Contraloría alerta riesgos fiscales del Presupuesto General de la Nación 2026

La Contraloría General de la República presentó el 11 de agosto de 2025 sus observaciones preliminares al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, advirtiendo tres riesgos fiscales y presupuestales clave que requieren atención para garantizar la sostenibilidad y eficacia del gasto público:
Recaudo insuficiente y baja ejecución: a junio de 2025 el recaudo alcanzó $ 135,4 billones, $ 12,4 billones por debajo de lo proyectado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Además, la ejecución del presupuesto es baja, con solo 37,7 % del total gastado y 24,2 % de la inversión comprometida, lo que podría generar ‘pérdida de apropiaciones’* y aumento de reservas.
Déficit fiscal elevado: el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzará 7,1% del PIB en 2025, tras la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal**. Para 2026 se proyecta en 6,2% del PIB, pese a mayores ingresos por una reforma tributaria de $ 26,3 billones y menores pagos de intereses. El déficit primario aumentaría y la deuda neta llegaría a 61,3% del PIB en 2025 y a un pico de 64% en 2027.
Dependencia de reforma tributaria: el PGN 2026 asciende a $ 556,9 billones, superando en $ 26,3 billones los ingresos estimados. Se pretende recaudar esa diferencia por medio de una nueva reforma tributaria. No obstante, se prevé una caída del recaudo de 1,8 % pese al crecimiento económico proyectado.
La Contraloría concluyó que el país requiere una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia en el gasto, realismo en las proyecciones de ingresos y reformas estructurales que fortalezcan el crecimiento económico y la equidad social.
Redacción INCP
*Las pérdidas de apropiación presupuestal ocurren cuando no se ejecutan los recursos asignados en su apropiación presupuestal dentro de la vigencia fiscal.
**La cláusula de escape es una herramienta que permite al Gobierno apartarse temporalmente de los límites de déficit y deuda pública fijados por la regla fiscal, en situaciones excepcionales que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica o el bienestar general.