{"id":3786,"date":"2023-12-06T12:07:14","date_gmt":"2023-12-06T17:07:14","guid":{"rendered":"https:\/\/incp.org.co\/revista-el-contador-publico\/?p=3786"},"modified":"2023-12-11T08:13:06","modified_gmt":"2023-12-11T13:13:06","slug":"las-responsabilidades-legales-y-profesionales-del-revisor-fiscal-frente-a-la-ley-2195-de-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/incp.org.co\/revista-el-contador-publico\/tendencias\/opinion\/2023\/12\/las-responsabilidades-legales-y-profesionales-del-revisor-fiscal-frente-a-la-ley-2195-de-2022\/","title":{"rendered":"Las responsabilidades legales y profesionales del revisor fiscal frente a la Ley 2195 de 2022"},"content":{"rendered":"\n<p>Con motivo de la celebraci\u00f3n de la versi\u00f3n XV del Foro de Firmas: \u201cEl contador frente al programa de transparencia y \u00e9tica empresarial\u201d, en representaci\u00f3n del Instituto Nacional de Contadores P\u00fablicos de Colombia \u2013 <strong>INCP<\/strong>, present\u00e9 las implicaciones de la Ley 2195 de 2022 para los revisores fiscales. A continuaci\u00f3n, un resumen de mi intervenci\u00f3n preparada con el apoyo del Comit\u00e9 T\u00e9cnico del INCP.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Ley 2195 de 2022 encierra un objetivo loable: fortalecer la prevenci\u00f3n y lucha contra la corrupci\u00f3n, fen\u00f3meno end\u00e9mico en la administraci\u00f3n p\u00fablica colombiana. Dicha norma es una actualizaci\u00f3n de la Ley 1474 de 2011, la cual incorpor\u00f3 una buena cantidad de medidas en materia de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de actos de corrupci\u00f3n e incluso, modific\u00f3 el C\u00f3digo Penal, incluyendo en su art\u00edculo 16 un nuevo delito: la corrupci\u00f3n privada (art. 250-A del C\u00f3digo Penal).<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de estas importantes medidas, los resultados no son positivos. En 2011, Colombia ocupaba el puesto 80 en el \u00cdndice de percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n de transparencia internacional, y para 2022, descendi\u00f3 al puesto 91. Esto parece indicar que la emisi\u00f3n de leyes en realidad no ha tenido un impacto pr\u00e1ctico en la disminuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Al margen de la efectividad real de las normas, nos compete analizar y proponer las acciones que debe tomar el revisor fiscal quien ha sido incluido en las citadas leyes como uno de los actores en la lucha anticorrupci\u00f3n. Asimismo, recomendaremos diversas acciones que debe ejercer este profesional dentro del \u00e1mbito de sus responsabilidades legales y profesionales para cumplir lo ordenado en la normatividad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recopilaci\u00f3n de referencias al revisor fiscal<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para una comprensi\u00f3n ordenada, iniciemos por describir los art\u00edculos de la Ley 2195 de 2022 que asignan responsabilidades al revisor fiscal:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Art\u00edculo 9.<\/strong> Adiciona el art\u00edculo 34-7 a la Ley 1474 de 2011. En el par\u00e1grafo 4 se indica: <em>\u201cEl revisor fiscal, cuando se tuviere, debe valorar los programas de transparencia y \u00e9tica empresarial y emitir opini\u00f3n sobre los mismos.\u201d<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Art\u00edculo 57.<\/strong> Modifica el numeral 5 del art\u00edculo 26 de la Ley 43 de 1990 y adiciona un par\u00e1grafo as\u00ed:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p style=\"padding-left:10%\"><em>5. Los revisores fiscales tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupci\u00f3n as\u00ed como la presunta realizaci\u00f3n de un delito contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, el medio ambiente, el orden econ\u00f3mico y social, financiaci\u00f3n del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio p\u00fablico econ\u00f3mico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. Tambi\u00e9n deber\u00e1n poner estos hechos en conocimiento de los \u00f3rganos sociales y de la administraci\u00f3n de la sociedad. Las denuncias correspondientes deber\u00e1n presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este Art\u00edculo, no ser\u00e1 aplicable el r\u00e9gimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left:10%\"><em>PAR\u00c1GRAFO: Las autoridades de inspecci\u00f3n, vigilancia o control de las personas jur\u00eddicas que tengan revisor\u00eda fiscal podr\u00e1n imponer las sanciones que correspondan, conforme a sus facultades, a los revisores fiscales por la omisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de denuncia establecida en el numeral 5 del presente Art\u00edculo.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Como podemos observar, pese a que la Ley 1474 de 2011 impon\u00eda obligaciones al revisor fiscal relacionadas con la denuncia de actos de corrupci\u00f3n, la Ley 2195 de 2022 ampli\u00f3 dichas obligaciones. En consecuencia, a continuaci\u00f3n, analizaremos los art\u00edculos transcritos puesto que no es relevante compararlos con la Ley 1474 de 2011.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sobre los Programas de transparencia y \u00e9tica empresarial (PTEE)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Circular 100-000011 del 8 de septiembre de 2021 de la Superintendencia de Sociedades establece las entidades obligadas a implementar los PTEE y el contenido m\u00ednimo que deben tener. Solo a manera de referencia, estos programas incluyen un conjunto de actividades ordenadas orientadas a prevenir y gestionar los riesgos de corrupci\u00f3n y de soborno transnacional, y est\u00e1n a cargo de un oficial de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Como lo transcribimos atr\u00e1s, la Ley 2195 de 2022 impone al revisor fiscal la valoraci\u00f3n de los PTEE y le exige emitir una opini\u00f3n sobre ellos. Es posible que un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo hubiera concluido que el uso del t\u00e9rmino \u201copini\u00f3n\u201d no era el correcto, pues el mismo conlleva una auditor\u00eda de alcance completo o un alto nivel de aseguramiento.<\/p>\n\n\n\n<p>En el primer a\u00f1o de cumplimiento de esta norma (2022), seg\u00fan entrevistas realizadas por el INCP a revisores fiscales, la mayor\u00eda aplic\u00f3 la Norma Internacional para Encargos de Aseguramiento 3000 (NIEA 300) \u2013 <em>Encargos de aseguramiento distintos de la auditor\u00eda o de la revisi\u00f3n de informaci\u00f3n financiera hist\u00f3rica <\/em>para la valoraci\u00f3n de los PTEE. Recordemos que en un encargo de aseguramiento el profesional tiene como objetivo obtener evidencia suficiente y adecuada -con base en ciertos criterios- para emitir una conclusi\u00f3n, cuyo fin es incrementar la confianza del usuario acerca de la medida o evaluaci\u00f3n de una materia subyacente objeto de an\u00e1lisis. En este caso, la materia subyacente es el PTEE y los criterios son las disposiciones legales y reglamentarias, como, por ejemplo, las disposiciones de la Circular 100-000011 de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>La NIEA 3000 define que la conclusi\u00f3n puede emitirse mediante un informe directo de aseguramiento o mediante una declaraci\u00f3n de que la entidad ha cumplido en todos los aspectos materiales con los requisitos de una disposici\u00f3n o reglamentaci\u00f3n particular. Es de aclarar que en un informe directo las conclusiones se emiten sobre la base de un aseguramiento limitado o razonable.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerando que la Ley 2195 de 2022 pide una valoraci\u00f3n de los PTEE, compartimos la posici\u00f3n de que la conclusi\u00f3n del revisor fiscal sea sobre el contenido o afirmaciones de dichos programas y no sobre su desempe\u00f1o (informe directo); esto al margen de que la evaluaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de los PTEE haga parte de la evaluaci\u00f3n del cumplimiento que la ley anticorrupci\u00f3n le exige al revisor fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p>Un encargo de aseguramiento sobre afirmaciones se centra en pruebas para evaluar el riesgo de control, m\u00e1s que en el riesgo de medici\u00f3n o evaluaci\u00f3n. En el caso de valoraci\u00f3n de los PTEE, el trabajo, como sucede con cualquier encargo de aseguramiento, debe partir de una planeaci\u00f3n; incluir la evaluaci\u00f3n de los riesgos, en particular el de control; y la aplicaci\u00f3n de pruebas, en las cuales el marco de referencia o criterio del trabajo es la Circular 100-000011 de 2021. Adem\u00e1s, la NIEA 3000 requiere la aplicaci\u00f3n de normas de calidad y de \u00e9tica, entre ellas, el juicio y escepticismo profesional y las competencias t\u00e9cnicas adecuadas para la realizaci\u00f3n del trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p>Trat\u00e1ndose de un alcance adicional, el revisor fiscal deber\u00e1 incluir en su propuesta de servicios esta responsabilidad y determinar el valor de sus honorarios detallando las caracter\u00edsticas del encargo, el alcance, la oportunidad, la materia subyacente y los criterios que se espera que se apliquen, puesto que son una parte integrante de la propuesta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sobre el reporte de los actos de corrupci\u00f3n<u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este requerimiento debe incluirse en las actividades de revisor\u00eda fiscal del a\u00f1o, considerando que la modificaci\u00f3n de la Ley 2195 de 2022 incrementa las responsabilidades de la Ley 1474 de 2011. A continuaci\u00f3n, listamos dichas exigencias:<\/p>\n\n\n\n<p>Si el revisor fiscal detecta un acto de corrupci\u00f3n debe denunciarlo a tres jurisdicciones distintas: penal, disciplinaria y administrativa, seg\u00fan se trate, lo cual, de por s\u00ed, ya implica un trabajo importante y tiene consecuencias significativas en el tiempo de dedicaci\u00f3n puesto que en cada una de estas jurisdicciones puede ser citado a declarar en calidad de testigo procesal. En lo penal, el revisor fiscal debe interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. En lo disciplinario, debe oficiar la queja ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; y, en lo administrativo, debe oficiar ante el ente de supervisi\u00f3n apropiado (por lo general ante las superintendencias, aunque puede haber otro tipo de supervisores en casos particulares).<\/p>\n\n\n\n<p>De las tres jurisdicciones a las que debe informar el revisor fiscal sobre los actos de corrupci\u00f3n que conozca tal vez la m\u00e1s compleja es la penal, puesto que, de manera expresa, la ley se refiere a \u201c<em>la presunta realizaci\u00f3n de un delito contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, el medio ambiente, el orden econ\u00f3mico y social, financiaci\u00f3n del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada\u2026\u201d.<\/em> Adem\u00e1s, la denuncia penal exige evaluar la presunta comisi\u00f3n de delitos espec\u00edficos, lo cual parece ir m\u00e1s all\u00e1 de las responsabilidades que se desprenden de la revisor\u00eda fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, para efectos de ilustraci\u00f3n, hacemos una breve referencia a los delitos mencionados en el art\u00edculo 57 de la Ley 2195 de 2022, el cual modifica el numeral 5 del art\u00edculo 26 de la Ley 43 de 1990, relacion\u00e1ndolos con los art\u00edculos respectivos del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Denominaci\u00f3n general del delito<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Denominaci\u00f3n espec\u00edfica del delito<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Art\u00edculo del C\u00f3digo Penal<\/strong><\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Destrucci\u00f3n del medio ambiente<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 164<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Corrupci\u00f3n privada<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 250 A<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\" rowspan=\"23\" style=\"padding-top:80%\">Contra el orden econ\u00f3mico y social<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Acaparamiento<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 297<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Especulaci\u00f3n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 298<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Alteraci\u00f3n y modificaci\u00f3n de calidad, cantidad, peso o medida<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 299<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Ofrecimiento enga\u00f1oso de productos y servicios<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 300<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Ofrecimiento enga\u00f1oso de productos y servicios<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 301<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">P\u00e1nico econ\u00f3mico<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 302<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Il\u00edcita explotaci\u00f3n comercial<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 303<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Da\u00f1o en materia prima, producto agropecuario o industrial<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 304<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Usura<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 305<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Usurpaci\u00f3n de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 306<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Uso ileg\u00edtimo de patentes<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 307<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Violaci\u00f3n de reserva industrial o comercial<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 308<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Sustracci\u00f3n de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 309<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 310<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Aplicaci\u00f3n fraudulenta de cr\u00e9dito oficialmente regulado<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 311<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Ejercicio il\u00edcito de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 312<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Evasi\u00f3n fiscal<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 313<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Utilizaci\u00f3n indebida de fondos captados del p\u00fablico<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 314<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 315<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 316<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">No reintegro de dineros captados ilegalmente<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 316 A<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Manipulaci\u00f3n fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 317<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Urbanizaci\u00f3n ilegal<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculo 318<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Delitos sobre contrabando<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculos 319 \u2013 322-1<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Delitos de lavado de activos<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculos 323-327<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Delitos del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y otras disposiciones<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculos 327a \u2013 327e<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculos 328 \u2013 339<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Delitos relacionados con el terrorismo<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculos 343 \u2013 345<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Art\u00edculos 397-434B<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Es de aclarar que esta lista no es finita pues puede haber otras situaciones que, por tener relaci\u00f3n con algunos de los delitos mencionados, pueden quedar incluidas.<\/p>\n\n\n\n<p>Es una lista demasiado extensa y preocupante dada la exigencia al revisor fiscal de informar sobre lo detectado, lo cual nos debe llevar a establecer procedimientos para detectar posibles delitos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Las posibles sanciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El par\u00e1grafo adicionado al art\u00edculo 26 de la Ley 43 de 1990, faculta a las entidades de supervisi\u00f3n para sancionar a los revisores fiscales por la omisi\u00f3n de denuncia. Se entiende que los tipos de sanci\u00f3n dependen de las facultades sancionatorias de cada supervisor, por ejemplo, los entes administrativos t\u00edpicamente imponen multas o destituci\u00f3n, pero siendo as\u00ed, seguramente habr\u00eda tambi\u00e9n una remisi\u00f3n del caso a la Junta Central de Contadores para efecto de las sanciones disciplinarias a que hubiera lugar.<\/p>\n\n\n\n<p>Surge entonces la pregunta de si ahora los contadores p\u00fablicos deber\u00e1n convertirse en abogados para evaluar la posible comisi\u00f3n de una conducta punible por alg\u00fan funcionario de la organizaci\u00f3n a la que preste sus servicios. Creemos que no es as\u00ed, porque el principio jur\u00eddico <em>ad impossibilia nemo tenetur<\/em> (nadie est\u00e1 obligado a un imposible) ha sido varias veces ratificado por las altas cortes de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, creemos que la obligaci\u00f3n del revisor fiscal es la de incluir pruebas sobre el cumplimiento legal basado en las principales normas que puedan afectar a la organizaci\u00f3n en concordancia con las NIA, particularmente la NIA 240 \u2013 <em>Responsabilidades del auditor en la auditor\u00eda de estados financieros con respecto al fraude <\/em>y la NIA 315 &#8211; <em>Identificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de los riesgos de incorrecci\u00f3n material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, es la ausencia de la inclusi\u00f3n de dichas pruebas en su planeaci\u00f3n y, por supuesto, su no ejecuci\u00f3n o la abstenci\u00f3n de su reporte, lo que podr\u00eda dar lugar a efectos jur\u00eddicos como consecuencia de la omisi\u00f3n a la que se refiere la Ley 43 de 1990.<\/p>\n\n\n\n<p>En resumen, la Ley 2195 de 2022 y sus desarrollos imponen responsabilidades significativas para el revisor fiscal que, dependiendo de las caracter\u00edsticas del negocio, har\u00edan necesario el involucramiento de especialistas diferentes a los contadores. Las propuestas de servicios de revisor\u00eda fiscal deben incluir estas nuevas responsabilidades y los honorarios correspondientes, pues la obligaci\u00f3n de denuncia implica un trabajo adicional importante y un mayor tiempo de dedicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>De igual manera, la aplicaci\u00f3n de la NIEA 3000 requiere una formaci\u00f3n de competencias adecuada y la aplicaci\u00f3n rigurosa de normas de aseguramiento, calidad y \u00e9tica. Al respecto, cabe preguntarnos si los programas de pregrado y\/o postgrado est\u00e1n preparando a los contadores para comprender y responder de manera adecuada a las obligaciones que se les impone legalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, es evidente que el contador no tiene la formaci\u00f3n necesaria para comprender las implicaciones de la amplia lista de conductas tipificables como delito y mucho menos para evaluar su presunta comisi\u00f3n. Es deseable un mayor conocimiento por parte de los legisladores de lo que los contadores sabemos y podemos hacer, y contar con su disposici\u00f3n para abrir espacios de an\u00e1lisis y construcci\u00f3n conjunta con normalizadores, educadores y representantes de la profesi\u00f3n. Esto resultar\u00eda en responsabilidades proporcionadas, expectativas cumplidas y riesgos profesionales acotados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong>Luisa Fernanda Salcedo<\/strong><br>Presidenta del INCP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con motivo de la celebraci\u00f3n de la versi\u00f3n XV del Foro de Firmas: \u201cEl contador frente al programa de transparencia y \u00e9tica empresarial\u201d, en representaci\u00f3n del Instituto Nacional de Contadores P\u00fablicos de Colombia \u2013 INCP, present\u00e9 las implicaciones de la Ley 2195 de 2022 para los revisores fiscales. 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