Durante el 2018, alrededor de 155.649 colombianos trasladaron sus ahorros de los fondos privados a Colpensiones. Además, durante lo corrido del año, han aumentado las solicitudes de doble asesoría, el mecanismo para que los afiliados al sistema pensional que quieren hacer el cambio de un régimen a otro, conozcan cuál sistema les conviene más.

Según datos de Colpensiones, el 60 por ciento de los colombianos que más realizan este pedido están entre los 40 y 49 años, seguido de las personas entre los 30 y 39 años, los cuales representan un 18 por ciento de las solicitudes. Hay que recordar que la decisión de trasladarse debe tomarse 10 años antes de alcanzar la edad de pensión.

Sin embargo, surgen dos preguntas importantes ante este fenómeno: (1) si las personas están tomando la decisión correcta y (2) si este conjunto de decisiones individuales es lo que más le conviene al país.

Para determinar qué régimen le resulta más conveniente a cada persona, es necesario considerar las características individuales de cada afiliado. Cada persona es un caso diferente. Dos personas con los mismos aportes al sistema y semanas cotizadas pueden obtener diferentes beneficios en cada sistema.

Para Asofondos, los fondos de pensiones son la mejor opción para el 95 por ciento de los afiliados. Colpensiones, por su parte, afirma que el sistema público le conviene más a quien logra completar las 1.300 semanas, sin importar el nivel salarial.

En realidad, los dos tienen razón pues al final están corroborando lo mismo: que el sistema público conviene más a los trabajadores más formales y de mayores ingresos, mientras que excluye al grueso de los trabajadores, y eso confirma la gran paradoja de nuestro régimen pensional.

Las personas que cotizan en promedio por más de 2 salarios mínimos tienen el incentivo de trasladarse de los fondos privados a Colpensiones antes del cumplimiento de la edad de jubilación, pues las pensiones que ofrece el régimen público incluyen un subsidio. Con esto, los mayores subsidios terminan siendo para la población de más altos recursos, lo cual no solo es inequitativo sino un problema para las finanzas públicas.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, en el régimen público de pensiones una persona que cotice y se pensione sobre 25 salarios mínimos puede recibir un subsidio por parte del Estado de más de 700 millones de pesos, mientras que alguien del mínimo “solo” recibe alrededor de 100 millones.

Esto se presta para un arbitraje perverso que es una de las razones por las cuales se requiere una reforma pensional.

Para David Cuervo, director de la Unidad de Negocio Bienestar Patrimonial de la consultora Mercer, si no se toman medidas, a mediano y largo plazo el sistema actual tenderá a pensionar personas que cotizan por menos de 1,4 salarios (el 90 por ciento de los cotizantes actuales) por el Régimen de Ahorro Individual (RAIS) y a personas que cotizan por más de 1,4 salarios por el Régimen de Prima Media (RPM). Es decir que el “RAIS estaría pensionando sin subsidio al grueso de los cotizantes de bajos recursos y el RPM estaría pensionando (con subsidio) a los cotizantes de más capacidad económica. El mundo redistributivo al revés”.

Fuente: Semana