Comisiones Técnicas Visión Experta

COMISIÓN NIIF – INCP Principio de Negocio en Marcha, en el marco de la Ley de Emprendimiento 2069 de 2020

Debido a la situación sanitaria actual en Colombia, muchas empresas tuvieron pérdidas en el 2020. Las duras condiciones de ese año para lograr desarrollar su objeto social en tiempos de pandemia y, al mismo tiempo, poder sostener a sus empleados y cumplir con sus gastos fijos en una coyuntura sin precedentes para Colombia, reflejó una  situación presentada a nivel mundial

   No obstante, las normas contables y de información financiera vigentes y la tradición de los revisores fiscales en la poca contextualización del tema, generaban a las compañías otro impacto financiero con la posible liquidación de las empresas por el no cumplimiento del principio de hipótesis de negocio en marcha, debido a sólo la evaluación de sus pérdidas acumuladas con relación al total del patrimonio conforme a Ley 222 de 1995, del Código de Comercio y otras normas relacionadas. Todo esto sumado a la falta de análisis exhaustivo del cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en marcha, por lo que algunos estados financieros fueron dictaminados con párrafo de énfasis por el aseguramiento del auditor en su rol y en detrimento de las compañías en la presentación de estados financieros para propuestas, licitaciones, bancos, etc. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Emprendimiento 2069 de 31 de diciembre del 2020, los empresarios lograron tener sustento legal para poder debatir y lograr sobrevivir con la coyuntura actual.

 

Normas derogadas por la nueva Ley de Emprendimiento

 

   Como se manifestó previamente, muchas de las normas relacionadas con el principio de la hipótesis de negocio en
marcha, según el Código de Comercio, se basaban en su patrimonio, principalmente relacionadas con el volumen de pérdidas
acumuladas. Estas normas fueron derogadas a partir del cierre anual 2021 y para periodos siguientes, por lo que no tendrían
ningún sustento jurídico para determinar si una empresa debe iniciar un proceso para la posible liquidación o no. Las normas
derogadas fueron:

 

      Ley 1258 de 2008

 

       Artículo 34, Núm. 7: Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

 

      Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio)

 

       Artículo 342: La sociedad en comandita simple se disolverá, también, por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos.

 

       Artículo 351: La comanditaria por acciones se disolverá, también, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del cincuenta por ciento del capital suscrito.

 

       Artículo 370: Además de las causales generales de disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento o cuando el número de socios exceda de veinticinco.

 

       Artículo 457, Núm. 2: Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

 

       Artículo 458: Cuando se verifiquen las pérdidas indicadas en el ordinal 2o. del Artículo anterior, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán inmediatamente a la asamblea general, para informarla completa y documentadamente de dicha situación. La infracción de este precepto hará solidariamente responsables a los administradores de los perjuicios que causen a los accionistas y a terceros por las operaciones celebradas con posterioridad a la fecha en que se verifiquen o constaten las pérdidas indicadas.

 

       Artículo 459: La asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento del capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo previsto en este Código, la emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se adoptan, la asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación. Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas indicadas.

       Artículo 490: Cuando la Superintendencia compruebe que el capital asignado a la sucursal disminuyó en un cincuenta por ciento (50%) o más, requerirá al representante legal para que lo reintegre dentro del término prudencial que se le fije, so pena de revocarle el permiso de funcionamiento. En todo caso, si quien actúe en nombre y representación de la sucursal no cumple lo dispuesto en este artículo, responderá solidariamente con la sociedad por las operaciones que realice desde la fecha del requerimiento.

 

 

      El numeral 2 del artículo 457 del Decreto 410 de 1971.

 

La sociedad anónima se disolverá:

 

2) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

 

Normas vigentes para la evaluación de la Hipótesis del Negocio en Marcha

 

   Así las cosas, las siguientes normas son las que se encuentran vigentes y aplicables a partir del año 2021. inclusive y Relacionadas con la evaluación del principio de la hipótesis de negocio en marcha y oficio de la Superintendencia, harán base para sustentar en cada compañía si la empresa cumple o no con dicho principio, y en qué medida se deben tomar acciones para su posible liquidación:

Ley 2069 de 2021 – Ley de Emprendimiento

ARTÍCULO 4. Causal de Disolución por No Cumplimiento de la Hipótesis de Negocio en Marcha

Constituirá Causal de Disolución por una sociedad comercial el No Cumplimiento de la Hipótesis de Negocio en Marcha, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

   Cuando se pueda verificar razonablemente su acaecimiento, los administradores sociales se abstendrán de iniciar nuevas operaciones, distintas a las del giro ordinario de los negocios, y convocarán inmediatamente a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios para informar completa y documentadamente dicha situación, con el fin de que el máximo órgano social adopte las decisiones pertinentes respecto a la continuidad o la disolución y liquidación de la sociedad, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber.

  Sin perjuicio de lo anterior, los administradores sociales deberán convocar al máximo órgano social de manera inmediata, cuando del análisis de los estados financieros y las proyecciones de la empresa se puedan establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber. El Gobierno nacional podrá establecer en el reglamento las razones financieras o criterios para el efecto.

PARÁGRAFO 1o. Las menciones realizadas en cualquier norma relativas a la causal de disolución por pérdidas se entenderán referidas a la presente causal. Las obligaciones establecidas en la presente norma serán igualmente exigibles a las sucursales de sociedad extranjera.

PARÁGRAFO 2o. Deróguese el numeral 7 del artículo 34 la Ley 1258 de 2008, así como los artículos 342, 351, 370, 458, 459, 490, el numeral 2 del artículo del artículo 457 del Decreto 410 de 1971.

◊ Decreto 2101 de 2016 (Anexo 5 del DUR 2420 de 2015) – Marco Técnico Normativo de Información Financiera para Entidades que No Cumplen La Hipótesis de Negocio en Marcha.

A través de la completa aplicación de este decreto, se establece un sinnúmero de principios, condiciones y situaciones a evaluar y cumplir por cada empresa que prepare y presente sus estados financieros de conformidad con el DUR 2420 de 2015, para confirmar o descartar si cumple o no con el principio de negocio en marcha. A continuación mencionamos los apartes más relevantes a tener en cuenta, sin perjuicio de aplicar y evaluar completamente dicho anexo.

Párrafo 5°: Definición del Principio de Negocio en Marcha

• Capacidad de continuar operaciones durante un futuro predecible.
• No requiere, no necesita ni la gerencia tiene previsto iniciar la liquidación de la entidad
• No requiere, no necesita ni la gerencia tiene previsto cesar con las operaciones de la entidad.
• Los activos son reconocidos sobre la base de que serán realizados en el curso normal de la operación.
• Los pasivos son reconocidos sobre la base de que serán cancelados en el curso normal de la operación.
• Se considera que la entidad tiene los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en un futuro predecible.

Párrafo 14°: Proceso de Evaluación de la Hipótesis de Negocio en Marcha

Algunos factores que individual o colectivamente pueden generar dudas sobre el negocio en marcha.

Párrafo 15° – Conclusión de la Evaluación del Cumplimiento de la Hipótesis de Negocio en Marcha

• SI cumple con la Hipótesis de Negocio en Marcha:

A. No existen incertidumbres para continuar como un negocio en marcha.

B. Existen incertidumbres importantes que pueden generar dudas sobre la capacidad para continuar en negocio en marcha, pero el principio de la hipótesis de negocio en marcha sigue siendo apropiado. Esto se puede dar cuando, además, la administración tiene la intención y proyecciones viables considerando que la compañía tendrá los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones cuando éstas sean exigibles.

• NO cumple con la Hipótesis de Negocio en Marcha:

C. Aunque no existen incertidumbres para continuar como un negocio en marcha, pero la administración decide voluntariamente liquidar la compañía.

D. La compañía no tiene alternativas reales diferentes a las de terminar sus operaciones o liquidarse, como por ejemplo, cuando inicia un proceso de liquidación obligatorio.

◊ Superintendencia de Sociedades – Oficio 220-022112 del 8 de marzo de 2021

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que los efectos de la suspensión se limitan a la configuración de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y no se extienden a los principios contenidos en los marcos de información financiera y de aseguramiento vigentes, de tal manera que al elaborar los estados financieros de propósito general debe evaluarse si se cumple o no con el principio fundamental de la hipótesis de negocio en marcha, y si esta no es apropiada, se deberán elaborar los estados financieros atendiendo lo observado en el anexo número 5 del Decreto 2420 de 2015.

◊ Decreto 854 del 3 de agosto de 2021 – Por el cual se señalan Razones Financieras o Criterios para establecer Deterioros Patrimoniales y Riesgos de Insolvencia

   Recientemente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo publicó este decreto considerando, entre otra normatividad, el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 para su expedición. Este decreto fue publicado como proyecto desde el 23 de enero de 2021 para recibir comentarios por un término de 15 días calendario y solo siete meses después fue finalmente expedido y entrado en vigor.

   Entre las observaciones que recibió la Superintendencia de Sociedades, quien fue la entidad responsable de este proceso, se le solicitó aclarar varios aspectos que originalmente contenía el decreto en el sentido de no modificar y/o confundir sí la evaluación del principio de negocio en marcha, aplicando el Anexo 5 del DUR 2420 de 2015, seguiría vigente o sería reemplazado por este decreto.

   Por lo tanto, comprendiendo el contenido de este decreto que entró en vigor, sus efectos serían aplicados de la siguiente manera:

a.  Se confirma que la evaluación del principio de la hipótesis de negocio en marcha (HNM) se evalúa a partir del Anexo 5 del DUR 2420 de 2015, para preparar y presentar estados financieros de propósito general.

b.   Sí el resultado de dicha evaluación indica que no se cumple con el principio de la HNM, junto con los estados financieros se deberá presentar la información completa y documentada que soporta dicho resultado.

c.   Adicionalmente, los administradores deberán monitorear, mínimo cuando se preparen estados financieros —pero invitando a que dicha evaluación pueda hacerse con una menor frecuencia—, la existencia o posibilidad de tener deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.

d.   Así mismo, en el evento que esta otra evaluación concluya en la existencia de tales deterioros o riesgos, junto con los estados financieros, o en el momento que así resulte, se deberá presentar al máximo órgano social la información debidamente documentada que soporte el resultado obtenido.

e.   La evaluación de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia se realiza conforme a razones financieras e indicadores pertinentes de conformidad con el sector al que pertenece la entidad y su modelo de negocio; no obstante, el decreto indica que como mínimo los indicadores a evaluar son:

   De otro lado es importante anotar que Proyecto de Ley de Reforma al Régimen General de Sociedades, emitido el 23 de agosto por la Superintendencia de Sociedades, señala en su artículo 18 lo siguiente:

   Artículo 18. Adiciónese el Artículo 200-6 al Código de Comercio, el cual quedará así:

   Artículo 200-6. Responsabilidad civil de los asociados, administradores, revisor fiscal y empleados en la insolvencia y liquidación de sociedades. Cuando la prenda común de los acreedores de una sociedad en insolvencia y liquidación haya sido desmejorada con ocasión de acciones u omisiones, dolosas o culposas de los asociados o empleados, o por el incumplimiento de los deberes de los administradores o el revisor fiscal, los mismos serán responsables civilmente del pago del faltante del pasivo externo, cada uno hasta concurrencia de los perjuicios que causó.

   Esto vuelve a poner de manifiesto que los revisores fiscales son responsables por los actos de los administradores, contrario a lo mencionado en el principio de objetividad descrito en el código de ética, donde se menciona que el revisor debe ser imparcial y que no puede comprometer su independencia y juicio profesional en sus actuaciones, y por tanto no puede coadministrar.

Expectativas de su aplicación al cierre anual 2021 y periodos siguientes

   De acuerdo con el informe presentado por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de febrero de 2021 denominado Atlas de Insolvencia – Insolvencia en Colombia, en el cual consolidan y detallan cifras presentadas al 31 de diciembre de 2020, respecto a procesos de reorganización y liquidación en trámites y ejecución. De esta informe destacamos que durante el año 2020 se presentaron 1.292 solicitudes de insolvencia (1.272 en 2019), presentando solo un incremento del 2% respecto al periodo anterior; de estas solicitudes, 290 corresponden a solicitudes para liquidación (275 en 2019) y 1.002 solicitudes para reorganización (997 en 2019).

    Dentro de las 290 empresas que solicitaron iniciar un proceso de liquidación durante el año 2020, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuántas de esas empresas manifestaron en sus estados financieros 2019 que no cumplían con el principio de negocio en marcha? Observemos que la cifra es muy similar a la del periodo 2019 (275), lo cual no sería adecuado concluir que la decisión de liquidar esas empresas durante el año 2020 haya sido consecuencia directa e inmediata de los efectos de la pandemia por la propagación del COVID-19. Lo mismo nos podríamos preguntar respecto a las solicitudes del 2019 y con relación a sus estados financieros del 2018.

    En cuanto a los procesos de reorganización, la Ley 1116 de 2006 dice: “un proceso que pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos”. Es decir que las empresas, que solicitaron iniciar un proceso de reorganización, tienen claramente la intención de continuar con sus operaciones en el corto plazo, aprovechando las herramientas judiciales que tienes para ello. Por lo tanto, son empresas que cumplen con el principio de negocio en marcha. Sin embargo, seguramente muchas de esas empresas presentaron al cierre anual anterior pérdidas acumuladas que reducían su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y pagado, por lo que probablemente se puede considerar que a la luz de la norma vigente antes de la Ley 2069 de 2020, se concluyó erróneamente que no cumplían con el principio de negocio en marcha.

    Ahora bien, para el periodo 2021 que se encuentra finalizando y los siguientes, aplicar la Ley 2069 de 2020 en cuanto al proceso de evaluación y definición del principio de negocio en marcha, refuerza las herramientas disponibles para cumplir con el objetivo principal de la información financiera con propósito general, enmarcada en el Marco Conceptual de la normas incluidas en el DUR 2420 de 2015 que dice: “proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad”. De esta manera, asegurando que el resultado de concluir si cumple o no con el principio de negocio en marcha, será coherente con las intenciones de la administración de cada empresa y actividades presentes y futuras que fiablemente puedan y se esperen que ocurran para mantener y continuar con las operaciones durante un futuro predecible, y no basándose únicamente en indicadores de pérdidas respecto al total del patrimonio.

  Informar si cumple o no con el principio de negocio en marcha junto con las bases fundamentales y hechos que llevaron a tal conclusión, como respuesta principalmente a la intención de la administración de cada empresa —sin depender de resultados contables negativos—, definitivamente es información útil que servirá a inversores, actuales y futuros, prestamistas (sector financiero) y otros acreedores para la toma de decisiones.

   Caso contrario, podríamos encontrar empresas en las que sus resultados financieros sean positivos pero la intención de la administración general sea la de terminar con sus actividades y operaciones, por diversas y aceptables razones. Especialmente en estos eventos, quienes tenemos la responsabilidad de preparar, presentar, certificar y/o dictaminar estados financieros, tenemos el deber con esos nuevos posibles inversionistas, prestamistas y otros acreedores, de informar sobre la evaluación integral del principio de negocio en marcha, aun cuando los resultados contables sean favorables, ya que de esta manera, estaremos informando la intención de la administración más que un resultado a una fecha determinada. Y, precisamente, este es el objetivo principal de la Ley 2069 de 2020 como Ley de Emprendimiento.

    En este sentido, sobre los estados financieros con propósito general que se preparen y presenten durante y al cierre del 2021, se espera que la aplicación de la normatividad vigente analizada en este artículo sea revelada y presentada con los resultados obtenidos; los cuales podríamos resumir de la siguiente manera, a partir de elaborar dos evaluaciones en sentidos diferentes pero con datos similares:

   Observemos que los hechos de no cumplir con el principio de la hipótesis de negocio en marcha (causal de disolución) o la existencia de deterioro patrimonial o riesgo de insolvencia, en ningún momento indican que la entidad deba liquidarse o entrar en un proceso de reorganización, según estas normas. Por el contrario, la evaluación y resultados aquí obtenidos, se deben tener en cuenta como herramientas para que el máximo órgano social, las entidades de supervisión, control, vigilancia, auditorías y revisoría fiscal; tomen las decisiones pertinentes para concluir sí la entidad debe iniciar un proceso de insolvencia, bien sea por liquidación o reorganización, porque se encuentra en una inminente situación que así lo amerite o porque definitivamente carece de los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones y no existen alternativas reales que puedan cubrir estas necesidades.

   La importancia de soportar las decisiones que se tomen alrededor de los resultados obtenidos o incumplir las normas derivadas de la Ley 2069 de 2020 podrían tener consecuencias negativas para los administradores sociales en el sentido de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros, tal y como lo expresa claramente los incisos tercero y cuarto del artículo cuatro de esta Ley.

Herramienta para el proceso de evaluación

   El INCP brinda una herramienta para la evaluación de la Hipótesis de Negocio en Marcha, la cual se adjunta al final de esta sección. Esta herramienta busca ser una base para soportar la conclusión del principio de negocio en marcha y en la decisión a nivel interno en cada empresa, en la que también podría ser utilizada por un auditor. Sin embargo, su evaluación y conclusión es responsable de la administración dependiendo de la evaluación de todos los factores incluidos en la normatividad vigente o aquellos otros que la administración considere incluir.

   A lo largo de todo este artículo, hemos observado que concluir sobre la existencia o no del principio de negocio en marcha, debe estar alineado con la administración de cada empresa, independiente de los resultados contables y financieros obtenidos. Para el uso de esta herramienta y, generalmente evaluar este principio, no necesariamente la empresa debe tener cifras contables debidamente cerradas al final del periodo, sino por el contrario, es un proceso que puede realizarse en cualquier momento del año y recomendablemente durante el último trimestre del periodo anual.

   Finalmente, es importante mencionar que las respuestas, proceso y conclusión obtenidas utilizando herramientas como la que aquí se está facilitando, no es responsabilidad directa y única de los preparadores de información financiera, sino también y principalmente, depende de la participación y direccionamiento de la administración general de la empresa

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *