Luego de firmar la paz, el Gobierno debe considerar cómo obtener los recursos que se necesitan invertir para que el postconflicto sea un proceso eficaz y exitoso. Ana María Ibáñez, ex decana de Economía de la Universidad de los Andes, explica que la desaceleración y la situación en Colombia, genera un reto para obtener los recursos  para el proceso de paz, sin embargo, está en manos del Gobierno elaborar una estrategia que le facilite llevar los acuerdos de paz a nivel de inversión. Señala, la ex decana de Economía, que en el primer año se requerirán inversiones, pero será el segundo en el que se esperan fuertes demandas de recursos y una mejora en la economía colombiana. 

Redacción INCP a partir del artículo publicado por Portafolio 

Para mayor información, puede referirse al artículo titulado “Sin inversión, los dividendos de la paz no se materializarán” de la fuente Portafolio. 

‘Sin inversión, los dividendos de la paz no se materializarán’ 

Según Ana María Ibáñez, solo hasta el segundo año tras la firma de paz se espera una mejora en la economía. 

Con el acuerdo de paz con las Farc, cuya firma está prevista para el 26 de este mes (septiembre), empieza la tarea para conseguir recursos que permitan atender las necesidades de inversión que trae el posconflicto.

Ana María Ibáñez, exdecana de Economía de la Universidad de los Andes, y quien lideró una investigación sobre el tema, considera que este debe ser un proceso gradual y que no puede descuidarse, pues de esas inversiones dependerá que el país pueda beneficiarse de los dividendos de la paz, que hasta ahora están estimados entre uno y dos puntos porcentuales del PIB.

Sobre este y otros temas, Ibáñez habló con Portafolio.

¿Qué tanto la desaceleración puede afectar la búsqueda de los recursos para el posconflicto?

Eso es sin duda un reto para conseguir los recursos que requiere la puesta en marcha de los acuerdos de paz. Sin embargo, ahora que se logró la firma de los acuerdos y después del plebiscito, el Gobierno deberá diseñar una estrategia para conseguir recursos. La estrechez fiscal es un reto, más no un obstáculo. Además, los acuerdos se deberán implementar en 10 años. Es decir, la inversión será gradual. El primer año se requerirán recursos para varias inversiones pero esperaría que la demanda fuerte por flujo de recursos inicie realmente en el segundo año. En ese momento, la economía estará, ojalá, más dinámica.

¿De qué magnitud cree usted que será el dividendo de la paz?

Es difícil, pero la mayoría de estudios estiman que estaría entre uno y dos puntos porcentuales del PIB. Es importante aclarar que los dividendos no se materializarán si no se realizan las inversiones necesarias para que así sea. No podemos esperar que inmediatamente se perciba el incremento de uno o dos puntos porcentuales. Esto será gradual y dependerá de las inversiones que se realicen en el marco de los acuerdos. Por otro lado, los costos sociales del conflicto y los costos económicos para la población empezarán a disminuir una vez la violencia cese y las Farc se desmovilicen. Esto implicará más años de educación, mejor salud y mayor ingreso para las familias rurales, entre otros.

¿Cuál cree que debe ser la prioridad para aprovechar el dividendo de la paz?

Las prioridades están establecidas en el acuerdo. Es un acuerdo político y en este se determina la ruta a seguir. En términos de desarrollo económico, las inversiones en el sector rural son fundamentales. El campo está rezagado en sus indicadores económicos y sociales. Esto responde a la débil presencia del Estado, la baja inversión pública y la poca provisión de bienes sociales y públicos. El acuerdo es una oportunidad para reducir este rezago.

¿Cree que en la reforma tributaria debería incluirse la financiación de los costos del posconflicto?

Por supuesto. Somos los colombianos quienes deberemos financiar las inversiones que requiere el acuerdo. Si bien recibiremos algún apoyo internacional, los recursos provendrán del país. Esta reforma debe ser bien diseñada. No se puede ahorcar al sector privado. La reforma debe eliminar los impuestos que frenan la inversión. Necesitamos un sector productivo dinámico e innovador. La estructura tributaria actual es inadecuada. Sin embargo, es necesario un compromiso del Gobierno Nacional y local para reducir las ineficiencias y eliminar la corrupción. No podemos continuar haciendo reformas tributarias cuyos recursos se pierden parcialmente en la ineficiencia y la corrupción.

El sector agropecuario será clave en la consolidación de la paz. ¿Qué opina de que este haya sido uno de los sectores a los que más les recortaron recursos en el presupuesto de 2017?

El sector agropecuario será fundamental para los acuerdos de paz. Pero los recursos al campo deben estar amarrados a una buena política para promover la producción agropecuaria y el desarrollo rural. Si esta política es débil e ineficaz, no se deben asignar recursos sin un norte claro.

¿Cómo ve a la economía colombiana en el mediano y largo plazo?

Es muy difícil prever cómo estará la economía en 10 años. Pero esperaría un país más dinámico económicamente, con una mejor distribución de los ingresos y la riqueza, y con la mente puesta en el futuro. La guerra ha sido un lastre no solo económico, sino mental. El que podamos dejar la guerra atrás nos permitirá concentrar nuestras energías de una manera más positiva.

¿Cuáles cree usted que serán los negocios que genere la paz?

Estoy segura de que, si se hacen las inversiones y las políticas requeridas en el sector rural, se podrán generar muchos negocios en las áreas rurales. La tierra en Colombia no se explota a su máxima capacidad.

El acuerdo de paz habla de entrega de tierras a campesinos despojados de ella, pero al mismo tiempo dice que se respetará la propiedad privada. ¿La idea es que la política de tierras se circunscriba a los baldíos?

Se puede entregar tierras a la población campesina y respetar la propiedad privada. El país cuenta con varias fuentes de tierras que se podrían usar en el marco del acuerdo de tierras: los baldíos de la Nación, las tierras de extinción de dominio, los baldíos indebidamente apropiados, entre otros. No es necesario emprender una reforma agraria expropiativa para alcanzar las metas del acuerdo. Y también es importante enfatizar: durante el conflicto armado no se respetó la propiedad privada de la población campesina. Muchos fueron despojados de sus tierras y desplazados. Los procesos de restitución de tierras deben ser vistos como procesos para restituir la propiedad y protegerla. 

Fuente: Portafolio