La Secretaría de Transparencia de la Presidencia publicó un detallado informe sobre los avances y desafíos del Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de 2011. Gracias a esta norma se han adoptado otras medidas como el Decreto Ley Antitrámites (2011), la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (2014), la Ley de Lucha contra el Contrabando (2015), la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (2015), el Decreto Reglamentario de la Ley General de Archivos (2015), entre otros. Sin embargo, la Ley 1474 se está enfrentado a su mayor dificultad por cuenta de los escándalos de corrupción que se han descubierto en los últimos meses, como Reficar y Odebrecht.

Redacción INCP a partir del artículo publicado en Huella Forense

Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “Cinco años tras el Estatuto Anticorrupción” de la fuente Huella Forense.

Cinco años tras el Estatuto Anticorrupción

El informe detallado, en donde se presentan los avances y desafíos que se han realizado a partir de esta norma, lo publicó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Se trata de una norma que se ha enfocado en la lucha contra la corrupción y la promoción del buen gobierno, “temas que han estado en la primera línea de prioridades del presidente desde su primer mandato”, según la página de Transparencia.

La ley 1474 hace parte de la materialización de ese trabajo, el cual está encaminado a luchar contra la corrupción. Se trata de una norma que el presidente Juan Manuel Santos “considera como una de las más revolucionarias y novedosas de los últimos 20 años”, de acuerdo a la publicación de la entidad.

En su momento, el hoy exsecretario de transparencia, Camilo Enciso, señaló que este documento busca garantizar que los avances frente a este tema sean de conocimiento público y agregó que “la combinación de medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y pedagógicas y el trabajo de los organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local, así como una mayor interlocución entre el Estado y la sociedad civil, han resultado fundamentales para combatir la corrupción”.

Estatuto anticorrupción fue prioridad para gobierno

De acuerdo con el documento publicado, antes de que naciera el Estatuto se contaba con la Ley 190 de 1995 (“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”) y el Código Penal, entre otras normas. Pero era necesario empezar a enfocar ese trabajo hacia la lucha contra la corrupción, entonces como política pública, el Gobierno fijó, dentro de los objetivos del plan de desarrollo 2010-2014, un enfoque de prevención, investigación y sanción de la corrupción, así como la necesidad de adelantar y actualizar las herramientas jurídicas enfocadas a hacia esa misma tarea.

A raíz de esto se construyó un proyecto que fue producto del diálogo y la colaboración entre el Gobierno Nacional, entes de control, academia y sociedad civil. El proyecto de ley, “el cual fue aprobado en cuarto debate por el Congreso en mayo de 2011 y que tras ser conciliado en Cámara y Senado fue sancionado por el Presidente la República en julio de 2011, convirtiéndose de esta manera en la Ley 1474 de 2011, más conocida como Estatuto Anticorrupción”.

Se señala en el informe de Transparencia que, desde su expedición, la norma se ha consolidado como una “poderosa herramienta que materializa avances concretos en los diferentes campos que regula”, contrario a los que consideran y afirman que este no ha sido muy útil.

“La combinación de medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y pedagógicas y el trabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local, así como una mayor interlocución entre el Estado y la sociedad civil, han resultado fundamentales para combatir la corrupción”, se subrayó en la publicación.

Aunque combatir la corrupción sea difícil, subrayan en el documento que la apuesta de este gobierno se ha concentrado en expulsar a este fenómeno de las instituciones públicas y privadas. Por lo que a raíz de este Estatuto se han adoptado herramientas adicionales para fortalecer esta lucha como lo son: el Decreto Ley Antitrámites (2011), la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (2014), la Ley de Lucha contra el Contrabando (2015), la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (2015), el Decreto Reglamentario de la Ley General de Archivos (2015), la Ley Antisoborno (2016), el decreto que regula la categoría de personas expuestas políticamente (2016), el decreto que regula el proceso de nombramiento por meritocracia de los miembros de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción (2016), y el decreto que reforma el nombramiento para periodos fijos de cuatro años de algunos superintendentes (2016).

Además, se empezó a impulsar otras iniciativas, desde la Secretaría de Transparencia, y conjuntamente con otras entidades del Estado y la sociedad civil, como la adopción de una “Ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción, una ley por la cual se regula el Registro de Beneficiarios Reales de las personas jurídicas, una reforma al Decreto que regula la contratación con entidades sin ánimo de lucro, una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, la expedición de un nuevo Estatuto de Probidad, el cual regulará aspectos pendientes tales como la regulación del cabildeo, conflictos de interés y la necesidad de profundizar el portal de transparencia económica y fiscal del Estado, para que refleje las inversiones regionales”.

Estas medidas, señala el documento, también las han acompañado del diseño y ejecución de estrategias, actividades y políticas que buscan “transformaciones en la conciencia, la ética y la cultura de la sociedad civil y de aquellos que, desde la función pública, tienen la labor de servir a sus conciudadanos y construir un mejor país”.

Dentro de la publicación además se habla de otros temas adelantados a raíz de la norma y que tienen que ver con: inhabilidad para contratar, inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas, prohibición para gestionar intereses privados, prohibición en contratos de interventoría, acción de repetición, responsabilidad de los revisores fiscales, restricciones sobre el presupuesto para publicidad, entre otros.

Para finalizar, en el documento resalta la creación o renovación de organismos especiales para la lucha contra la corrupción como: la Comisión Nacional para la Moralización (CNM) y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción (CNCLCC), creadas por la Ley 190 de 1995.  También se le dio vida jurídica a las Comisiones Regionales para la Moralización (CRM).

“Todo ello bajo el entendido de que una efectiva lucha contra la corrupción sólo es posible si esta se entiende como una política de Estado y con una activa participación de la sociedad civil” (Congreso de la República, 2010)”, se establece en el documento.

Fuente: Huella Forense