Cada vez que estalla un escándalo empresarial en Colombia, la revisoría fiscal vuelve al centro del debate. Se cuestiona su utilidad, su vigencia y su capacidad real de control. La discusión suele plantearse en dos polos que, aunque relacionados, tienen causas distintas:

• Bajas tarifas y exceso de responsabilidades:

El revisor fiscal ha acumulado obligaciones que van desde certificaciones hasta reportes regulatorios, lo que eleva su nivel de riesgo profesional. A esto se suma un mercado que presiona los honorarios hacia abajo, reduciendo el tiempo y los recursos disponibles para un trabajo profundo. El resultado es una función sobrecargada y, en muchos casos, subvalorada económicamente.

• Baja calidad del ejercicio profesional:

Más allá de las condiciones externas, existe un problema interno: la profesión ha normalizado prácticas de mínima profundidad técnica. Se confunde cumplimiento con control, se reproducen programas genéricos y se emiten informes defensivos que no reflejan la complejidad real del negocio. En demasiados casos, el revisor fiscal ofrece menos de lo que el propio modelo permite.

Aunque los honorarios y las responsabilidades son factores reales, el verdadero descrédito de la revisoría fiscal proviene de su conversión en un ejercicio burocrático, incapaz de generar valor y de anticipar riesgos relevantes.

Programas de auditoría genéricos, matrices de riesgo copiadas y reportes estandarizados generan una sensación documental de seguridad, pero rara vez se traducen en prevención efectiva. La consecuencia es grave: se construye una revisoría fiscal diseñada para resistir una revisión formal, pero incapaz de anticipar riesgos relevantes. El control se convierte en ritual, no en herramienta.

El verdadero valor está en el análisis del negocio y sus riesgos. La revisoría fiscal debe abandonar el enfoque defensivo y adoptar metodologías de gestión de riesgos (COSO[1], ISO[2] 31000[3]), aplicadas al contexto específico de cada entidad.

Volvamos el asunto de los honorarios. Es habitual atribuir las deficiencias a honorarios insuficientes. Aunque este factor es real, no explica todo. Existen encargos razonablemente remunerados que reproducen los mismos vicios: enfoque mecánico, baja implicación del titular y mínima adaptación al riesgo. Esto revela un problema más profundo, la renuncia al juicio profesional. El revisor fiscal se limita a lo que el modelo permite, no a lo que la entidad requiere.

La dignificación de honorarios es necesaria, pero insuficiente. El cambio exige que el profesional defina condiciones mínimas de alcance, rechace encargos inviables y ejerza su criterio técnico con independencia.

Ahora hablemos del exceso de responsabilidades. Es cierto que se han acumulado obligaciones, especialmente certificaciones, que actúan como una trampa que genera en el revisor fiscal cierta sensación de comodidad, en función de las firmas que haya tenido que imprimir. Pero el verdadero problema es la asimetría: se exige un estándar alto de responsabilidad, mientras se tolera un estándar bajo de ejercicio. El mayor riesgo no es la norma, sino la brecha entre lo que se firma y lo que realmente se controla. El informe del revisor fiscal debe ser el documento más sólido. Informes genéricos y defensivos no protegen ni al interés público ni al profesional. Se requieren informes con evidencia clara, conclusiones relevantes y lenguaje directo.

Los modelos tradicionales asumían organizaciones simples. Actualmente, la realidad es otra: grupos empresariales, tercerización de funciones críticas, plataformas tecnológicas y servicios de BPO[4]. En este contexto, insistir en esquemas clásicos equivale a auditar una organización que ya no existe. El riesgo no está en los asientos contables, sino en las interfaces, terceros, sistemas y decisiones automatizadas.

La revisoría fiscal debe evolucionar hacia un enfoque integrado, que combine revisión contable con análisis de procesos, tecnología y gobierno corporativo. Ignorar estos puntos de integración es perder relevancia.

La revisoría fiscal no fracasa cuando señala los problemas existentes; fracasa cuando se acostumbra a no buscarlos.

Para recuperar legitimidad, debemos asumir acciones concretas:

• Rechazar encargos incompatibles con un control razonable.
• Diseñar trabajos basados en riesgos, no en listas de chequeo.
• Asumir presencia activa del revisor fiscal principal, no delegar en exceso.
• Emitir informes con valor agregado, que ilustren a los usuarios y protejan al profesional.
• Adoptar estándares internacionales (NIA[5], COSO, ISO) adaptados al contexto colombiano.
• Dignificar honorarios y tiempos de trabajo, vinculando tarifas a alcance y complejidad.
• Incorporar tecnología: análisis de datos, auditoría continua y monitoreo de sistemas.

La discusión sobre la vigencia de la revisoría fiscal está mal planteada si se limita a reformar el modelo o reducir responsabilidades. El verdadero reto es enfrentar la baja calidad del ejercicio profesional. La revisoría fiscal sigue siendo una herramienta poderosa. Lo que está en crisis no es su diseño, sino la disposición del gremio a ejercerla con la profundidad que exige. El cambio no es solo normativo ni económico: es cultural, metodológico y profesional.

Daniel Sarmiento Pavas
Socio director de Audit and Consulting Services – ACS, firma miembro de SMS Latinoamérica

---

[1] Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, en sus siglas inglés)

[2] Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés)

[3] Gestión de riesgos: directrices.

[4] Servicios de tercerización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés)

[5] Normas Internacionales de Auditoria.