El Presidente Juan Manuel Santos objetó dos proyectos de ley que habían sido propuestos por el congreso: la reducción de la cotización de salud de los pensionados al pasar del 12% al 4% y la reducción de 150 semanas al total de 1300 que deben cotizar las mujeres para pensionarse. Para ambos proyectos se presentaron objeciones que van en el mismo sentido, al señalar que tendrían un impacto negativo en la sostenibilidad económica del Estado. El Gobierno indicó que el congreso debería añadir propuestas que permitan recaudar el dinero que se dejaría de percibir. Ante esto, el presidente del congreso, Mauricio Lizcano, dijo que espera que no se les hagan modificaciones a los proyectos, lo que pondría a la Corte Constitucional a definir qué ocurre con esas propuestas. 

Redacción INCP a partir de los artículos publicados por la Presidencia 

Para mayor información, puede revisar los artículos titulados “Gobierno objeta proyecto de ley por fuerte impacto al sistema de salud. La decisión protege la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el esquema de subsidios cruzados que hoy beneficia a una buena parte de la población, entre otras” y “Protegida sostenibilidad financiera pensional con objeción de proyecto de ley” de la fuente Presidencia.

Gobierno objeta proyecto de ley por fuerte impacto al sistema de salud

​La decisión protege la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el esquema de subsidios cruzados que hoy beneficia a una buena parte de la población, entre otras. 

El Gobierno Nacional objetó este martes el proyecto de ley por el cual se modifica la cotización mensual el régimen contributivo de salud de los pensionados, por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia.

La decisión adoptada protege, entre otras, la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el esquema de subsidios cruzados que hoy beneficia a una buena parte de la población.

Entre otros, el citado proyecto adolece de vicios de su formación, dado que la votación del informe de conciliación, carecía de unanimidad, se eludió el debate parlamentario y no fue saneado.

De la misma forma, la exención tributaria que contempla la citada iniciativa no cuenta con el aval del Gobierno.

También se considera que el proyecto es violatorio de los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como de los de solidaridad y progresividad de la seguridad social.

El proyecto propone una modificación a la carga impositiva de un grupo específico de contribuyentes, omitiendo analizar su capacidad contributiva, la progresividad del sistema de salud, y la capacidad contributiva del resto de contribuyentes que pertenecen al sistema.

Se violan los principios de solidaridad y progresividad en la seguridad social en la medida en que la iniciativa disminuye las fuentes de recursos en beneficio de un grupo específico de aportantes, lo que dificulta la ampliación de cobertura de servicios, la prestación del servicio de salud de afiliados y rompe con el esquema de subsidios cruzados que sustenta el sistema de salud.

La medida incorporada por el proyecto de ley se estima regresiva en la medida en que priva al sistema de saluda de una importante fuente de financiamiento, sin establecer cómo se va a sustituir.

También pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de una gran parte de la población, estimada en cerca de 4,4 millones de afiliados.

Lo anterior, debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios de salud a los que actualmente tienen derecho, por cuenta de la eliminación de una importante fuente de recursos, afectando a la población más necesitada.

La iniciativa compromete la financiación del Sistema de Salud pues genera un impacto fiscal promedio anual de $3,7 billones, entre el 2017 y el 2022.

En un horizonte de 20 años, el valor presente neto del impacto ascendería a $100 billones a precios del 2017, entre el 2017 y el 2035.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo recientemente las razones de la objeción, entre ellas, que el Congreso de su propia iniciativa no puede tomar la decisión de bajar las tarifas de los tributos, al tiempo que indicó que el Gobierno fue consistente a lo largo de todo el debate en que no la avalaba, por lo que hay un vicio en la constitucionalidad.

De la misma forma, mencionó que en la votación del informe de conciliación en la Plenaria del Senado se hicieron cerca de 5 votaciones, algunas de ellas sin el quórum suficiente.

También, que es un proyecto que le baja cotización a salud tanto al pensionado del salario mínimo como al pensionado que recibe una pensión de 18 millones de pesos.

Protegida sostenibilidad financiera pensional con objeción de proyecto de ley

​El Gobierno considera que objetar la iniciativa de reducir las semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres, también garantiza los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social. 

El Gobierno objetó un proyecto de ley que establecía la reducción de las semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres, con lo cual no solo se garantiza los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social, sino que protege su sostenibilidad financiera.

De la misma forma, consideró que la iniciativa e inconstitucional, dado que establece un beneficio tributario sin el aval expreso del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno consideró que el Legislador omitió en este caso el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al régimen pensional, lo cual constituye una violación directa del mandato contenido en la Constitución.

La iniciativa tiene un impacto financiero directo en la sostenibilidad financiera del régimen de prima media, por la reducción del recaudo de las cotizaciones y el aumento relativo del pasivo pensional, por lo que era deber del Congreso prever un mecanismo de financiación de la medida adoptada.

El incumplimiento de este requisito tiene como consecuencia la inconstitucionalidad de la norma propuesta.

Igualmente, el Gobierno considera que la creación de este mecanismo rompe el diseño de reparto de cargas públicas que atraviesa el régimen de prima media e impone obligaciones excesivas en favor de los demás afiliados al sistema, sin prever medidas para moderar el impacto financiero del proyecto.

Lo anterior también resulta contrario a los principios de solidaridad y eficiencia que informan el derecho a la seguridad social, pues consagra un privilegio cuya financiación está a cargo de grupos poblacionales en situación de debilidad, que tendrán que asumir cargas adicionales para financiar la reducción de las semanas de cotización.

Fuente de ambas noticias: Presidencia