¿Qué pasará con el dinero del nuevo impuesto a los combustibles?

¿Qué pasará con el dinero del nuevo impuesto a los combustibles?

impuestogasolinaacpmEntre los impuestos que llegan con la nueva reforma está uno que afecta directamente a los combustibles: gas licuado, gasolina, kerosene, jet fuel, ACPM y fuel oil; todos tendrán un aumento que va desde los $95 hasta los $177 por galón. Si bien se trata de un gravamen que varios países aplican para desincentivar el uso de los vehículos, acá lo presentan como parte de las medidas que el Gobierno requiere para recaudar más dinero. Además, no se sabe la destinación de lo recaudado y nada permite establecer que es para mejorar la calidad de los combustibles actuales o implementar medidas que ayuden al uso de vehículos eléctricos.

Redacción INCP a partir del artículo publicado en Revista Motor por José Clopatofsky

Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “No carbonizar el nuevo impuesto” de la fuente Revista Motor. 

No carbonizar el nuevo impuesto

Puede ser que desde el próximo primero de enero, a la par con el alza tradicional de la gasolina con la cual el Gobierno nos desea “feliz año”, empecemos a pagar todos otro impuesto sobre los combustibles llamado “al carbono”.

No es cosa de centavos. Con los valores presentes, el gas licuado sube 95 pesos galón; la gasolina, 135; el kerosene y jet fuel, 148; el ACPM, 152 y el fuel oil, 177.

Es un impuesto que rige en muchos países del mundo y que castiga las emisiones de dióxido de carbono de los motores térmicos. Perfecta y verde tesis desde el punto de vista ecológico. Pero que tal como la plantea la reforma tributaria que el Gobierno empuja, solamente está prevista para generar un nuevo recaudo sin destinación específica y cuyos billones de pesos irían a la caja del gasto del Gobierno, que es tan elástica como poco conocida. Y si tiene alguna precisión es que meterán esa plata al famoso fondo de estabilización de precios de los combustibles, donde también la ida y venida de los fondos es bastante misteriosa.

Este es el momento cuando los congresistas, que ojalá tengan tiempo de leer toda la letra menuda de la reforma propuesta y pongan su responsabilidad por delante, le agreguen a este rengloncito el párrafo que le falta, que no es otro diferente a fijarle una aplicación específica y única a ese nuevo tributo, que debe ser la mejora de los elementos que componen la cadena de las emisiones de los combustibles fósiles en todo tipo de operaciones, desde la aérea hasta las de los motores de las guadañas jardineras.

En ‘articulitos’ somos expertos al más alto nivel y sus pasados impulsores tienen asiento en el parlamento actual, luego un intento más, esta vez en el buen camino para la mejor vida de toda la comunidad, es urgente y se les agradecería mucho.

Partamos de una base: el mayor agente contaminador del medio ambiente es el propio Gobierno, pues los combustibles que nos vende en materia de gasolina y ACPM tienen especificaciones que si bien han mejorado, distan mucho de las últimas características técnicas que se usan en el mundo y al tenor de las cuales se fabrican y venden los motores limpios de ahora.

El caso más dramático es el del jarabe para los motores diésel, cuya composición de azufre no permite el uso de los motores de las normas Euro V que mandan en el mundo y por consiguiente es imposible operar los vehículos, léase buses y camiones de todas las tallas, que son los que más tiempo permanecen en las calles exostando y en lugares de alta concentración de vehículos y gente. Tampoco clasifica la gasolina.

Si esa platica del famoso impuesto al carbono se destinara con obligación a modernizar las dos refinerías para que entreguen gasolinas y ACPM de última generación, sería más que explicable el sobrecosto.

Si se emplea en generar un escenario en el cual tengamos vehículos que no usen combustibles fósiles –hablamos de eléctricos o al menos de híbridos–, también sería plausible su vigencia. Pero en este campo tampoco hay políticas diferentes a eximirlos del pico y placa y que no paguen arancel –lo cual es algo básico–, pero no hay un proyecto de montar una infraestructura de recargas, de precios diferenciales de la energía y de todos los subsidios y apoyos estatales que requiere el desarrollo del vehículo eléctrico. Y para rematar, hay un cupo máximo de 750 unidades, lo cual es una barrera legal absurda y contraria a un impuesto como el que proponen. Dicen que esa norma está en revisión, pues venció en septiembre pasado y en este momento esas importaciones no se pueden hacer porque no hay reglas vigentes.

Todo es tan inconsistente que el debate parlamentario a la reforma tributaria merece una escala para revisar lo que se quiere imponer atropelladamente, porque si dejan pasar eso así no más, quiere decir que el país carbonizará unas gruesas sumas de dinero sin ningún efecto en la mejora del ambiente para la cual pretende cobrarlo. 

Fuente: Revista Motor – José Clopatofsky

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