La obligación de consolidar o combinar estados financieros por parte de las compañías que integran un grupo empresarial no es solo una exigencia jurídica y contable, sino una herramienta fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado gobierno corporativo. La Ley 222 de 1995, en sus artículos 27 y 35, establece la obligación para las matrices o controlantes de presentar estados financieros consolidados, reflejando la realidad económica del grupo en su conjunto. A su vez, esta normativa se complementa con los decretos reglamentarios y las directrices de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, que han precisado los criterios para su adecuada implementación a través de circulares y guías.

Desde la perspectiva de la revelación de información, la consolidación de estados financieros permite a los inversionistas, acreedores y demás grupos de interés obtener una visión integral de la situación económica del conglomerado. Esto evita que los riesgos financieros y patrimoniales sean fragmentados artificialmente entre las distintas compañías del grupo, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la confianza en el mercado. Las circulares relevantes de la Superintendencia de Sociedades han enfatizado la necesidad de adoptar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la consolidación, garantizando comparabilidad y uniformidad en la presentación de los estados financieros.

En cuanto a la rendición de cuentas, la consolidación permite evaluar de manera más precisa la gestión de los administradores y órganos de gobierno del grupo. No consolidar la información financiera podría facilitar la elusión de responsabilidades o la ocultación de pérdidas, afectando la toma de decisiones de socios y terceros. Adicionalmente, el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones por parte de las autoridades de supervisión (Superintendencia de Sociedades o Superintendencia Financiera), poniendo en riesgo la estabilidad reputacional y financiera de la empresa.

Por su parte, el impacto en el gobierno corporativo es significativo, ya que la consolidación favorece prácticas de control y supervisión interna más robustas. La existencia de estructuras de propiedad y control complejas dentro de los grupos empresariales puede generar conflictos de interés, por lo que una adecuada consolidación permite mayor visibilidad sobre la toma de decisiones estratégicas y la asignación de recursos dentro del grupo.

En el ámbito societario y tributario, la consolidación financiera tiene implicaciones clave no solo en la determinación de políticas para gestionar adecuadamente las relaciones de negocios entre vinculadas, sino en la identificación de obligaciones fiscales y en la prevención de prácticas abusivas como la subcapitalización o la transferencia de utilidades entre compañías del grupo para minimizar la carga tributaria. Las autoridades societarias y fiscales (en general la Superintendencia de Sociedades y la DIAN) han reforzado el control sobre estos aspectos, exigiendo consistencia entre los estados financieros individuales y consolidados para evitar distorsiones en la base de tributación o en la información que se pone a disposición del mercado.

En síntesis, la consolidación de estados financieros en grupos empresariales no es un mero requisito formal, sino una obligación con profundas implicaciones en la transparencia, la eficiencia del mercado y la sostenibilidad empresarial. Su observancia rigurosa, en línea con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales, es esencial no solo para evitar fuertes sanciones y daños reputacionales, sino para la estabilidad y el crecimiento de los conglomerados en Colombia.

Autor:  Martin Escobar

Director Legal Services en KPMG Colombia