El gobierno respaldaría la sobretasa de renta en el sector financiero aplicando cuatro puntos porcentuales adicionales para el siguiente año, que esquematizaría una tarifa de 36% para 2020, 34% en 2021, 32% en 2022 y luego los bancos, cooperativas, fiducias y demás entidades, se alinearían a la tarifa de renta de las demás empresas, aunque varios ejecutivos pretenden estudiar la iniciativa fiscal. Adicionalmente, el gobierno revisaría la exenciones y beneficios tributarios creados por la ley de financiamiento, condicionando algunos a la generación de más empleos, así como es posible el restablecimiento de la normalización tributaria por un año más.

Algunas de las proposiciones presentadas al proyecto de reforma tributaria abordan:

• La renta presuntiva se desmontaría en: 0,5% para 2020 y 2021, dejando de existir en el año 2022
• Revivir descuentos tributarios
• Cambio de cédulas para la liquidación del impuesto de renta
• Ajustes en las tarifas del impuesto a los dividendos
• Extinción del impuesto al patrimonio
• Corte parcial de los beneficios de deducción de IVA por la importación de bienes de capital, eliminándolos o limitándolos hasta 2022
• El 10% del recaudo del impuesto de renta destinado a programas ICBF, SENA, sistema general de salud, universidades e instituciones públicas de educación superior

Redacción INCP a partir de artículo publicado por Portafolio 

Para más información consulte el artículo titulado “Gobierno avala la sobretasa de renta al sector financiero” publicado por Portafolio 

Gobierno avala la sobretasa de renta al sector financiero 

Ayer comenzó a cocinarse la que sería la ‘verdadera’ reforma tributaria que se debatirá en el Congreso de la República.)

Tras una reunión de varias horas entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y la Dian con ponentes y coordinadores del proyecto, el Gobierno dio su brazo a torcer y aceptó estudiar posibles cambios en 12 puntos del proyecto.

Quizá el de mayor envergadura tiene que ver con que, a diferencia del año pasado, el Minhacienda le dará su aval a la sobretasa del impuesto de renta para el sector financiero, que se aplicaría así: cuatro puntos adicionales en 2020 y tres más para 2021 y 2022.

De este modo, bancos, cooperativas, fiduciarias y demás entidades de esta rama tendrían una tarifa de renta de 36% en 2020, 34% en el 2021 y 33% en 2022, y a partir de ese momento pasarían a cancelar el mismo monto que las demás empresas, que para entonces sería de 30%.

No obstante, estos cambios estarían a la espera de posibles decisiones judiciales. Es importante señalar que esta misma sobretasa fue tumbada hace poco por la Corte Constitucional, al haberse aprobado con vicios de trámite.

El alto tribunal la declaró inexequible precisamente porque no tenía el visto bueno oficial, pero, como en este caso sí lo tiene, las cosas serían diferentes. “El Gobierno no apoya el artículo, pero considera que debe ser la Corte la que lo resuelva de fondo y, mientras tanto, que el Congreso decida”, explicó una persona cercana a la reunión.

Se anticipa, pues, que sea la Corte Constitucional la que tenga la palabra final, si se tiene en cuenta que el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, ya anunció que “si no se elimina (el artículo del proyecto), la volveremos a demandar”.

Este no es el único punto que el Ejecutivo aceptó estudiar en esta iniciativa fiscal. También podría revivirse la normalización tributaria por un año más, de tal modo que por lo menos se recauden $500.000 millones, que se sumarían a los $1,1 billones que se recolectaron en la amnistía de este año.

El impuesto al consumo de 2% para la venta de inmuebles es otro de los artículos que tendría los días contados, ya sea porque se elimine completamente o porque se suba el valor de los bienes a los que se les aplicaría el tributo.

En cuarto lugar, Gobierno y Congreso revisarán una por una las exenciones y beneficios tributarios que se crearon en la Ley de Financiamiento, con el fin de condicionar algunos a que las empresas generen más empleos. De otro lado, el gravamen al componente inflacionario de algunos productos financieros sería completamente eliminado.

Por el lado de la renta presuntiva, la ley aprobada el año pasado buscaba desmontarla gradualmente, lo cual, ahora, se haría de una manera más rápida: la tarifa sería de 0,5% entre 2020 y 2021, y dejaría de existir desde el 2022.

Quitarle el IVA a las cirugías plásticas y estéticas es una de las nuevas propuestas que también han hecho diversos partidos y que estudiará el Gobierno.

Finalmente, se busca flexibilizar las conciliaciones con la Dian y revivir la comisión de expertos que analice los beneficios tributarios en el país, que se había aprobado el año pasado, pero se eliminó en la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Hoy seguirán los acercamientos entre funcionarios y congresistas, con el fin de seguir revisando las más de 200 proposiciones hechas por los parlamentarios, en las que piden hasta cambiar temas pensionales y ponerles impuestos a las gaseosas.

Proposiciones: en las 207 hay de todo

Las 207 proposiciones presentadas por los congresistas al proyecto de reforma tributaria la convertirían, como dice el dicho, en un ‘árbol de Navidad’.

En las ideas hay de todo: revivir algunos descuentos tributarios, cambiar las cédulas con las que se liquida el impuesto de renta, ajustar la tarifas del impuesto a los dividendos, extinguir el impuesto al patrimonio, entre otros.

Pero no son los únicos. Entre las proposiciones hay algunas ‘perlas’ como la que pretende eliminar el sistema específico de operación de la carrera administrativa de la Dian, la de subir del 40% al 50% el tope de deducciones y rentas exentas para determinar la renta líquida de las personas naturales, triplicar los impuestos a los cigarrillos y licores y hasta gravar con un 20% (sobre el precio de venta final) las bebidas azucaradas.

Asimismo, en los archivos del Congreso reposa una propuesta para que las personas puedan cambiarse de régimen de pensiones hasta los últimos cinco años antes de lograr la edad de jubilación, en lugar de los 10 años que aplican hoy. Otro grupo de iniciativas van dirigidas a cortar parcial o totalmente algunos beneficios que tienen las empresas. Así, por ejemplo, en la deducción de IVA por la importación de bienes de capital hay dos propuestas: eliminarla o limitarla hasta el 2022.

Asimismo, congresistas de la oposición aseguran que el proyecto “es muy pro empresa”, con lo cual piden eliminar los regímenes especiales de las megainversiones y las empresas ‘holding’, así como los beneficios a inversiones en economía naranja y agro.

Finalmente, un último grupo de ideas pretende –entre otras– que el 10% del recaudo del impuesto de renta de las empresas se destine a programas del ICBF, el Sena, el sistema general de salud y las universidad e instituciones públicas de educación superior.

Y también que un punto de todo lo que se recauda por IVA se destine al sistema de salud y a la educación superior del país. 

Fuente: Portafolio