La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, presentó el Decreto 1348, el cual regula la gestión empresarial de los negocios de libranzas. La nueva normativa tiene como objetivo reducir los riesgos de fraude en las operaciones y elimina la incertidumbre acerca de las inversiones en las libranzas. El Decreto también permite que las entidades de regulación, control y vigilancia (SuperSociedades y SuperFinanciera), obtengan más instrumentos para controlar la actividad de las libranzas en el país, por medio de exigir al vendedor de libranzas dar a conocer los riesgos implícitos en las operaciones de venta al comprador. 

Redacción INCP a partir del artículo publicado por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Para mayor información, puede referirse al artículo titulado “Mayor control a negocio de libranzas, un paso más hacia la transparencia empresarial: Mincomercio” de la fuente Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Mayor control a negocio de libranzas, un paso más hacia la transparencia empresarial: Mincomercio

La expedición del decreto 1348 por parte del Gobierno se convierte en una nueva herramienta de control para hacer más transparente la gestión empresarial, relacionada con el negocio de las libranzas, pues minimiza los riesgos de fraude en esta clase de operaciones extrabancarias, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

Con la norma se pone fin a la incertidumbre en materia de inversiones a través del modelo de libranzas en Colombia, una modalidad de crédito que es llamativa por ofrecer tasas de interés atractivas, menores requisitos y acceso a recursos de una manera más ágil.

De esta manera, la SuperSociedades y la SuperFinanciera adquieren más herramientas para controlar la práctica comercial de esa figura financiera, lo que reduce riesgos a los inversionistas, amplia el espectro a más personas naturales que quieran participar y regula el sistema. Con el nuevo marco normativo, se exige al vendedor de libranzas revelar al comprador los riesgos que son inherentes a las operaciones de venta. De esta forma se brindan mayores garantías y se llena el vacío legislativo que había hasta este momento.

Por otro lado, la nueva normatividad reglamenta la revelación de información, figura que busca aclarar todos los términos del negocio para que desde un principio los actores de la cadena conozcan los estados financieros de las demás partes. Esto hace que el inversionista decida si asume o no los riesgos que pueden afectar el recaudo de las amortizaciones del crédito.

Con esta normatividad se aclaran 4 temas relevantes a quienes hacen parte de ese negocio:

1. Deber de información: conocimiento de los estados financieros de todas las partes que confluyen en el negocio.
2. Reportes: tanto las Superintendencias como los inversionistas podrán solicitar informes periódicos sobre los estados de las inversiones y los riesgos parciales que puede llegar a tener el cliente del crédito.
3. Pagadurías: estas no tendrán barreras para el flujo correcto de información entre autoridades e inversionistas. Así se hace transparente el manejo de los dineros tanto para las autoridades de control como para el inversor.
4. Vigilancia: La Superintendencia de Sociedades actualmente vigila a la empresa o sociedad en referencia, pero no la relación que la misma tiene con sus clientes. A través de este decreto, la SuperSociedades podrá intervenir en dichas relaciones y llevar un control de las mismas en materia financiera para generar alertas tempranas. 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo