Antes de la aparición de la crisis del covid-19, los delitos financieros eran el primer problema que se les venía la mente a los legisladores, a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y demás partes interesadas a nivel global, entre otras, a la profesión contable. Por una buena razón: la magnitud de los delitos financieros es increíble si se tiene en cuenta que los cálculos globales van desde USD $ 1,4 billones a USD $ 3,5 billones anuales y lo que subyace tras estos billones de dólares es la delincuencia que atenta contra las economías y las sociedades en todo el mundo.

En los meses posteriores, la pandemia de covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la vida y el sustento de millones de personas en todo el mundo. En consonancia con los impactos humanos y económicos, ha habido una expansión sin parangón del gasto del sector público, que se ha puesto en marcha con rapidez y de manera legítima en medio de un clima de mentalidad de gestión de crisis.

Al mismo tiempo, los mecanismos de respuesta ante el covid-19 han tenido el desafortunado efecto secundario de crear nuevas oportunidades para la corrupción, el soborno y el fraude. Como lo reconoció recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “esta crisis crea oportunidades para que haya muchas violaciones de la integridad y podría intensificar el fraude y la corrupción, especialmente en la contratación o adquisición pública, los paquetes de estímulo económico y las organizaciones públicas. Esto podría socavar significativamente la capacidad de acción del gobierno”.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (contra el Blanqueo de Capitales) (GAFI), el ente de establecimiento de normas de lucha contra el lavado de dinero, también ha abordado este problema al señalar lo siguiente: “El aumento de los delitos relacionados con el covid-19, tales como el fraude, los delitos informáticos, la malversación o uso indebido de recursos gubernamentales o asistencia financiera internacional, está creando nuevas fuentes de ganancias para actores ilícitos”. Así que, si bien la crisis del covid es nueva, ha reiterado la importancia de las prioridades previas a la misma, por ejemplo, la lucha contra los delitos financieros, tales como el lavado de activos.

Aunque se han logrado avances significativos en la lucha contra el lavado de activos durante las últimas décadas, todavía queda mucho por hacer. David Lewis, secretario ejecutivo del GAFI, recientemente expresó lo siguiente: « Yo resumiría los resultados diciendo “a todo el mundo le está yendo mal, pero a algunos les está yendo peor que a otros” ». Al reconocer esto, es importante que todas las partes interesadas intensifiquen sus actividades de lucha contra el lavado de activos y demás delitos financieros.

Enfoques hacia la transparencia

Para descubrir y luchar contra los flujos financieros ilícitos, se requiere de información, por ejemplo, sobre quién es el dueño o, en última instancia, quién se beneficia de alguna empresa que participe en actividades posiblemente ilegales: a saber, los usufructuarios. Ocultando o encubriendo a los usufructuarios de sus activos, los malhechores ocultan sus actividades, sus ganancias provenientes de delitos y sus identidades reales. Por consiguiente, el acceso oportuno a información precisa sobre derechos de usufructo desempeña un papel fundamental para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y demás autoridades, en la identificación, prevención y enjuiciamiento de delitos financieros tales como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal, entre otros. En este contexto —agudizado aún más por la pandemia de covid-19 y los mecanismos de respuesta—, la IFAC y la organización CPA Canada han publicado un nuevo informe sobre los enfoques mundiales hacia la transparencia en la figura del usufructo con opiniones de parte de la profesión contable.

Las normas del GAFI respaldadas internacionalmente han sido coadyutorias a la hora de estimular el avance en los procesos de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En las Recomendaciones del GAFI se identifica la información sobre derechos de usufructo como factor clave a la hora de luchar contra estos delitos y ofrecer opciones con el fin de que los legisladores nacionales integren, de modo eficaz, tal información en sus marcos nacionales.

Mediante nuestro informe, se da una mirada a cada una de estas opciones y se analizan las soluciones intermedias que deben aparecer con cada una de aquellas. De especial interés es la estrategia de registro público con el fin de obtener información sobre derechos de usufructo. Fundamentalmente, se trata de páginas web en las que cualquier persona puede introducir el nombre de una empresa y acceder a la información sobre los usufructuarios. En los últimos años, gran parte del debate sobre los derechos de usufructo se ha centrado en los registros públicos. Aunque no está estipulado en las recomendaciones del GAFI, la estrategia de registro público la elogian algunas organizaciones de la sociedad civil tales como Transparencia Internacional. En lo que respecta a la implantación, se ha adoptado una estrategia de registro público en el Reino Unido y, actualmente, se está lanzando en toda la Unión Europea conforme a la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales.

Centrarse en los resultados

Sin embargo, al tener en cuenta lo que estamos tratando de lograr, la situación con los registros públicos se vuelve más complicada. En primer lugar, la prioridad es poner información utilizable y fiable en manos de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y demás autoridades, de modo que puedan tomar medidas oportunas para prevenir y capturar a quienes se dedican al lavado de activos. En el segundo caso, esta información debería estar disponible para prestadores de servicios, tales como bancos, abogados y contadores, de modo que puedan cumplir eficazmente con sus obligaciones correspondientes a las reglamentaciones sobre conocimiento de la identidad de sus clientes.

Los registros públicos sobre derechos de usufructo tienen beneficios claros. Sin embargo, hay una pregunta abierta en cuanto a la medida en que un registro accesible al público mejora los resultados desde una perspectiva de prevención y vigilancia del cumplimiento de normas de lucha contra el lavado de dinero. La decisión, de una jurisdicción, de adoptar un registro público sobre derechos de usufructo no es una solución inmediata a la hora de garantizar que las agencias de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de un país tengan acceso a información precisa de manera oportuna. Lo mismo ocurre con los prestadores de servicios profesionales que piensan en cumplir con sus obligaciones de conocer la identidad de sus clientes.

Para que la información de un registro sea utilizable para las autoridades en general y las encargadas de hacer cumplir la ley, debe estar totalmente actualizada y debe ser precisa. No se trata de un desafío insignificante, especialmente si se tiene en cuenta el gran número de empresas y usufructuarios en jurisdicciones más grandes y activas. Las preocupaciones en cuanto a la privacidad también tienen un papel significativo en el debate, ya que es posible que la divulgación de información sobre derechos legítimos de propiedad se convierta en una herramienta que los malhechores pueden aprovechar.

Para ayudarles a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a hacer su trabajo con eficacia, los registros públicos tienen que ofrecer información actualizada y verificada, al tiempo que minimizan los riesgos que amenazan la privacidad y la seguridad personales. En resumen, con el fin de aprovechar todo su potencial, es necesario que los registros públicos se hagan bien, y no son la solución para detener el lavado de activos en sí mismos.

La profesión contable como aliado comprometido

En el informe de la IFAC y CPA Canada se analizan estos asuntos junto con las perspectivas de varias PAO (organizaciones profesionales de contaduría, por sus siglas en inglés) líderes en todo el mundo. El informe se centra en las complejidades de la transparencia en la figura del usufructo con el fin de prestar asistencia a los legisladores en todo el mundo a medida que trazan el mejor camino que se ha de seguir.

La profesión contable a nivel mundial es un aliado comprometido en la lucha contra el lavado de activos y los delitos financieros —una lucha que es más importante ahora que nunca—.

Por Scott Hanson – Traducción INCP

“Este documento titulado “Atando cabos en lo que respecta a los derechos de usufructo” que la Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicó en inglés en mayo de 2020, lo ha traducido al español el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) en junio de 2020 y se utiliza con permiso de la IFAC. El texto aprobado de todas las publicaciones de la IFAC es aquel que la IFAC publique en lengua inglesa. La IFAC no asume responsabilidad por la exactitud y completitud de la traducción ni por ninguna medida que se tome como consecuencia de lo anterior.

Texto en inglés del documento titulado “Atando cabos en lo que respecta a los derechos de usufructo” © 2020 cuyo autor es la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado “Atando cabos en lo que respecta a los derechos de usufructo” © 2020 cuyo autor es la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Título original: “Connecting the Dots on Beneficial Ownership”

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