¿Qué multa habrá para quienes no entreguen facturas electrónicas?

¿Qué multa habrá para quienes no entreguen facturas electrónicas?

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el país hay 540.000 contribuyentes que ya facturan electrónicamente (cerca de 36 % del total de empresas constituidas). Sin embargo, las sanciones determinadas en el artículo 657 del Estatuto Tributario (ET) a este respecto aún no han empezado a imponerse, pues la Entidad planea iniciarlas después del periodo de declaración de renta de 2021.

La multa que acarrearán quienes estén obligados a facturar electrónicamente y no lo hagan será de 1 % del valor de las operaciones facturadas, o incluso el cierre del establecimiento comercial.

Redacción INCP a partir de artículo publicado por La República

Para más información consulte el artículo titulado “Las multas a contribuyentes por no entregar facturas electrónicas” publicado por La República.

Las multas a contribuyentes por no entregar facturas electrónicas

En Colombia hay 540.000 contribuyentes que están facturando electrónicamente según cifras de la Dian, esto es cerca de 36% del total de las empresas que hay constituidas en el país, según evidencian los registros de Confecámaras. El último sector obligado a expedir este documento electrónico fue el agropecuario, que tuvo hasta el 15 de diciembre de 2020 para empezar a cumplir con el requisito.

Tras el cierre del calendario habilitado para que los contribuyentes comiencen a expedir facturas de este tipo, la Dian no ha iniciado con la imposición de las sanciones estipuladas en el artículo 657 del Estatuto Tributario, sin embargo, la idea de la entidad es que a partir de 2022, después del periodo de declaración de renta de 2021, la entidad inicie con estas sanciones. Esto además daría el tiempo necesario para que los últimos en entrar en el calendario acoplen 100% sus procesos.

La norma indica que, quienes a pesar de estar obligados a facturar electrónicamente no lo hagan, podrán ser acreedores de una multa económica equivalente a 1% del valor de las operaciones facturadas, o incluso, se les podrá cerrar el establecimiento comercial.

Sin embargo, la entidad ha aclarado que por el momento la única sanción vigente es la social y comercial que sufren las empresas al no cumplir con este requisito.

Mario Márquez, gerente de Facturación Electrónica de la Dian, afirmó que “todos los que declaran IVA ya empezaron a facturar, sin embargo, después de haber terminado el calendario establecido nos encontramos con que la mayoría de empresarios estaba en situación de informalidad, así que no se han implementado sanciones distintas a la social y comercial”.

El funcionario agregó que, a pesar de que la entidad ya está avalada y preparada para imponer esas multas del Estatuto Tributario, la decisión que se tomó es que no lo hará sino hasta el próximo año, cuando los contribuyentes ya hayan presentado su declaración de renta y tengan soportadas las compras. “Mientras tanto, en caso de que no lo hagan, ese costo se rechaza, tienen menos utilidad y tendrán que pagar más impuestos”, concluyó.

Andrés Torres, líder de facturación electrónica de Alegra, destacó sobre esta sanción social y comercial, que las empresas recurren al cambio ya que han visto como “clientes potenciales que requieren soportar legalmente sus costos, gastos o el IVA descontable se han visto forzados a recurrir a otros proveedores que sí expiden el documento que obliga la ley para así evitar gastar dinero de más, por lo que esa sanción comercial ha sido clave para seguir avanzando en el proceso”.

Otra de las medidas que empezó a implementar la Dian para hacer más seguimiento y control es cruzar datos de domicilios registrados para identificar aquellas direcciones a las que llegan productos de varias empresas.

Daniela Bedoya, gerente de Domestic Corporate Tax en KPMG, calificó el retaso en la implementación de sanciones como una consecuencia derivada de los inconvenientes que hubo con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de financiamiento. Esto, según ella, provocó un retraso en el calendario de facturación electrónica y derivó en la caída del acto administrativo. Sin embargo, aclaró también que en cualquier momento una empresa podría ser sancionada ya que está activa la norma.

Ahora, más allá de las sanciones una investigación de la contadora pública Cindy Paola Jaimes Martínez, especialista en Gerencia y Administración Tributaria y magíster en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional encontró que en lo transaccional, “reduce el tiempo de entrega de la factura al cliente y hay una redirección al personal a tareas más productivas puesto que, al ser un proceso más sistematizado, ahorra tiempo. También se reduce el costo de la emisión de facturas por el ahorro del papel, tinta y uso de activos fijos, además que disminuye los gastos logísticos, de correspondencia y almacenaje”.

Algunos mitos que hay sobre este sistema digital:

Varios contribuyentes aún son reticentes con esta clase de procesos tecnológicos y los expertos explican que uno de los mitos comunes es que hacer facturación electrónica es costoso, con lo que aclaran que incluso puede ser gratis. También, el hecho de tener poco flujo de facturas y/o clientes al mes (menos de 10 facturas) no es impedimento para poner en marcha el procedimiento.

Fuente: La República

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