La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ha publicado un estudio, hecho en Colombia, sobre el mercado laboral y las políticas sociales. A pesar de que el informe revela un gran avance en relación al desempleo, políticas sociales y derechos laborales, la realidad es otra, puesto que el estudio muestra que un 52 % de los trabajadores laboran independientemente, además, indica que un 83 % de ellos trabajan con firmas no registradas, es decir que son empleados totalmente informales. Esto indica que muchos de estos empleados no están afiliados a seguridad social (92 % como lo muestra el informe), y aunque esto no es algo nuevo, quiere decir que hay algo que no funciona correctamente en el sistema colombiano.

 Redacción INCP a partir de artículo publicado por Portafolio – Por Catalina Crane

 Para mayor información, puede referirse al artículo titulado “El informe de la OCDE sobre el mercado laboral colombiano” de la fuente Portafolio – Por Catalina Crane.

 El informe de la OCDE sobre el mercado laboral colombiano

 El estudio reconoce el enorme avance de Colombia en generación de empleo, política social y derechos laborales. Para recibir el visto bueno del Comité de Empleo, el país debe seguir avanzando en inspección laboral, cumplimiento de legislación laboral, promoción del diálogo social, y vigilancia por parte del Gobierno para evitar las formas ilegales de tercerización.

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de hacer público el informe que realizó sobre el mercado laboral y las políticas sociales de Colombia. Es un análisis completo y riguroso, que mira la situación usando el prisma de lo que sucede en los 34 países de la Organización, desarrollados en su gran mayoría. Tiene la ventaja de ser una mirada técnica y objetiva, que se nutre de la exposición a muchas experiencias y políticas diversas, observadas sistemáticamente a lo largo de más de 50 años.

 El estudio destaca los grandes avances que ha hecho el país en sus indicadores laborales, así como que tenemos tasas de participación laboral más altas que el promedio de naciones OCDE y niveles de desocupación más bajos. El desempleo de larga duración en Colombia es marginal (5,3 por ciento), mientras que en los países europeos este es uno de los problemas más difíciles.

 Sin embargo, debajo de estas cifras favorables, se esconde un grave problema estructural de informalidad: 52 por ciento de la población trabaja por cuenta propia, comparado con 27 por ciento en México, 39 por ciento en Grecia y 17 por ciento en el promedio de países OCDE. Esto que es inusual, se convierte en preocupante cuando vemos que el 83 por ciento de los empleados por cuenta propia están en firmas no registradas (es decir, totalmente informales) y el 93 por ciento de ellos no tiene seguridad social. Pero para completar, de los empleados en empresas registradas, el 42 por ciento no contribuye al sistema de pensiones. Nuestro problema de informalidad y de dualidad del mercado laboral no son nuevos para nadie, pero esta visión comparativa nos muestra que algo está definitivamente mal planteado en el sistema.

 En cuanto a la dualidad del mercado, a la OCDE le preocupa la distorsión de incentivos relacionados con la seguridad social; los empleados formales pagan un impuesto para financiar la salud del resto de la población y no hay estímulos para pasar de informal a formal. Por otro lado, le sorprende a la OCDE que las contribuciones a las cajas de compensación sean obligatorias, incluso para los trabajadores que no tienen acceso a sus servicios y que el subsidio que se entrega en dinero es el mismo para trabajadores de diferentes niveles de ingreso. Además, estas solo cubren a los trabajadores formales.

El estudio aborda el tema del salario mínimo, recogiendo el hecho de que es muy alto, comparado con el ingreso medio en Colombia (lo cual es consecuencia de que una buena parte de los trabajadores ganan muy por debajo del SML), y asocian este hecho con la alta informalidad. Entienden las limitaciones legales y políticas para ajustarlo hacia abajo, pero sugieren no aumentarlo por encima de la inflación y evaluar la viabilidad de tener salarios diferenciales para ciertos grupos o regiones.

 El informe reconoce los avances del país en la puesta en marcha de regulación para aclarar y evitar el uso de figuras ilegales de tercerización que buscan violar derechos laborales. No obstante, les preocupa la debilidad de las autoridades para hacerlas cumplir. El Ministerio de Trabajo se ha fortalecido significativamente y ya tiene un número de inspectores laborales más acorde con sus necesidades, pero debe seguir mejorando sus capacidades de inspección y vigilancia y también lograr el cobro efectivo de las multas que se imponen. El reporte tiene comparaciones interesantes sobre la prevalencia de los contratos a término fijo y el uso de agencias temporales de empleo, que muestran que en Colombia es mucho mayor que en los países de la OCDE.

 El estudio también hace énfasis en la importancia de promover el diálogo social y fortalecer y fomentar las instancias de negociación colectiva. Sobre ello hacen recomendaciones concretas, comparando nuestras prácticas y normas de negociación colectiva con las que son usuales en los países más desarrollados. Esta sección resulta interesante por esta perspectiva global, y señala que hay un amplio espacio para mejorar las relaciones entre empleadores y trabajadores de manera organizada y constructiva. El porcentaje de afiliación a sindicatos y la prevalencia de negociaciones colectivas está en el rango bajo de los países de la organización. Infortunadamente, esta discusión que puede resultar muy relevante y determinante para el bienestar de los trabajadores, ha estado permeada por las permanentes acusaciones sobre la prevalencia de violencia contra líderes sindicales y la impunidad de estos casos, claramente asociados al conflicto interno colombiano.

 En cuanto a la política social, el estudio encuentra que si bien los programas (Red Unidos, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos – BEPS) están bien orientados y su focalización ha mejorado, son todavía muy limitados. Propone hacer ajustes en su diseño para evitar distorsiones que generan comportamientos perversos. Obviamente, aquí hay un reto en términos de recursos.

 ¿Qué implica este informe frente al acceso de Colombia a la OCDE? El estudio –aprobado y analizado en detalle por 34 ministerios de trabajo de los países OCDE– reconoce el enorme avance de Colombia en generación de empleo, política social y derechos laborales. Para recibir el visto bueno del Comité de Empleo (uno de los 23 comités que deberán conceptuar sobre Colombia), el país debe seguir avanzando con especial énfasis en inspección laboral; cumplimiento de legislación laboral; promoción del diálogo social; y una vigilancia por parte del gobierno para evitar las formas ilegales de tercerización.

 El estudio está siendo traducido al español y representa un excelente a la discusión de los problemas laborales en Colombia. Por lo demás, la interacción entre el Ministerio de Trabajo y los expertos laboralistas de la OCDE, así como con sus colegas de los demás países ha sido muy constructiva y ha aportado significativamente al fortalecimiento de la agenda y la institucionalidad del Ministerio.

Fuente: Portafolio – Por Catalina Crane