El pasado 15 de marzo, la Comisión Europea aprobó una versión menos exigente de la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad Corporativa para las empresas que operan en Europa, esta norma busca que las grandes organizaciones asuman responsabilidad por los impactos de su gestión en el medioambiente y los derechos humanos, tanto en el continente europeo como fuera de este.

Recordemos que la versión anterior de esta directiva aplicaba para empresas con 500 o más empleados y una facturación igual o superior a 150 millones de euros anuales. Así pues, las condiciones de la nueva legislación aprobada aplican para empresas de 1.000 o más empleados y con facturación anual de 450 millones de euros o más.

Con esos cambios, se estima que se reducirá el número de empresas impactadas al 30 %, respecto del alcance original. Esto se traduce en aproximadamente el 0,05 % del número total de empresas que operan en la unión europea (UE).

Esta directiva se implementará gradualmente de la siguiente manera:

• Empresas con al menos 5.000 empleados y 1.500 millones o más de facturación anual se verán impactadas en 3 años.
• Empresas con al menos 3.000 empleados y 900 millones de euros o más de facturación se verán impactadas en 4 años.
• Empresas con al menos 1.000 empleados y 450 millones de euros o más de facturación se verán impactadas en 5 años.

Ante esto, Wies Willems, oficial de Políticas de Materias Primas de la organización de derechos humanos Broederlijk Denle, afirmó:

Es un elemento fundamental de la agenda política de la Unión Europea. La «ley de materias primas críticas”, que tiene como objetivo mejorar el acceso a minerales estratégicos, aumentará la presión en países de América Latina que, sin esa legislación, contarán solo con instrumentos comerciales sin herramientas jurídicamente vinculantes para la protección de derechos humanos y medioambiente.

Redacción INCP