«Todas las empresas que sean arrendatarias de activos verán aumentar los activos y pasivos reportados, medida que afectará a una amplia variedad de sectores, desde compañías aéreas que mantienen su flota alquilada a las entidades que operan en el sector del comercio minorista que en muchos casos recurren al arrendamiento de sus locales comerciales». 

¿Qué novedades hay en la NIIF 16? 

El tratamiento contable de los arrendamientos en la contabilidad del arrendatario cambiará de forma notable. La NIIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero que se registran dentro del balance y los arrendamientos operativos para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas de arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del balance, que es similar al de arrendamiento financiero actual.

 En el caso del arrendador se mantiene la práctica actual – es decir, los arrendadores siguen clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros y operativos.

 Principales impactos de la nueva norma

 Para los arrendatarios, el contrato de arrendamiento se convierte en un pasivo y un activo equivalente, el derecho de uso del bien objeto del contrato. Por tanto, se incrementará el tamaño del balance con nuevos activos pero también aumentará su endeudamiento.

 Los impactos van más allá del balance. También se producirán cambios durante la vigencia del contrato de arrendamiento. En particular, las empresas deberán aplicar un patrón anticipado de reconocimiento de gastos en la mayoría de los contratos, aun cuando abonan rentas anuales constantes.

 Todas las empresas necesitarán evaluar la magnitud de los impactos de la norma para que puedan entender las implicaciones en su actividad de negocio. Las áreas de enfoque pueden incluir:

• El efecto de la norma en los resultados financieros.
• Los costes de implementación.
• El efecto de los cambios propuestos a las prácticas de negocio. 

Fecha de vigencia y próximos pasos

La nueva norma entra en vigor en enero de 2019. Antes de esa fecha, las empresas deberían analizar sus contratos de arrendamientos y efectuar nuevas estimaciones que deberán ser objeto de actualización periódica.

«Para algunas empresas, el reto será la captura de los datos necesarios de sus contratos, para otras el problema pudiera concentrarse en aspectos más cualitativos como la identificación de las transacciones que contienen arrendamientos». 

Fuente: KPMG – Por Enrique Asla Socio responsable de Departamento de Práctica Profesional de KPMG en España