El 4 de febrero, el ministro de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda), Germán Ávila Plazas, explicó las acciones que adelanta el Gobierno Nacional para garantizar la estabilidad fiscal de Colombia, tras la suspensión provisional del Decreto 1474 que declaró el estado de emergencia económica en diciembre de 2025.

Según el ministro, dicha suspensión carece de sustento constitucional, ya que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla la figura de suspensión provisional de decretos de estados de excepción. Recordó que en 1994 la Corte Constitucional declaró inconstitucional un intento legislativo similar. En este sentido advirtió que la decisión adoptada implicaría un prejuzgamiento sobre la constitucionalidad del Decreto 1474, lo cual podría obligar a los magistrados que intervinieron en el auto a declararse impedidos para decidir de fondo.

Desde el punto de vista fiscal, el ministro Ávila señaló que la emergencia económica decretada se explica por los siguientes factores:

• La negativa del Congreso de la República de aprobar la Ley de Financiamiento, lo cual implicó un recorte de $ 16 billones, equivalente al 43 % del gasto flexible del Presupuesto General de la Nación.

• La sentencia de la Corte Constitucional que ordenó equiparar la unidad de pago por capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado del sistema de salud, con un costo adicional de $ 3,3 billones, así como mayores gastos en materia de seguridad en este año electoral.

El ministro indicó que, aunque el Gobierno Nacional mantiene su capacidad de operar en los mercados de deuda, estas decisiones encarecen el financiamiento, sobre todo por el reciente aumento de la tasa de referencia decidido por el Banco de la República. Cabe recordar que para 2026, el plan financiero contempla operaciones de deuda interna y externa por cerca de $ 140 billones.

Frente a la suspensión del decreto de emergencia, el Gobierno Nacional anunció que presentará una acción jurídica ante la Corte, sin perjuicio de respetar sus decisiones. Mientras se define el fallo de fondo, el Ejecutivo evalúa alternativas de ajuste fiscal, mayor endeudamiento o reducción adicional del gasto. El presidente Gustavo Petro confirmó que el recorte acumulado del Presupuesto General de la Nación asciende a $ 44 billones, reiterando el compromiso de proteger la agenda social y garantizar los derechos ciudadanos.

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Redacción INCP