El objetivo del gobierno corporativo moderno (fuera de querer reducir las pérdidas económicas por malas prácticas y ciñéndose al modelo europeo) a la par de los intereses de los accionistas, también debe estar al servicio de los diferentes grupos de interés: empleados, clientes, proveedores, y propietarios entre otros, sin priorizar o favorecer a unos sobre los otros.

La Responsabilidad Social Corporativa (o empresarial), da cuenta de ello y de la intención que hay en el entorno con respecto a este tema. Deben establecerse objetivos enmarcados en políticas que apunten hacia la reducción de la pobreza, la equidad y la sostenibilidad; todo esto en un contexto que, como es bien conocido, logre el desarrollo de la organización promoviendo el crecimiento económico, social y ambiental.

Redacción INCP a partir del artículo publicado por La República.

Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “Gobierno corporativo y perdurabilidad – La importancia de las juntas directivas” de la fuente La República.

Gobierno corporativo y perdurabilidad

La importancia de las juntas directivas

Bajo la visión tradicional del gobierno corporativo, la empresa establece un conjunto de órganos y prácticas de gobierno que buscan mitigar las pérdidas económicas que pueden derivarse de un comportamiento mal intencionado o negligente por parte de los empleados, especialmente aquellos que hacen parte de la alta gerencia. Siguiendo esta línea de pensamiento, lo importante es establecer una serie de controles y mecanismos de supervisión que hacen a la empresa menos vulnerable y, en teoría, mejor gobernada o administrada.

Entre estos mecanismos están las juntas directivas diversas, profesionales, bien remuneradas, con comités de apoyo, reglas claras de funcionamiento, selección y rotación de sus integrantes, e independientes, para garantizar un ejercicio eficaz de asesoría y de supervisión en los temas estratégicos al equipo de alta gerencia. Además, un ambiente de control robusto, con ejercicios de control interno, administración de todo tipo de riesgos, un oficial de cumplimiento y auditorías externas especializadas, que buscan garantizar el uso adecuado de los recursos financieros. De igual manera, unas prácticas de revelación y rendición de cuentas que hacen a la empresa más transparente, reducen las asimetrías de información, y permiten a los diferentes actores externos estar mejor enterados de lo que sucede al interior de la empresa, lo que permite una mejor evaluación financiera del presente y futuro de la misma.

Por otra parte, asambleas generales de accionistas o juntas de socios que permiten la participación activa de los socios minoritarios en la toma de decisiones relevantes para la empresa, así como el flujo de información apropiado para la selección y nombramiento de los miembros de junta, aprobación de distribución de utilidades o pago de dividendos, e inversiones estratégicas. Y finalmente, una autorregulación interna que permite a la empresa hacer explícitos los acuerdos bajo los cuales espera actúen las personas que la conforman, como el código de buen gobierno y el código de ética, entre otros.

Sin embargo, la legitimidad del sistema de gobierno corporativo descrito anteriormente viene siendo cuestionada años atrás. Y no porque los mecanismos y prácticas descritos no puedan llegar a ser efectivos. El problema está en la respuesta a la pregunta ¿para quién se gobierna? Es decir, ¿a quién debe servir toda la estructura antes mencionada?, ¿cuáles intereses deben prevalecer y ser salvaguardados? La visión norteamericana del gobierno corporativo espera que la empresa sea gobernada en el mejor interés de aquellos que proveen recursos financieros a la empresa; es decir, los accionistas o propietarios y los acreedores financieros. Sin embargo, esto claramente no es suficiente y no lleva necesariamente a potenciar la creación de riqueza por parte de las empresas.

La visión europea del gobierno corporativo es diferente, en cuanto que sugiere que los mismos mecanismos deben estar al servicio de los diferentes grupos de interés, sin priorizar alguno en particular. Es decir, es necesario velar por los intereses de los propietarios y acreedores financieros, pero son igualmente importantes los intereses de los empleados, los clientes, los proveedores, los reguladores, la comunidad cercana a la empresa, y la sociedad en general. Parece una declaración trivial, pero en realidad representa un cambio de paradigma de la acumulación de riqueza para aquellos propietarios del capital, hacia una generación de valor compartido que beneficia a todos en general y que da legitimidad a las empresas y las hace sostenibles y perdurables.

Todos hemos evidenciado la presión en el entorno por este cambio de paradigma. Desde el deseo de Colombia de ingresar a la Ocde y las condiciones que impone esta organización, pasando por las exigencias respecto a reporte bajo triple cuenta de los fondos de capital privado europeos, hasta las discusiones en foros empresariales y académicos sobre el capitalismo consciente o capitalismo responsable. Sin embargo, es necesario que este cambio se haga evidente en el funcionamiento del gobierno corporativo a nivel empresa, para que las organizaciones actúen de manera coherente debido a que el gobierno de las mismas busca una gestión estratégica de los diferentes grupos de interés. Un gobierno corporativo que lleve a la creación de valor compartido, bajo criterios de administración basados en la ética, en el progreso colectivo, y que aporten de manera decidida a la erradicación de la pobreza y a la reducción de la brecha en la distribución de ingresos, buscando una sociedad más equitativa, pero especialmente, que realice la actividad económica de manera sostenible en el largo plazo.

Fuente: La República