Por medio de un comunicado de prensa publicado el 26 de marzo de 2026, la Contraloría General de la República indicó que los decretos expedidos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 presentan vacíos en su estructuración, articulación y ejecución, lo cual podría comprometer la adecuada destinación de recursos públicos, la continuidad y efectividad de las medidas adoptadas.

La Contraloría revisó18 decretos expedidos en el marco de esta emergencia, advirtiendo sobre la necesidad de aplicar con mayor rigor los criterios de la Ley 1523 de 2012^[1], la cual regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y asigna a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) funciones de coordinación y apoyo técnico.

En materia fiscal, señaló que el Gobierno Nacional debe garantizar el adecuado recaudo, destinación y uso de los recursos provenientes de nuevos impuestos ($ 8,68 billones) orientados a atender la emergencia. Para ello, enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los mecanismos de control asociados.

Respecto a la ejecución de los recursos, la Contraloría indicó que su asignación debe sustentarse en los Planes de Acción Específica (PAE), con base en la información validada en el Registro Único de Damnificados (RUD), y bajo la coordinación de la UNGRD.

Finalmente, anunció que solicitará soportes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la UNGRD y a otros ministerios para verificar la necesidad y distribución de los recursos, y reiteró que continuará ejerciendo control fiscal preventivo y concomitante para asegurar que los recursos derivados de la emergencia económica, social y ecológica se utilicen conforme a su finalidad.

Redacción INCP

[1] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.