Resulta increíble que más de 2000 firmas no enviaran a tiempo sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades y que de estas hayan sido castigadas unas 600.

Las noticias no indican si, con anterioridad al vencimiento, los administradores avisaron de su futuro incumplimiento a la entidad supervisora. Tampoco dicen si, llegada la fecha final para que tales documentos estuvieran listos, es decir, el día anterior al inicio del derecho de inspección, los revisores fiscales emitieron una abstención de opinión.

Un buen administrador que advierte dificultades que harán imposible el cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia de información, debería apresurarse a ponerlas en conocimiento de la Superintendencia respectiva.

Un buen revisor fiscal que se da cuenta de circunstancias que generarán atraso, debe comunicarlas a los administradores tan rápido como sea posible. Si los administradores no toman medidas al respecto, incluido el aviso al supervisor, el auditor deberá citar a la asamblea o junta de socios y avisar a la Superintendencia.

Si nadie hace nada, se trata de personas que apuestan a que las cosas no den lugar a reacciones. Desafortunadamente, en muchos casos, la violación de las normas no produce acción alguna. Por eso, nuestra cultura asume que lo importante no es cumplir la ley, sino no ser cogido en infracción.

Como se sabe, el Gobierno y los jueces creen que el seguro que habrá de impedir conductas como la descrita es el revisor fiscal. Recientemente, el Superintendente de Sociedades ha reclamado mayor integridad y revelación de parte de los revisores. En la práctica, los revisores fiscales son presionados para emitir sus opiniones en término de horas, para que la demora de los preparadores no se haga evidente. Y hay muchos que así lo hacen, debido a ‘consideraciones comerciales’. Varios ni siquiera han terminado los procedimientos propios del trabajo, como tener lista toda la documentación.

Si un revisor piensa denunciar un lavado de activos cometido por los administradores de una compañía, seguramente no deberá intentar denunciar esa práctica en su informe anual, pues será objeto de muchas presiones y de impedimentos que pueden llegar a comprometer su propia vida. Lo mejor es que avise a las autoridades y, simultáneamente, pida protección, la cual las autoridades están obligadas a brindarle.

Es que las cosas no son como las pintan. No existe empresa en la que los administradores dejen a los revisores fiscales ponerlos en evidencia, salvo que ellos mismos estén reconociendo los hechos, explicándolos en los informes de gestión y precisándolos en las notas a los estados financieros.

Debemos concebir la revisoría fiscal dentro de lo posible y no de lo deseable, como hacen personas irrazonables.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 3408, 12 de marzo de 2018, Publicado en el departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.