Un tema que ha cobrado relevancia en la agenda global es la sostenibilidad. Aunque este no es un concepto nuevo porque se han realizado diversas aproximaciones desde hace más de medio siglo, en 2015 se marcó un hito sin precedentes con el establecimiento de la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En este marco, se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concebidos como las metas que los países deben alcanzar al año 2030, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de la población. Para su cumplimiento, se reconoce que la responsabilidad no recae exclusivamente en los gobiernos, sino también en otros actores clave, como la sociedad civil y las empresas.
El contar con metas claras en materia de desarrollo sostenible y un compromiso para medir su progreso, ha impulsado que la sostenibilidad sea el tema principal de diversos foros de discusión. Esto muestra que la sostenibilidad está siendo asumida como un compromiso colectivo, ameritando un análisis profundo desde diferentes perspectivas y una de ellas, a mi juicio, es la tributaria. Un sistema tributario equitativo y eficiente es fundamental porque representa una de las principales fuentes de financiación para la sostenibilidad.
En este escrito, mi intención es realizar una aproximación a la relación entre los impuestos y la sostenibilidad, destacando la importancia del rol de los contadores públicos como operadores del sistema tributario.
Uno de los principales instrumentos de intervención del Estado es la imposición de tributos para redistribuir la riqueza. A través del recaudo proveniente de los contribuyentes que tienen capacidad contributiva, se financia el gasto público y se respaldan los fines del Estado Social de Derecho, lo cual, debe traducirse en bienestar para la sociedad.
Otra forma de intervención del Estado es la imposición de tributos a conductas negativas con el objetivo de desincentivarlas. Este enfoque se materializa en los denominados impuestos ‘pigouvianos’ basados en el principio de “quien contamina paga”. En Colombia, existen ejemplos de figuras que buscan aplicar este principio, tales como las tasas ambientales, el impuesto a las bolsas plásticas, el impuesto al carbono, el impuesto a los plásticos de un solo uso, el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los alimentos ultraprocesados, el impuesto a los vehículos y a los combustibles, entre otros.
Por otro lado, se encuentran también los beneficios tributarios, diseñados para incentivar las buenas conductas mediante la disminución de la carga impositiva a los contribuyentes como una forma de contraprestación.
En este contexto, el contador como operador tributario puede desempeñar tres papeles cruciales. El primero es garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, asegurando que los contribuyentes paguen lo que les corresponde bajo una aplicación correcta de la ley. Esto no significa renunciar al derecho de hacer planeación tributaria, pues, siempre que se base en un propósito de negocio legítimo, está permitido, reducir, eliminar o diferir la carga impositiva de manera lícita. En todo caso, se debe rechazar de forma categórica el abuso, es decir, prácticas que reduzcan la carga tributaria de forma artificiosa.
El segundo rol es el de motivar a las organizaciones a aprovechar los beneficios tributarios por generar un impacto positivo a la sociedad. Estos beneficios permiten disminuir la carga impositiva por ejecutar conductas que el Estado busca incentivar como, por ejemplo, las deducciones especiales por contratar jóvenes en su primer empleo, mujeres víctimas de la violencia, personas con discapacidad o adultos mayores. Por su parte, las conductas de realizar inversiones en mejoramiento del medioambiente, ciencia, tecnología e innovación, así como las donaciones a entidades del régimen tributario especial o a Bancos de Alimentos, otorgan descuentos o créditos tributarios. Al respecto, es fundamental evaluar la estrategia tributaria organizacional y alinearla para maximizar el uso de incentivos y beneficios disponibles.
Un tercer papel es el relacionado con el reporte y la transparencia. Un ejemplo de ello es lo requerido por los estándares GRI (207-1, 207-2, 207-3 y 207-4), aplicables desde 2021, los cuales promueven la divulgación de información sobre la gestión impositiva de las organizaciones. Este marco busca que las empresas sean transparentes revelando sus impactos fiscales y la forma en que los gestionan, por ello, solicitan información sobre los ingresos, tributos y actividades empresariales país por país. Además, requieren información sobre aspectos de la estrategia fiscal, la gobernanza, el marco de control, la gestión de los grupos de interés y el detalle de las operaciones en cada país.
Como podemos observar, a través de una gestión tributaria eficiente y adecuada, los contadores públicos podemos contribuir al cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible.
Olga Viviana Tapias García
Socia de Impuestos, Legal y Precios de Transferencia en Russell Bedford
Miembro de la Comisión Tributaria INCP
