La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizó cómo Canadá, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido incorporan los gastos tributarios en sus procesos presupuestarios, en el informe Uso de los gastos tributarios en la presupuestación. Estos gastos corresponden a disposiciones tributarias que reducen o aplazan las obligaciones fiscales, como exenciones, deducciones, créditos tributarios y tarifas reducidas. Aunque disminuyen el recaudo frente al que se obtendría sin esos beneficios, pueden perseguir objetivos económicos y sociales.

El estudio identificó dificultades para integrar estos beneficios en la gestión presupuestaria, debido a que su costo y sus efectos no siempre son visibles en los documentos presupuestarios y las evaluaciones no necesariamente abarcan todas las medidas de forma sistemática. Los cuatro países cuentan con informes específicos sobre gastos tributarios y mecanismos de evaluación, pero la publicación de esos informes no siempre coincide con el ciclo presupuestario. Asimismo, aunque existen reglas fiscales que pueden abarcar tanto los gastos tributarios como el gasto directo, los límites específicos para los primeros son poco frecuentes; Países Bajos constituye una excepción, pues fija límites monetarios para determinadas medidas.

Según las estimaciones del informe para 2022, el costo de los gastos tributarios equivalía aproximadamente a un tercio del gasto público directo en Países Bajos, una quinta parte en Reino Unido, el 15 % en Canadá y el 8 % en Irlanda.

A partir del análisis, la OCDE planteó cinco líneas de acción para fortalecer el control fiscal y la integración de los gastos tributarios en el presupuesto:

• Responsabilidad institucional: involucrar a los ministerios sectoriales, junto con los ministerios de Hacienda o Finanzas, en el diseño, la estimación de costos, el seguimiento y la evaluación de los beneficios tributarios.
• Articulación con el presupuesto: coordinar la información financiera sobre los gastos tributarios con la documentación presupuestaria y presentar estimaciones de costo para las medidas nuevas y existentes.
• Comparación con el gasto directo: exigir que las propuestas de nuevos beneficios tributarios justifiquen por qué son más apropiadas que otras alternativas para alcanzar los mismos objetivos de política pública.
• Límites a su vigencia: aplicar, como práctica general, cláusulas de caducidad que establezcan una fecha de expiración y obliguen a reconsiderar si cada beneficio sigue justificando su costo fiscal.
• Evaluación sistemática: examinar periódicamente si los beneficios cumplen sus objetivos y si sus resultados justifican los recursos fiscales que representan.

El informe también adviertió que, una vez aprobados mediante legislación, los gastos tributarios rara vez son objeto de un examen parlamentario posterior, salvo revisiones puntuales. Por ello, recomienda fortalecer la supervisión legislativa y el control independiente para evaluar sus costos, resultados y pertinencia frente a otras opciones de intervención pública.

Para más detalles, consulte el siguiente documento.

Ver: Use of tax expenditures in budgeting – OCDE – INCP

Redacción INCP