Mediante el Concepto 0100 de 2025, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que el revisor fiscal no está facultado para entregar directamente a terceros —incluidas las veedurías ciudadanas— los estados financieros ni los informes emitidos en el ejercicio de su encargo, salvo que exista una autorización expresa de la administración de la entidad o un requerimiento legal que así lo ordene.

Además, recordó que la administración es la responsable de la elaboración y entrega de los estados financieros. Por su parte, el revisor fiscal debe actuar con sujeción al principio de confidencialidad, consagrado en el ‘Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales’ y en la Ley 43 de 1990*, lo cual le impide divulgar información obtenida en el desarrollo de su trabajo sin el consentimiento de su cliente o sin orden legal.

Según el CTCP, aunque las veedurías ciudadanas pueden ejercer control sobre entidades que administren recursos públicos, sus solicitudes de información deben canalizarse a través de los órganos de dirección de la entidad.

Ver: Concepto 0100 de 2025 – CTCP

*” Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”.

Redacción INCP