Muchos colombianos han reclamado el costo del impuesto de ingreso al departamento de San Andrés, que para este 2017 está en $105.000. Según explica un isleño, se trata de un gravamen necesario para dotar a la isla de la infraestructura necesaria para recibir a los turistas y mejorar a la vez las condiciones de la isla para los sanandresanos. Si bien San Andrés percibe dinero por el turismo, el costo de vida es muy alto y los ingresos de los habitantes no corresponden a los gastos. Se menciona que la cobertura de gas y electricidad en la isla no es total.

Redacción INCP a partir del artículo publicado por Roy Salmo Suárez Torrenegra en El Espectador

Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “Sobre la historia del impuesto para ingresar a San Andrés y otros costos” de la fuente Espectador.

Sobre la historia del impuesto para ingresar a San Andrés y otros costos

No es ninguna sorpresa que para ingresar al archipiélago se deba cancelar un impuesto, pero algunos han manifestado su descontento con el hecho de sacar de su bolsillo 105.000 pesos para ingresar a una zona del territorio colombiano.

Algunos creen que el aumento del valor de este impuesto, que pasó de 55.000 pesos a 99.000 en 2016 y en este nuevo año a 105.000 pesos, en 2017, se debe a una estrategia para limitar la entrada del mal llamado “turista chancletero”; el supuesto viajero con pocos recursos, que no dejará mayor beneficio económico a la isla.

Sin duda esta visión se debe a la desinformación, sobre su principal propósito: desincentivar el incremento poblacional dentro del archipiélago debido a todos los problemas que trae.

El origen de la indignación por entrar a la isla

Como isleño siento que debo hacer un poco de memoria para explicar la génesis de este ítem que incomoda a los viajeros nacionales. En las islas sufrimos un proceso de anexión y blanqueamientos étnico forzado por parte del Estado. Para 1953, con la llegada de Rojas Pinilla al poder, se inaugura la apertura del Puerto Libre, el cual incitó la migración de personas provenientes desde el interior para establecerse e incluso regalando predios para la construcción de almacenes y hoteles, para así sacarla del “atraso” en el cual se encontraba la isla, creando la imagen del “Sueño Sanandresano”, cuya repercusión fue una serie de oleadas migratorias que dejó como resultado, entre otros aspectos, el consumo excesivo de los recursos naturales.

Estas migraciones se siguieron presentando hasta 1991 cuando el Decreto 2762 de diciembre 13, buscó controlar la migración al archipiélago de las personas de la Colombia continental, creándose la OCCRE (Oficina de Control, Circulación y Residencia), “por medio de la cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, como lo señaló la Constitución Nacional.

El incremento de la tarjeta de turismo se debe al Decreto 002 del 2015 por parte de la Gobernación Departamental, el cual es la última modificación de la Ordenanza 020 del 27 de diciembre del 2006, manifestado por el mismo en su Artículo 267, en donde expresa explícitamente que los valores correspondientes a la tarjeta de turismo se destinaran para el uso de la infraestructura pública turística conforme a las normas pertinentes.  Es decir, que este encarecimiento no depende la voluntad “mezquina” de los habitantes como se ha señalado en algunos  medios, sino a una apuesta que beneficiará a los turistas y a la economía de la isla.

Sobre los costos elevados de vida en el archipiélago

Ahora es pertinente el hablar sobre el coste de vida de manera somera dentro del archipiélago. Si bien es insólito el pagar para deambular dentro del mismo territorio nacional, también es inadmisible para muchos de ellos el pagar 10.000 pesos por un “corrientazo” que por lo general les puede costar $6.000 u $8.000 en su lugar de residencia, pero, se han preguntado cuáles son las formas en que la isla adquiere sus provisiones, los sobrecostos de transporte, etc., pensemos en vegetales como la lechuga, que en la Isla son casi imposibles de adquirir por su costo. El precio de muchos productos y alimentos se ha elevado varias veces y los que habitamos la isla sentimos con rigor este hecho.

Y si les parece injusto que en una isla se tenga que pagar un precio tan elevado por consumir pescado sabiendo que este es un producto el cual se encuentra en el mar,  irónicamente cabe recordar que el 19 de noviembre del 2012 se “perdió” el 40% del mar territorial en el cual muchos pescadores encontraban su sustento. Tras el litigio se perdieron 75.000 kilómetros de mar en el cual estaban ubicados los bancos principales de pesca.

Otro de los problemas de los cuales se han quejado es el sobrecosto del transporte, y su mal servicio, algo que sufrimos también los nativos, ya que pese a todos estos sobrecostos, debemos recordar que el salario es el mismo.

Los turistas no tienen que costear estos gastos generales para la subsistencia a largo plazo en el transporte, la educación, la vivienda entre otros, a sabiendas que al igual que el resto del país el salario mínimo es el mismo, y que a diferencia de la creencia popular no todos los servicios tienen subsidio, tampoco todos los habitantes se lucran o benefician del turismo porque las ganancias se concentran en el sector hotelero, sector en el cual también se priorizan la cobertura de servicios tales como la luz y el agua, que son deplorables en las islas.

Invitación a un mejor trato y conclusiones

Como habitante de uno de los destinos turísticos más codiciados a nivel mundial, también deberíamos asegurar un trato digno a aquellos quienes realizan un gran esfuerzo para poder cumplir sus sueños de conocer el mar y la cultura insular colombiana, sin importar la procedencia o la supuesta  posición socioeconómica en la cual se encuentre. Por supuesto este hecho tiene lugar en doble vía, en la medida en que el turista brinde un trato cordial a los residentes y viceversa.

No comparto como isleño, frente a muchos negocios no formales, en los cuales algunas personas que alquilan carpas y sillas en las diferentes playas obliguen de la manera más persuasivamente incomoda posible a quien no quiere, y si este se niega, a decirle la gran mentira de que las playas están privatizadas o responder de manera agresiva ante el rechazo, hay que recordar que el turista es libre y tiene el derecho de elegir donde sentarse y pasar una tarde amena en la playa. No es justo que tampoco se le obligue a consumir o pagar por algo que usted no considera justo.

La invitación como habitante de las isla a mis coterráneos y a todos los turistas que llegan procedentes de cualquier parte del país es la de exigir, mediante acciones concretas y reales que los dineros del impuesto que se paga al ingresar al archipiélago, se vea reflejado en realidad, de la misma se puedan reclamar garantías ante los problemas que afectan tanto a residentes como a viajeros como lo es la potabilidad del agua, infraestructura de carreteras, deterioro de las zonas ambientales , el incremento de medidas de seguridad entre otros, para así volver a revindicar el estatus de lugar paradisiaco que poco a poco se ha ido deteriorando.

Fuente: Roy Salmo Suárez Torrenegra – El Espectador