¿Qué está pasando con la Junta Central de Contadores? Parte II

¿Qué está pasando con la Junta Central de Contadores? Parte II

Por: Daniel Sarmiento Pavas
Socio-Director Audit and Consulting Services SAS

Como indicábamos en nuestro anterior artículo, las cosas no andan bien en la entidad que ejerce la disciplina de la profesión contable. Es natural que, en casos como este, se presenten posiciones polémicas, pero no pretendemos aquí tomar ninguna posición sino atenernos exclusivamente a los hechos.

No puede negarse que se está generando una preocupante afectación a la profesión, a la administración de justicia disciplinaria, a los fondos utilizados en los trabajos de evaluación efectuados y a los mismos dignatarios del Tribunal, que ven cómo se acumulan sus expedientes.

Algunos datos que ha generado esta situación son:

• Más de 1.900 expedientes acumulados sin trámite en el Tribunal.

• Ningún proceso abierto por incumplimiento de la nueva normatividad sobre ética y aseguramiento.

• Más de 5.000 visitas efectuadas en todo el país, sin efectos prácticos para fines disciplinarios, con un costo de más de $2.000 millones de pesos, según lo expresan algunos miembros del Tribunal. +

• Alrededor de 25 personas trabajando en inspección, cuyo trabajo, a pesar de que ha permitido alguna concientización en los profesionales sobre la aplicación de la nueva normatividad de ética y aseguramiento, termina en un punto muerto.

• Un altísimo grado de caducidad en los procesos disciplinarios por problemas de gestión. El nivel se estima en un 62%. Esto significaría que de los expedientes abiertos, alrededor de 1.200 están condenados a la caducidad, con el grave riesgo de permitir que contadores públicos con violaciones éticas sigan ejerciendo sin consecuencias.

Solo mencionamos aquí algunas de las situaciones observables, pero con seguridad hay más datos preocupantes. Por ejemplo, según datos de la Unidad, se pasó de 303 casos abiertos en 2014 a 1913 a octubre de 2019. Esto muestra la grave crisis existente, porque estamos hablando de los mismos 7 dignatarios y en las mismas o inclusos peores condiciones de ejercicio. Mientras la planta de la Unidad casi se ha duplicado, el Tribunal no ha mejorado su configuración ni sus recursos, produciendo la acumulación de expedientes a la que nos hemos referido.

El 20 de noviembre pasado, tres de los miembros del Tribunal dirigieron un oficio al ministro, solicitando la intervención de la Unidad y una mesa de trabajo para reformar el Decreto 1955 de 2010. Esto lo sustentan, entre otras cosas, en la interpretación contradictoria de este decreto a la que nos referíamos en el pasado artículo. Es decir, asumir que a partir de la conversión de la Junta en Unidad Administrativa Especial, el Tribunal Disciplinario es tan solo un componente de la Unidad.

¿Cuál es la solución para estos males? ¿Será el cambio del Director, al que es evidente que se le ha salido de las manos el manejo de la Junta y no ha sabido manejar las relaciones con el Tribunal?

En nuestra opinión, cuando hay una situación grave se necesitan acciones de urgencia y no se puede recurrir solo a un tratamiento lento. Es decir, hay que operar de urgencia al paciente, pero luego hay que recuperarlo.

Algunas de las acciones que no dan espera, a nuestro modo de ver, son:

  • Conciliación urgente entre los funcionarios de la Unidad y el Tribunal. Esto lo hemos sostenido desde la anterior administración, donde comenzó el conflicto. Es un absurdo que la Junta siga haciendo evaluaciones por su lado y el Tribunal rechazando los resultados por el suyo. Como ya lo hemos sostenido, esta lucha de poder solo genera perjuicios y ningún beneficio. Es mandatorio que haya acuerdo en torno a este modus operandi. Puede haber argumentos a favor y en contra de lo que ha venido haciendo la Junta con las visitas, pero el hecho es que hay un trabajo grande y costoso que no se puede botar a la caneca. Esto genera múltiples efectos nocivos para la profesión: pérdida de credibilidad en la función de inspección; desperdicio de capacitación, de fondos, de esfuerzo, de tiempo; inoperatividad de la normatividad; relajamiento de la práctica profesional, etc.Más allá de la discusión acerca de que el Tribunal no haya ordenado las inspecciones o que la Unidad no tenga facultades de inspección, no se puede incurrir en un detrimento patrimonial por esta pugna. Los informes levantados por las visitas que muestren indicios de incumplimiento normativo deben ser tomados en serio por el Tribunal, pero para ello, se requiere que haya voluntad de ambas partes, lo cual no se observa por ningún lado.

    Es cierto que abrir una investigación disciplinaria es algo que debe ser tomado con mucho cuidado, porque se trata de poner en juego la vida profesional de una persona. Pero no por eso puede dejarse pasar por alto el incumplimiento técnico, que genera graves consecuencias para la confianza pública. No se trata de defender posiciones ideológicas; se trata de hacer cumplir la regulación y nos guste o no, la regulación incluye la obligatoriedad de la aplicación el Código de Ética Internacional, de la Normas Internacional de Control de Calidad y de las Normas Internacionales de Auditoría, cuando corresponda.

    Es cierto que se trata de un proceso de aprendizaje de todos los actores y que para muchos contadores es un tema nuevo y que implica esfuerzo y tiempo. Pero cuando las visitas revelan violaciones recurrentes a la obligación técnica y legal, nos parece que hay elementos para abrir una investigación. Por mucho menos se abren procesos disciplinarios. No hacerlo le quita toda la seriedad a la imagen de la Junta e incentiva el incumplimiento.

  • Debe reconocerse que el Ministro se equivocó en el nombramiento del Director. Se trata de un funcionario que no tiene la suficiente experiencia ejecutiva y el potro lo está tumbando. Su afán de sacar adelante un proyecto normativo sin el consenso de los actores involucrados, donde hay cosas muy discutibles que pueden resultar siendo remedios peores que la enfermedad, le ha consumido un esfuerzo inútil que ha soslayado el que tiene que dedicarle a ejercer su cargo. No es este el espacio para analizar en detalle su propuesta, pero valga decir que la idea de unificar el Consejo Técnico y la Junta en una sola unidad fue propuesta por nosotros hace más de 7 años. Este no es el problema, sino la razón de hacerlo, la forma como se haga y los objetivos que se persigan, nada de lo cual parece tenerlo claro el actual director, lo que lleva a efectuar la propuesta de una serie adicional de cambios desarticulados y peligrosos para el futuro de la profesión.Adicionalmente, el manejo de la nómina ha sido equivocado, efectuando cambios no justificados que han afectado la estabilidad y el curso de los procesos, incrementando el riesgo de caducidad. Este es el problema que se genera con la politización de las entidades técnicas.
  • Es necesario destrabar la discusión jurídica sobre la caducidad de los procesos relativos a asuntos violatorios del régimen tributario. Esta situación tiene divido al Tribunal entre los que piensan que la acción caduca a los 3 años para todos los casos y los que opinan que en el caso de asuntos tributarios prescribe a los 5, de acuerdo con los artículos 638 y 659 el Estatuto. La diferencia de criterios está generando una acumulación de procesos por falta de quórum decisorio, debido que se requieren 5 votos de 7 para aprobar, número que no se logra desde hace varios años.
  • El Ministro debe intervenir de manera urgente en este este conflicto, por lo menos para dirimir los temas mencionados que están ocasionando la semi parálisis de la Junta. Por supuesto, también debe ponerles cuidado a los temas de fondo, porque no puede desatender una profesión que congrega casi 300.000 profesionales y tiene un impacto social y económico tan grande en el país.

Algunos termas de fondo que requieren solución cuanto antes son:

  • La muchas veces cuestionada estructura del Tribunal. El modelo de dignatarios ad honorem es absolutamente obsoleto e inoperante. Este es un cambio que pide a gritos toda la profesión. Los representantes, la forma de designación y la naturaleza de los dignatarios son asuntos que no dan más espera.
  • La aclaración normativa de la estructura de la Unidad. ¿Es el Tribunal parte de la Unidad o es laUnidad el apoyo administrativo del Tribunal? Como lo mencionamos en el pasado artículo, elTribunal debe actuar como consejo directivo y el director no debe tener atribuciones misionalesporque esto desvirtúa la esencia de la Junta según el espíritu del legislador cuando se creó. Eldirector está para administrar pero no para desarrollar funciones técnicas. Si la regulación actualpermite esa interpretación, entonces hay que ajustarla. Como siempre lo hemos dicho, la Unidaddebe girar en torno a la Junta y no la Junta en torno a la Unidad.

Este es un tema que da para mucho más, pero que, sin lugar a dudas, requiere acciones urgentes. Ojalá el Ministro ponga cartas en el asunto y le dé a este problema la relevancia que tiene, porque como va desenvolviéndose, no se ve un futuro despejado y claro para la profesión.

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