La modernización de la revisoría fiscal

La economía está globalizada y por lo tanto la información financiera y su aseguramiento debe de hacerse de acuerdo con estándares internacionales. Colombia con la entrada en vigor de la Ley 1314 de 2009, entró en el ámbito internacional y tiene una gran oportunidad de mejorar su competitividad a nivel global con información útil para que los inversionistas extranjeros puedan hacer negocios locales.

Para Jorge Eliécer Moreno, Socio Líder de Auditoría de PricewaterhouseCoopers (PwC) Colombia, empresa que presta el servicio de Revisoría Fiscal dentro de rigurosos estándares de calidad y transparencia, “la necesidad de actualizar la revisoría fiscal es importante empezando desde su mismo nombre pues, a nivel internacional cuando se indica que en Colombia el auditor legal o estatutario se llama revisor fiscal, inmediatamente se genera la inquietud si es también el auditor de los impuestos por la palabra ”fiscal” y se debe hacer explicaciones sobre todo lo que se tiene que hacer por parte de este revisor fiscal en revisar y firmar declaraciones tributarias y una serie importante de certificaciones que exigen las entidades del Estado o privadas, más las responsabilidades adicionales que cada vez más le asignan. Esto por ejemplo encarece el servicio de auditoría para las entidades que operan en Colombia al compararse con otras compañías en la región y por lo tanto resta competitividad”, señala.

El trabajo del auditor debe además, merecer toda la confianza del mercado y debe realizarlo con diligencia profesional lo cual implica evidenciar su independencia respecto el objeto sujeto de su auditoría y no caer en alguna actividad de autorevisión, como por ejemplo, cuando se dice que ejerce control o imparte instrucciones sobre la empresa que audita. En cuanto a la colaboración del auditor estatutario o legal con las entidades de vigilancia y control, Moreno asegura que se debe actualizar o definir el “alcance de esta colaboración que hoy en día parece más que el auditor, un auxiliar de las entidades del Estado y debe invertir un tiempo significativo en estas actividades que pagan las compañías y que, adicional al impacto económico, distraen al auditor de su función principal que es la de dar aseguramiento sobre los estados financieros, lo adecuado del control interno, y el cumplimiento de normas”.

De acuerdo con el Socio Líder de Auditoría de PwC, “Colombia es el único país del mundo donde las entidades de control hacen interpretaciones de que el revisor fiscal ( auditor legal o estatutario) es gestor fiscal, y si fuera así no sería independiente, cuando en la práctica no toma una sola decisión de aprobación del gasto público, o que se puede asimilar como un funcionario público, y a pesar de que existen conceptos sobre la materia indicando el error en estas interpretaciones, estas entidades de control hacen caso omiso de los mismos e imponen sanciones por cuantías millonarias a los revisores fiscales. Esto genera una incertidumbre para ejercer la profesión y para un contador un riesgo muy alto al aceptar el nombramiento como revisor fiscal ya que tiene en juego su patrimonio que con mucho esfuerzo y sacrificio ha conseguido durante su vida laboral”, afirma Moreno.

Derechos y límites en las funciones de los revisores fiscales

Frente a los constantes ataques que sufren los revisores fiscales, la mejor defensa de la profesión es que el contador público realice su trabajo siempre sobre la base de un estándar, de tal manera que en caso de cuestionamientos por parte de un tercero pueda demostrar su diligencia profesional, o de lo contrario asumir las consecuencias. Sin embargo, para esto es necesario que existan estas reglas claras y no estar el contador expuesto a que dependiendo la entidad de vigilancia y control o la oficina de la DIAN de una ciudad determinada las sanciones o acciones serán diferentes.

Los contadores deben asociarse y establecer un programa de defensa de la profesión partiendo desde la claridad de sus responsabilidades y motivando un plan de educación a la comunidad en general sobre el alcance de sus servicios y cualquier requerimiento o entendimiento equivocado sobre su responsabilidad debe tener una respuesta contundente a nivel técnico, mediático y legal.

En cuanto a los límites en el número de compañías para ejercer la Revisoría Fiscal, Moreno sostiene que el origen de la norma es bien intencionada, considerando que una persona natural no tendría tiempo suficiente para atender de manera adecuada más de 5 revisorías fiscales en compañías con un volumen importante de operaciones.

Sin embargo, lo anterior se debe actualizar con la entrada en vigencia de la Norma Internacional de Control de Calidad 1- NICC1, adoptada en Colombia con la Ley 1314 de 2009, que establece que la firma de auditoría debe tener políticas y procedimientos para la aceptación de nuevos encargos y garantizar que cuenta con los recursos tanto en cantidad, como en calidad, para la prestación de los servicios. La evaluación debe hacerse a nivel de firma y actualmente la Junta Central de Contadores hace periódicas visitas a las firmas de auditores para confirmar la adecuada implementación de la NICC1.

Impulsar una reforma de la revisoría fiscal, incrementando las funciones de los revisores fiscales y con el argumento de que esto reducirá la corrupción es una enorme irresponsabilidad con los contadores y con el mercado en general ya que no es algo realista y por el contrario generaría unas expectativas imposibles de cumplir. Lo que debe hacerse con esta modernización de la revisoría fiscal, es tener una auditoría legal o estatutaria acorde con las mejores prácticas internacionales de aseguramiento que ayude a nuestro país en los desafíos postpandemia y la necesidad de recuperar la economía.

Fuente: PwC

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