La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) manifestó su preocupación frente al proyecto de ley 331 de 2025 sancionatorio aduanero radicado en el senado recientemente por la senadora Paola Holguín. Aunque, según el análisis técnico de la entidad, más del 85 % del contenido coincide con la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional, existen diferencias que tendrían efectos negativos en la capacidad del Estado para enfrentar el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Según la DIAN, los puntos críticos del mencionado proyecto de ley son los siguientes:

1. La equiparación del decomiso de mercancías a una sanción: esta visión desconoce que el decomiso define la situación jurídica de mercancías que ingresan ilegalmente a Colombia y no constituye una sanción en sí misma, tal como ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado. Considerar el decomiso como una sanción derivaría en la eventual ‘legalización’ de la mercancía.

2. Flexibilización de los estándares de responsabilidad para quienes intervienen en operaciones aduaneras: en la actualidad dichos profesionales son autorizados, habilitados o inscritos ante la administración tributaria, por lo que se espera de ellos el máximo nivel de diligencia e idoneidad. En ese sentido, la flexibilización de estándares de responsabilidad para quienes intervienen en operaciones aduaneras puede facilitar conductas que afecten la seguridad económica, sanitaria y nacional.

3. Sanciones con montos considerablemente bajos: las sanciones propuestas por el sector privado son tan bajas que incentivarían el incumplimiento reiterado de la norma al resultar más conveniente pagar la multa que acatar las obligaciones aduaneras. Esto aumentaría los riesgos asociados al contrabando técnico, como el lavado de activos y el narcotráfico. Por ejemplo, la sanción más alta prevista sería de 1.000 Unidades de Valor Tributario (UVT); con las reducciones propuestas por el proyecto de ley mencionado, equivaldría a $ 2.000.000 aproximadamente, una cifra no proporcional frente al impacto del contrabando que podría generar escenarios de competencia desleal para empresarios y comerciantes formales.

La administración tributaria también alertó sobre la falta de un mecanismo jurídico que permita incorporar de forma ágil nuevas conductas sancionables derivadas de los cambios en la logística y el comercio internacional. Esta ausencia obligaría a tramitar leyes adicionales para actualizar el régimen sancionatorio, afectando la capacidad de respuesta del país ante nuevas dinámicas del comercio exterior.

Finalmente, la DIAN reiteró que el Gobierno Nacional continuará participando en el debate legislativo con apertura y transparencia, para contribuir a la construcción de un régimen sancionatorio aduanero que fortalezca la lucha contra el contrabando y proteja la legalidad en el comercio exterior.

Para más información, consulte el documento a continuación.

Ver: Proyecto de ley 331 de 2025 – Senado

Redacción INCP