La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el pasado 5 de noviembre de 2025 el informe ‘Reconectando Bogotá’, en el que plantea la necesidad de un nuevo pacto fiscal centrado en las personas. El documento propone fortalecer la cultura tributaria y reformar los principales impuestos locales con el fin de mejorar las finanzas públicas, reducir desigualdades y avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible.

Según la OCDE, este pacto fiscal debe sustentarse en dos pilares interdependientes. El primero consiste en promover una cultura de cumplimiento tributario basada en la confianza ciudadana. Aunque el 62 % de los ciudadanos y el 61 % de las empresas consideran el pago de impuestos como una inversión en el progreso de la ciudad, solo una cuarta parte percibe un retorno justo por sus aportes. Por ello, el informe recomienda fortalecer la transparencia en el uso de los recursos, simplificar los procedimientos tributarios, ampliar la educación fiscal y generar espacios de participación que vinculen el pago de impuestos con resultados visibles.

El segundo pilar apunta a la construcción de un sistema impositivo más simple, progresivo y sostenible. La OCDE centra sus recomendaciones en tres impuestos clave: el de Industria y Comercio (ICA), el impuesto predial y los tributos ambientales.

En cuanto al ICA, que representa cerca de la mitad de los ingresos tributarios de Bogotá (47 %), la OCDE considera que su estructura actual, con 14 tarifas diferenciadas según las actividades económicas, genera complejidad, aumenta los costos de cumplimiento y reduce la transparencia. El organismo propone reducir el número de tarifas diferenciadas o definir estas no basándose en la actividad económica sino en relación con los ingresos o las ganancias de las empresas, lo que podría aumentar la recaudación entre un 6 % y un 16 % y mejorar la equidad. También recomienda revisar los incentivos tributarios, dispersos en múltiples normas, y reducir la evasión, la cual alcanzó el 20 % en 2024.

Sobre el impuesto predial, segunda fuente de ingresos de la ciudad (34,8 % del total en 2024), la OCDE advierte que su carga recae proporcionalmente más sobre los hogares de bajos ingresos. Entre 2019 y 2023, la evasión promedio fue del 16,4 %, con mayor incumplimiento en los estratos 1 y 2. Para enfrentar estas brechas, el informe sugiere actualizar periódicamente los avalúos de las propiedades, usar herramientas digitales para mejorar la fiscalización, ofrecer descuentos a grupos vulnerables y equilibrar progresividad y simplicidad en la estructura tarifaria.

En relación con los impuestos ambientales, la OCDE señala que el sistema tributario de Bogotá aún no incorpora criterios ambientales en la determinación del impuesto a los vehículos, ya que este se calcula únicamente con base en el valor comercial del automotor. A diferencia de los países de la Unión Europea, donde el impuesto vehicular se relaciona directamente con las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) o el desempeño ambiental, el esquema bogotano no considera el impacto ambiental real de cada vehículo.

El organismo recomienda vincular este tributo con indicadores de contaminación, por ejemplo, mediante el uso del peso del vehículo como parámetro alternativo —pues los automóviles más pesados, especialmente los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés), emiten más CO₂.

Finalmente, la OCDE recomienda introducir un impuesto al alumbrado público que tenga en cuenta el consumo de energía y la capacidad económica de los contribuyentes. Este tributo podría financiar la sustitución de unas 100.000 luminarias por tecnología LED, lo que permitiría reducir las emisiones en un 7 % y el consumo energético en un 50 %, contribuyendo a la transición verde de la ciudad.

Para más información, consulte el informe completo en inglés en el siguiente enlace: Reconectando Bogotá – OCDE

Redacción INCP