La calidad de la información financiera y no financiera es un pilar esencial para la confianza pública, la toma de decisiones económicas y la credibilidad de un país en los mercados nacionales e internacionales. En Colombia, el marco de aseguramiento de la información ha avanzado de manera significativa en términos normativos; sin embargo, los desarrollos recientes evidencian que el país se encuentra rezagado frente a las mejores prácticas internacionales, situación que debe ser abordada como una prioridad de política pública.
La Ley 1314 de 2009 estableció un modelo de convergencia abierto, transparente y alineado con estándares internacionales, asignando al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) la función de organismo de normalización técnica y la responsabilidad de surtir un debido proceso riguroso antes de recomendar normas a los reguladores. En este contexto, el Comité Técnico de Aseguramiento (CTA) cumple un rol fundamental como instancia técnica ad honórem encargada de analizar la pertinencia, eficacia y aplicabilidad nacional de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI).
Durante los últimos años, el CTA ha adelantado un trabajo técnico relevante, recomendando la adopción de estándares internacionales clave como las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) revisadas (220, 315, 540 y 600), las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 y 2), la NISR 4400 revisada y la actualización del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) 2021. Estas recomendaciones han concluido, de manera consistente, que dichos estándares no resultan ineficaces ni inapropiados para Colombia, no contravienen el ordenamiento legal y no requieren excepciones para su aplicación.
No obstante, el ritmo de adopción y, sobre todo, la coherencia del marco de aseguramiento colombiano, siguen siendo insuficientes frente a la complejidad actual de los negocios y a las expectativas de los usuarios de la información. Persisten brechas relevantes, particularmente en tres frentes críticos: (i) la definición y alcance de las Entidades de Interés Público, (ii) la aplicación diferenciada y proporcional de estándares de aseguramiento para entidades menos complejas, y (iii) la adecuada articulación entre la revisoría fiscal, las NAI y los estándares internacionales de calidad.
En relación con las Entidades de Interés Público, resulta necesario actualizar la definición vigente para armonizarla con las prácticas internacionales, incorporando criterios objetivos como tamaño, impacto socioeconómico, nivel de activos, ingresos y número de empleados, así como la inclusión de emisores de valores hoy no considerados. Esta revisión permitiría aplicar el principio de proporcionalidad y asignar exigencias de aseguramiento acordes con el riesgo y el impacto de las entidades, evitando cargas innecesarias y fortaleciendo la calidad donde realmente se requiere.
Por otra parte, la introducción de la Norma Internacional de Auditoría para Entidades Menos Complejas (NIA para EMC) representa una oportunidad concreta para elevar la calidad del aseguramiento en un amplio segmento del tejido empresarial colombiano, sin sacrificar eficiencia ni pertinencia. Su adecuada incorporación permitiría superar la actual fragmentación normativa, donde coexisten NIA, Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento (ISAE) y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), generando confusión y resultados desiguales en términos de calidad del aseguramiento.
Adicionalmente, los desarrollos recientes en materia de gestión de la calidad (Normas Internacionales de Gestión de la Calidad – ISQM 1 y 2) plantean desafíos importantes para la regulación local, en especial frente al concepto de firma de auditoría, socio del encargo y suficiencia de recursos humanos y técnicos. Estos aspectos exigen una reflexión regulatoria profunda para garantizar que las responsabilidades recaigan efectivamente en quienes tienen la capacidad técnica y profesional para asumirlas, en línea con los estándares internacionales.
Todo lo anterior cobra especial relevancia en un país que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se espera que los marcos de información y aseguramiento sean comparables, confiables y transparentes. La calidad del aseguramiento no es un asunto exclusivamente técnico o gremial; es un factor estructural para la confianza inversionista, la estabilidad del sistema económico y la credibilidad institucional del país.
En este contexto, es indispensable que el Gobierno Nacional reconozca el aseguramiento de la información como una prioridad estratégica, acelerando los procesos regulatorios, fortaleciendo la coherencia del marco normativo y apoyándose en el trabajo técnico adelantado por el CTCP y sus comités. Colombia cuenta con el conocimiento técnico, los estándares y la experiencia; lo que se requiere ahora es decisión, articulación y visión de largo plazo.
Avanzar en esta agenda no solo cerrará brechas frente a otras jurisdicciones, sino que consolidará un sistema de información de calidad, pertinente y transparente, acorde con las exigencias de una economía moderna e integrada al contexto global.
Jorge Eliécer Moreno Urrea
Presidente del Comité Técnico de Aseguramiento (CTA) – CTCP
Vicepresidente del INCP
