique para los revisores fiscales.

Sin embargo, también debemos ser corresponsables con nuestra profesión y es muy importante creer en los procesos de desarrollo profesional continuo y por eso desde el mencionado proyecto de reforma de la profesión se debe considerar la posibilidad de introducir a Colombia mejores prácticas de educación, como las normas internacionales de educación, estructurar la reacreditación periódica, promover mayor formación en ética profesional, por citar algunas áreas de importancia.

Redacción INCP

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