El INCP se encuentra en desacuerdo con proyecto que busca suprimir las contralorías regionales, la AGR y la CGN
Bogotá, 31 de julio de 2020
El Instituto Nacional de Contadores Público (INCP), gremio de profesionales de la contaduría más grande y representativo de Colombia, expresa a la opinión pública que se encuentra en total desacuerdo con el Proyecto de Acto Legislativo, “Por medio del cual se modifica el artículo 272 y se eliminan los artículos 274 y 354 de la Constitución Política de Colombia”, radicado el pasado 20 de julio en el Congreso de la República, al proponer suprimir las contralorías regionales, la Auditoría General de la República y la Contaduría General de la Nación.
Asignar la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios a la Contraloría General de la República centralizaría el control en un único organismo y puede resultar ineficiente. El Instituto considera que la austeridad y eficiencia de las instituciones del Estado deben fortalecerse para que esto se vea reflejado en mejores resultados en las finanzas públicas; así las cosas, sería muy conveniente hablar de una restructuración de los organismos de control enfocada en potencializar su eficiencia y transparencia, y no en suprimirlas.
Desde su creación en el año 1996, la Contaduría General de la Nación (CGN) se ha consolidado como una entidad proveedora de información para la gestión y el control de las entidades públicas. Esta entidad ha liderado la creación de un nuevo sistema de contabilidad pública en el país y gracias a ello, hoy somos pioneros en proveer información contable pública de calidad, bajo normas internacionales basadas en el devengo. Los resultados de la destacable gestión de la CGN se reflejan en la disponibilidad de información precisa y oportuna sobre la realidad financiera, económica, social y ambiental de las diversas entidades públicas que conforman el Estado colombiano. La Contraloría General de la República debe enfocarse en el control del buen uso de los recursos y bienes públicos, darle facultades para regular la contabilidad general de la nación −como se propone en el proyecto de Acto Legislativo− resulta inapropiado porque estaría a cargo de una misma entidad el control fiscal, el registro y la rendición de cuentas de todas las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas ejerciendo como juez y parte de los procesos.
Al defender la permanencia de las contralorías regionales y la Contaduría General de la Nación también defendemos la permanencia de la Auditoría General de la República como organismo de vigilancia de la gestión fiscal, garante de transparencia y fiabilidad en el ámbito público.
