Nada menos popular en este momento del país que una reforma tributaria. Sin embargo, frente a voces de analistas que estiman que tanto el Congreso como el Gobierno le tendrían ‘pereza’ al tema, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que “el compromiso con la reforma estructural es absoluto”.

Los críticos señalan que tanto los eventuales acuerdos de paz como la coyuntura económica mundial, rodeada de incertidumbre, no darían para abrir un debate tributario.

No obstante, la comisión de expertos tributarios, integrada por nueve conocedores del tema, entregó el segundo informe, enfocado en recomendar que se mantenga el régimen tributario especial, pero que no todas las que hoy se catalogan como empresas sin ánimo de lucro (Esal), sean eximidas del pago de gravámenes.

Inclusive, la comisión propone que se graven las asociaciones, fundaciones y corporaciones que actúan sin ánimo de lucro, pero que en realidad no lo son, con tarifa del impuesto de renta del 20 por ciento sobre excedentes fiscales (renta líquida gravable).

La reforma a las Esal sería el primer capítulo de la estructural y solo alrededor de estas sugerencias empieza ya la controversia. Por un lado, están los que estiman que el Gobierno tiene una situación financiera deficitaria, lo que exige con rapidez una reforma impositiva. No obstante, la de las Esal, para algunos analistas, no generará ingresos.

Inclusive, la comisión misma destaca que las propuestas no van por más recaudo, sino por una reorganización de este esquema especial y el cierre de brechas a tratamientos desiguales entre entidades con el mismo perfil.

El senador Ángel Custodio Cabrera, por el contrario, estima que “si, una vez que el Gobierno radique la reforma, el Congreso hace bien la tarea, se podría lograr alrededor de un billón de pesos en recaudo”.

Esto, agrega, teniendo en cuenta que solo en Bogotá hay una contratación pública de alrededor de 3 billones de pesos, en la cual, muchas veces, participan entidades que se hacen llamar sin ánimo de lucro.

“Celebro que por primera vez se haya realizado un diagnóstico tan exhaustivo (en el régimen tributario especial hay 71.662) para que se pueda poner en cintura las que se crearon como Esal, pero que compiten en actividades mercantiles”, expresó Cabrera.

DIAN,  segundo capítulo

El informe de la comisión, aparte de identificar la gran variedad de entidades que se fueron pegando a este régimen de exenciones (administraciones de edificios, fondos de inversión, asociaciones gremiales), incluye las ideas preliminares de lo que debe ser el ‘revolcón’ a la DIAN,  en el escenario de una reforma estructural.

Por esta vía, que dará dientes para controlar la evasión, sí se obtendría un incremento en el recaudo.

Según lo hallado por la comisión, “los estimados en evasión del IVA en Colombia son del 23 por ciento (cerca de 2 puntos del Producto Interno Bruto), aunque el Fondo Monetario Internacional habla de que el nivel de evasión llega al 40 por ciento”.

Si se estima que, en el impuesto de renta solo de las personas jurídicas, la tasa de evasión entre 2007 y 2012 se ubicó en el 39 por ciento, “por evasión hay una pérdida de recursos cercana a 15 billones. Cada punto que se logre reducir en evasión del impuesto de renta de personas jurídicas aportaría 442.000 millones de pesos”, señala el informe.

Desde esa perspectiva, las propuestas de la comisión apuntan a crear una DIAN con mayor autonomía, que promueva la moral tributaria a través de la claridad entre ingresos fiscales y gasto público.

Al comparar con los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el recurso humano de la DIAN es insuficiente y poco se ha preparado a la gente joven para asumir esta actividad. La comisión propone fortalecer la planta de personal y lograr mayores niveles de profesionalización, principalmente en el área de fiscalización, donde se requiere una labor más eficiente.

De igual manera, es necesario avanzar en tecnología para masificar la fiscalización y la facturación electrónicas.

Los comisionados también sugieren una modernización del régimen de infracciones y sanciones, lo mismo que una migración hacia un modelo de recuperación de cartera más eficientes, pues, “en la actualidad, hay 376.810 deudores morosos y acumulación histórica de cartera, de 853.153 obligaciones administrativas que datan desde 1991”.

El director de la DIAN,   Santiago Rojas, está de acuerdo: “En la reforma integral debe incluir un fortalecimiento de la DIAN para ampliar la base, reducir evasión y controlar efectivamente las operaciones económicas, más aún cuando se le agregan nuevas responsabilidades, como la de las Esal”.

Esperan informe de OCDE

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recibió con buenos ojos el segundo informe de la Comisión de sabios tributarios, el cual será insumo clave para la reforma tributaria estructural que tendrá que hacer el Gobierno.

¿Cómo le pareció el informe de la Comisión Tributaria?

Creo que es bueno que se debatan las propuestas de la Comisión. Estoy esperando otro reporte sobre el mismo tema, el de la OCDE. Las personas que lo están haciendo han tenido mucha experiencia en el tema, con reformas en otros países, como Australia.

¿Hay congruencia entre lo propuesto por la Comisión y la OCDE?

Los representantes de la OCDE hablaron con la Comisión. Hay muchos puntos de coincidencia, pero no el 100 por ciento.

¿Cuándo se tramitará la reforma a las Esal?

Espero el reporte de la OCDE para poder tener toda la información en insumos necesarios para proponer una buena reforma.

¿Qué pasará con la reforma estructural?

El compromiso con la reforma estructural es absoluto. El país la necesita, la pide, y el Gobierno la considera prioritaria en la agenda económica. Hay razones de sobra para la estructural.

¿Cuál sería la fecha para la reforma a las Esal y cuál para la estructural?

La reforma a las Esal es parte integral de la estructural. Por eso es crucial recibir todos los insumos rápido.

¿Cómo haría para no dejar pasar el mejor momento de un Gobierno con el Legislativo?

Vamos a trabajar con este documento de la Comisión, revisar sus recomendaciones, dialogar con la OCDE, trabajar el articulado y radicarlo. Por el momento no tengo todos los elementos para definir una fecha exacta, pero espero que sea lo más pronto posible.

Fuente: El Tiempo