La cultura moderna está basada, en buena parte, en las imágenes. La celeridad de los cambios que se dan en distintos ámbitos hace que la atención del ciudadano se sature con una gran cantidad de estímulos. Para la mayoría, los temas de las empresas y los organismos públicos resultan confusos.

 En principio, la sobreoferta de información tiene un valor positivo en tanto que permite al espectador tener acceso a una amplia gama de datos y elementos para formar su juicio; sin embargo, esto contribuye a una proclividad por lo inmediato o que no requiere mayor procesamiento o análisis.

 Los mensajes y la imagen de las empresas y las instituciones públicas están sujetos a este contexto. Por ello, considero que existe una necesidad real de mejorar la percepción de accionistas, clientes y ciudadanos, en el caso del sector público.

 La percepción es una variable que ha sido estudiada y analizada en distintas disciplinas científicas. Una de las convenciones al respecto es que la percepción depende de las expectativas de la gente; a su vez, las expectativas se integran con información de periodos previos y con datos coyunturales.

 Así, por ejemplo, la percepción de las entidades públicas o privadas se vincula con la expectativa de su funcionamiento y con la honestidad de quienes las integran. Por esa razón, un elemento clave dentro de la ecuación de la imagen de empresas e instituciones públicas lo constituye el control interno.

 Éste representa un proceso de auto vigilancia que dota de eficiencia, eficacia y economía a las operaciones; otorga confiabilidad a la información financiera y operativa; garantiza que las entidades cumplan con las leyes aplicables, y vigila la adecuada actuación de los servidores públicos.

 Este marco debe estar diseñado y funcionar de tal manera que fortalezca la capacidad para conducir las actividades institucionales hacia el logro de la misión, e impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de objetivos estratégicos de la propia institución, en un ambiente de integridad institucional.

 En este sentido, el modelo emitido por The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), en su última versión de mayo de 2013, se considera internacionalmente como la mejor práctica en la materia.

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Fuente: Revista del Fraude – Por Juan M. Portal