En el caso de recibir indebidamente sumas de dinero por pago de tributos, el contribuyente debe devolverlas a la administración de impuestos 

En el caso de recibir indebidamente sumas de dinero por pago de tributos, el contribuyente debe devolverlas a la administración de impuestos 

mejoramientoFrente a la discusión surgida sobre la procedencia de la solicitud de devolución de saldos a favor, el Consejo de Estado señala que no todo el saldo a favor registrado por el contribuyente podía ser devuelto, debido a que habían sumas de dinero cuyo reintegro no era correcto siendo necesario devolverlas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo reconocimiento de los intereses que contemple la ley, ya que con las correcciones efectuadas a la declaración tributaria se registraron menores saldos a favor de la parte demandante. 

Tomado de: Notinet

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ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedente por incumplir requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – Omisión en el agotamiento de los mecanismos de defensa ordinarios

Se observa que los accionantes presentaron una demanda de reparación directa… la cual fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante proveído del 4 de noviembre de 2014, toda vez que el medio de control utilizado no era el establecido por la ley. Los accionantes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión; sin embargo… el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró extemporáneo el recurso, pues la providencia del 4 de noviembre de 2014, fue notificada mediante estado del 6 de noviembre de 2014 y el mencionado recurso se formuló el 20 de noviembre del mismo año… Así las cosas, es claro que los accionantes tuvieron a su disposición el recurso de apelación previsto en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011… En ese orden de ideas, es claro que los accionantes contaron con otro medio de defensa idóneo, en el cual pudieron debatir los argumentos que utilizó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para rechazar la demanda, pero este fue interpuesto por fuera del término.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 243

NOTA DE RELATORIA: en relación con los requisitos generales de procedencia y las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. En el mismo sentido, la Sala Plena de esta Corporación admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando la misma vulnera derechos fundamentales, al respecto consultar sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), M.P. María Elizabeth García González. Así mismo, la Sala Plena aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tal mecanismo puede ser ejercido contra cualquier autoridad pública, sobre el particular ver sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

En cuanto a la subsidiariedad de la acción de tutela, ver la sentencia T-753 de 2000 y T-023 de 2011, ambas de la Corte Constitucional.

IMPEDIMENTO – Causal: cuando el funcionario judicial haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar / IMPEDIMENTO – Se declara fundado

Antes de entrar a resolver el presente asunto, se debe aclarar que… el Consejero de Estado… manifiesta su impedimento para conocer del presente asunto, con base en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que, como magistrado encargado… conoció de la providencia motivo de impugnación… A juicio de la Sala, conforme con lo manifestado por el magistrado… se configura la causal de impedimento alegada, por lo que, para preservar la imparcialidad, se declarará fundado el impedimento y, consecuencia, el mismo queda separado del conocimiento del asunto de la referencia.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL – ARTICULO 56 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTICULO 39

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION CUARTA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01869-01(AC)

Actor: HERNANDO RAYO GIRALDO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

La Sala decide la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia del 9 de septiembre de 2015, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que resolvió:

“RECHÁZASE por improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Hernando Rayo Giraldo, Alba Lucía Ospina Moreno, Lina Marcela Rayo Ospina, Carolina Rayo Ospina y Cristhian Rayo Ospina contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

(…)”

  1. ANTECEDENTES

Hernando Rayo Giraldo, Alba Lucía Ospina Moreno, Lina Marcela Rayo Ospina, Carolina Rayo Ospina y Cristhian Rayo Ospina presentaron, mediante apoderado[1], acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, conforme con los hechos que se resumen a continuación:

Afirmaron que el señor Hernando Rayo Giraldo, propietario de la buseta de placas VBU-293, modelo 1998, se dedicó de manera permanente y exclusiva, por más de doce (12) años, a la actividad de transporte público de pasajeros en la ciudad de Cali, afiliado a la Empresa de Buses Blanco y Negro S.A.

Sostuvieron que el Municipio de Cali y Metrocali S.A., a través de los contratos 1, 2, 3 y 4, entregaron en concesión “la prestación del servicio público de trasporte masivo de pasajeros dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali”, con el fin de descongestionar las vías y proporcionar a los habitantes del municipio un mejor y más moderno servicio de transporte.

Señalaron que como consecuencia de lo anterior, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago de Cali, mediante Resolución No. 4152.0.9.91158 de 3 de julio de 2012, canceló la ruta 4 por abandono y la ruta 7 por paralelismo de la Empresa de Transportes Blanco y Negro S.A., con el Sistema Integrado de Trasporte masivo MIO, de modo que privó al señor Rayo Giraldo del ejercicio de la actividad de transporte público de pasajeros.

Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, Municipio de Santiago de Cali y Metrocali, a fin de que fueran reparados integralmente los daños y perjuicios irrogados.

Indicaron que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en auto del 4 de noviembre de 2014, rechazó la demanda, pese a que en varios procesos análogos al suyo resolvió admitirlas.

Resaltaron que su apoderado interpuso recurso de apelación contra el auto de rechazo, pero que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante proveído del 11 de diciembre de 2014, declaró extemporáneo el recurso.

Contra la anterior decisión interpusieron recurso de súplica y, en providencia del 20 de abril de 2015, el Tribunal resolvió rechazar el recurso por improcedente.

Manifestaron que con la decisión de rechazo de la demanda se incurrió en un error jurisdiccional por defectos procedimental absoluto, factico, sustantivo y violación directa de la Constitución.

En consecuencia, demandaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, para lo cual solicitaron que se dejaran sin efecto los autos del 4 de noviembre de 2014, 11 de diciembre del mismo año, y del 20 de abril de 2015, proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

  1. OPOSICIÓN

El Ministerio de Transporte solicitó que se le desvinculara del proceso de la referencia, toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las funciones de dicha entidad son las de regular y planificar el área de transporte, mas no de proferir sentencias judiciales.

La empresa Metrocali S.A. pidió que se declarara a la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que dicha sociedad no hizo parte de la litis, en razón de que fue rechazada la demanda.

Agregó que el rechazo de la demanda por caducidad se generó por una confusión de los accionantes, pues de los hechos y pretensiones de la demanda se observa que se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no de una reparación directa, pues lo que pretenden es dejar sin efecto unos actos administrativos expedidos por la secretaría de Tránsito y Transporte de Cali.

El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, por improcedentes.

Afirmó que el auto que rechazó la demanda es del 4 de noviembre de 2014 y el que declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora es del 11 de diciembre de 2014 y que la acción de tutela se interpuso en julio de 2015.

III.                EL FALLO IMPUGNADO

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2015, rechazó por improcedentes las pretensiones de la acción de tutela.

Indicó que en el asunto bajo estudio la parte actora contó con otro medio de defensa judicial, el cual tuvo a su alcance y no lo presentó dentro del término, tratando de subsanar dicha omisión mediante la presente acción de tutela.

  1. LA IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual solicitó que se revocara.

Afirmó que el juez de primera instancia no falló en derecho, pese a que demostraron en debida forma que cumplieron con todos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y más cuando atacan decisiones judiciales ilegales.

CUESTIÓN PREVIA

Antes de entrar a resolver el presente asunto, se debe aclarar que mediante escrito visible a folio 194 del expediente, el Consejero de Estado, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez manifiesta su impedimento para conocer del presente asunto, con base en el numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que, como magistrado encargado del despacho del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, conoció de la providencia motivo de impugnación.

Es del caso señalar que en materia de acción de tutela los impedimentos se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal. Así lo prevé el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991: “En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso”.

De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá manifestar impedimento cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal.

En el caso concreto, el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, integrante de la Sección Cuarta de esta Corporación, alega estar incurso en la causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) que dispone que es causal de impedimento “Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso…”.

A juicio de la Sala, conforme con lo manifestado por el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se configura la causal de impedimento alegada, por lo que, para preservar la imparcialidad, se declarará fundado el impedimento y, en consecuencia, queda separado del conocimiento del asunto de la referencia.

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Dada su naturaleza subsidiaria, sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial, o en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

En cuanto a la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sección ha considerado en forma reiterada, a partir de la sentencia proferida el 28 de enero de 2010[2], que sólo procede en casos excepcionalísimos, en los que se evidencie fehacientemente que con su expedición se vulneran derechos fundamentales.

Lo anterior, porque los jueces, al igual que las demás autoridades públicas con poder de decisión, no están exentos de equivocarse y, por ende, de amenazar o vulnerar derechos constitucionales fundamentales, circunstancia que, de acuerdo con el artículo 86 Superior, permite la intervención del juez constitucional con las restricciones y en los precisos términos de la norma en cita.

En efecto, no se puede perder de vista que esta acción es, ante todo, un mecanismo de protección que tiene carácter residual y subsidiario frente a las acciones y los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico para que los interesados hagan efectivos sus derechos, ordenamiento jurídico que, en su conjunto, está precisamente diseñado para garantizar los derechos constitucionales fundamentales. Ello es tan cierto que todos los procesos contemplan recursos ordinarios y, algunos, los extraordinarios, para controvertir las decisiones de los jueces y tribunales y, en caso de que estas presenten falencias, remediarlas.

No obstante, el reconocimiento de los procesos ordinarios como escenarios por excelencia para materializar la garantía de los derechos constitucionales fundamentales (artículo 228 CP), la autonomía e independencia judicial (artículo 230 CP), el atributo de la cosa juzgada que se predica de los fallos dictados por los jueces y la vigencia del principio de seguridad jurídica no contravienen la necesidad de asegurar la justicia material en el Estado Social de Derecho.

De ahí que, con el único objetivo de proteger derechos constitucionales fundamentales, con base en el artículo 86 de la Constitución Política, procedería la tutela de forma excepcionalísima contra las providencias judiciales.

Esta posición ha sido ratificada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en sentencia del 31 de julio de 2012, en la que rectificó la tesis de la improcedencia absoluta de esta acción contra decisiones judiciales que mayoritariamente había sostenido para, en su lugar, admitirla y acometer el estudio de fondo del asunto, siempre que se esté en presencia de la violación de garantías fundamentales y observando los parámetros jurisprudenciales fijados para el efecto[3].

Si bien en criterio de la ponente de la presente decisión, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales no se extendía a las dictadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, quienes son órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones (artículos 234, 237 [1], 241 y 243 de la Constitución Política); en virtud  de la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 5 de agosto de 2014, proferida en el radicado 2012-02201-01, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se acoge la nueva postura jurídica y en su lugar, acorde con lo resuelto en esa providencia, se admite la procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones judiciales proferidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre.

Establecida entonces la procedencia excepcionalísima de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por el Juez Constitucional para estudiar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, pues, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto y facilita el análisis de este complejo tema.

En efecto, la doctrina constitucional vigente acepta la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos generales o causales genéricas de procedibilidad enunciados en la sentencia C-590 de 2005, así:

(i)                     Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

(ii)                     Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

(iii)                   Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

(iv)                  Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

(v)                   Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

(vi)                  Que no se trate de sentencias de tutela.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, es necesario determinar la existencia de, por lo menos, alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente y h) violación directa de la Constitución.

En el caso concreto, los accionantes demandaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, para lo cual solicitaron que se dejaran sin efecto los autos del 4 de noviembre de 2014, del 11 de diciembre del mismo año y del 20 de abril de 2015, proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Para resolver se observa que los accionantes presentaron una demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, Municipio de Santiago de Cali y Metrocali, la cual fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante proveído del 4 de noviembre de 2014, toda vez que el medio de control utilizado no era el establecido por la ley.

Los accionantes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión; sin embargo, mediante auto del 11 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró extemporáneo el recurso, pues la providencia del 4 de noviembre de 2014, fue notificada mediante estado del 6 de noviembre de 2014 y el mencionado recurso se formuló el 20 de noviembre del mismo año.

En vista de lo anterior, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de súplica, pero este fue rechazado por no ser procedente.

Así las cosas, es claro que los accionantes tuvieron a su disposición el recurso de apelación previsto en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA), norma aplicable al asunto bajo estudio, que establece lo siguiente:

“Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

  1. El que rechace la demanda.

(…)”

En ese orden de ideas, es claro que los accionantes contaron con otro medio de defensa idóneo, en el cual pudieron debatir los argumentos que utilizó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para rechazar la demanda, pero este fue interpuesto por fuera del término.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, a pesar de que el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procede en forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, esto es, aquel daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que una vez producido es irreversible y, por tanto, no se puede retornar a su estado anterior, el cual tiene como requisitos esenciales la urgencia, la inminencia, la gravedad y la impostergabilidad, los que no fueron acreditados por la parte accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-753 del 2000 señaló que “[f]rente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.”

Además, la sentencia T-023 de 2011, la Corte Constitucional afirmó que “[s]e encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta. En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”

En razón de lo discurrido, se confirmará el fallo impugnado que rechazó por improcedente la presente acción, previa aclaración de que por técnica jurídica la decisión ha debido ser la de denegar la tutela por improcedente y no rechazarla, porque en los términos del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, sólo hay lugar al rechazo cuando la solicitud de tutela no se corrige dentro del término concedido para el efecto por el juez, lo que no ocurrió en este caso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A:

1.- DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En consecuencia se le separa del conocimiento de la presente acción.

2.- CONFÍRMASE la sentencia impugnada, proferida el 9 de septiembre de 2015 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro de la acción de tutela promovida por Hernando Rayo Giraldo y Otros contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.- NOTIFÍQUESE por el medio más expedito y eficaz que asegure el cumplimiento de la decisión.

4.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. 

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Presidenta de la Sección 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS 

CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ

[1] Abogado: Diego Fernando Caro Martínez. T.P.: 131.589 C.S. de la J.

[2] Expediente núm. 2009-00778, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

[3] Importancia Jurídica, Expediente núm. 2009-01328 01, Actor: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González.

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