La reforma estructural ya comenzó
La mayoría de los colombianos no nos dimos cuenta, pero la reforma tributaria estructural comenzó por donde menos se esperaba: por la reducción de los ingresos del Gobierno. En efecto, la caída del precio internacional del petróleo desplomó la renta petrolera del Gobierno, que está conformada por los impuestos de renta y el CREE en las empresas petroleras y los dividendos que le corresponden de las utilidades de Ecopetrol. Mientras que en el 2013 la renta ascendió a 23,6 billones de pesos y representó el 19,7 por ciento del ingreso total del Gobierno Nacional Central, en el 2016, apenas llegará a 3,3 billones de pesos, equivalentes al 2,5 por ciento del total. Para tener una referencia de lo que esa contracción significa, basta recordar que el recaudo estimado de la reforma tributaria del 2014 asciende a 12,5 billones de pesos.
Esta reducción de los ingresos es estructural por tres razones: se estima que los precios internacionales del hidrocarburo se mantendrán bajos en los próximos años; Colombia solo cuenta con seis o siete años de reservas de petróleo y se espera que la producción se mantenga alrededor de un millón de barriles diarios, y porque el drástico recorte de inversión en Ecopetrol y demás empresas del sector, limita la exploración y baja la probabilidad de nuevos hallazgos que incrementen las reservas.
El Gobierno afrontó la caída estructural de los ingresos en el 2015 con recursos de la reforma tributaria del 2014, recortes de gasto y mayor endeudamiento; de esta forma, el déficit fiscal se revisó al alza de 2,4 a 3,0 por ciento del PIB. En el 2016, se presupuestó mayor reducción del gasto y más deuda, con un déficit proyectado de 3,6 por ciento del PIB.
El problema no termina ahí, pues desde el 2019 disminuye el gravamen a los movimientos financieros y el CREE (que aumenta hasta el 2018 para compensar la reducción y eliminación del impuesto a la riqueza). Además, para ajustarse al déficit estructural establecido en la Ley de Regla Fiscal, se requieren más ingresos desde el 2020. Por último, las proyecciones del Gobierno se muestran optimistas con relación a la renta petrolera, que aumenta del 0,4 por ciento del PIB en el 2016 a 0,8 por ciento, desde 2017; esa cifra parece poco probable, dados los escenarios de precios y producción.
Este panorama plantea grandes retos. El Gobierno no puede usar la flexibilidad de la regla fiscal aumentando la deuda permanentemente, por el riesgo de perder credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Tampoco tiene margen para aumentar ingresos mediante otra reforma fiscalista por la elevada tasa efectiva de tributación que hoy se aplica a las empresas.
Por lo tanto, es imperativo seguir ajustando por el lado del gasto, pero no con la inversión, que ha sido la sacrificada hasta ahora, sino con los gastos de funcionamiento, acometiendo las reformas que rompan la rigidez que los caracteriza. También hay que revisar los incentivos a la exploración petrolera.
Por último, el Gobierno tiene el compromiso de adelantar una reforma tributaria estructural que disminuya la elevada tasa efectiva de tributación de las empresas, que hoy actúa como un lastre sobre su competitividad.
De cómo se enfrenten estos retos depende, en gran medida, la posibilidad de que la economía retome la senda que la llevó a ser una de las estrellas del crecimiento en América Latina.
Fuente: Portafolio – Por Hernán Avendaño