El pasado 19 de junio de 2025, el Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP, con el apoyo del experto tributarista Carlos Giovanni Rodríguez, elaboró un análisis técnico sobre el Decreto 0572 de 2025, mediante el cual se incrementaron las tarifas de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, y se modificaron las bases mínimas para su aplicación. Según el Gobierno Nacional, esta medida busca alinear el sistema tributario colombiano con la realidad económica de los contribuyentes, combatir la evasión fiscal y facilitar el recaudo anticipado del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2026.
El documento compartido con los asociados del INCP y la comunidad contable en general, advierte sobre los efectos económicos y fiscales derivados de las medidas adoptadas.
De acuerdo con el INCP, el incremento de las tarifas no guarda una relación de proporcionalidad con la realidad económica de los sectores impactados. A través del estudio de casos específicos como el comercio mayorista de combustibles (CIIU 4661), la construcción de edificios residenciales (CIIU 4111), el cultivo de café (CIIU 0123) y las actividades hospitalarias (CIIU 8610), se evidenció que los aumentos —los cuales en algunos casos superan el 200 %— recaen sobre sectores que apenas muestran señales de recuperación o, incluso, que aún se encuentran en contracción económica. En todos los casos, la medida representa una amenaza para la liquidez empresarial y podría llegar a comprometer la continuidad operativa de las organizaciones.
El INCP señaló que la metodología empleada por el Ministerio de Hacienda para justificar los incrementos tarifarios partió de un análisis macroeconómico agregado, sin considerar las dinámicas sectoriales particulares, lo cual pone en tela de juicio la exposición de motivos del Decreto 0572 de 2025.
Asimismo, indicó que, a diferencia de lo sucedido con el Decreto 0242 de 2024, no se identifican cambios normativos recientes en el país que sustenten las disposiciones del Decreto 0572, lo cual genera dudas sobre su legalidad y proporcionalidad frente al principio constitucional de capacidad contributiva.
El Instituto también indicó que el Decreto 0572 se refiere a la base gravable como punto de partida para el aumento de las tarifas, pero en la práctica, la retención se aplica sobre ingresos brutos. Esto significa que el recaudo anticipado vía retención en la fuente no representa la verdadera capacidad contributiva del contribuyente y, en su lugar, genera un traslado forzoso e injustificado de recursos a la administración tributaria. Es decir, se genera una sobrecarga fiscal injustificada y una vulneración de los principios de equidad, neutralidad y legalidad tributaria.
Con respecto a la presión sobre la liquidez, especialmente en sectores sensibles como el de la salud, se agrava el riesgo de desfinanciamiento, más aún si se tiene en cuenta que los procedimientos para la devolución de saldos a favor ante la administración tributaria resultan ineficientes.
Ante estos hallazgos, el INCP hizo un llamado a los organismos competentes a revisar el enfoque del Decreto 0572 de 2025 para garantizar disposiciones tributarias más justa, técnicamente fundamentadas y acordes con la realidad económica de los contribuyentes.
Redacción INCP
