En América Latina el fraude y la corrupción es una práctica que no solo se ve presente en las empresas, sino que también está presente en el desarrollo político y social, es decir, en el gobierno. Esto hace que el desarrollo humano sea mínimo y que esta forma de accionar aumente con el pasar de los años,  por tal razón las organizaciones deben preguntarse ¿qué se debe hacer para evitar los fraudes? La respuesta es, recurrir a las tendencias adoptadas mundialmente que presenten un mayor índice en la reducción de fraude y corrupción.

 Redacción INCP a partir de artículo publicado por Revista del Fraude – Por Muna D. Buchahin Abulhosn

 Para mayor información, puede referirse al artículo titulado “Las mejores prácticas para prevención y detección del fraude” de la fuente Revista del Fraude – Por Muna D. Buchahin Abulhosn

 Las mejores prácticas para prevención y detección del fraude

 Es un hecho que los delitos de cuello blanco han mostrado un aumento significativo en las últimas décadas. No obstante lo grave del asunto, en América Latina no existen datos y estadísticas que precisen la realidad y magnitud de los hechos fraudulentos. La incidencia de estos delitos no solo se manifiesta en la esfera financiera y económica; su acelerada expansión afecta también el desarrollo institucional, político y social de las naciones, y existen evidencias claras de que la corrupción y el fraude en el gobierno, agravan la pobreza, generan abusos graves y obstaculizan el desarrollo humano, sin retorno alguno.

 Resulta preocupante, además, que los estudios más destacados en la materia, como el Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional 2012, revelen que el crecimiento sostenido de estos fenómenos mantenga índices similares a lo largo de todas las regiones del mundo. Aquí expongo algunos datos:

• El 77% de los fraudes los cometen personas adscritas a contabilidad, operaciones, ventas, alta dirección, servicio al cliente y compras; siendo sus perpetradores 42% empleados; 38% gerentes, y 18% propietarios/ejecutivos.
• En un 87% se trata de infractores primerizos y con hoja de servicios limpia; sin embargo, el 81% de ellos registra indicadores conductuales de riesgo, lo que hace indispensable la aplicación de pruebas de confianza.
• Mediante controles anti-fraude se disminuye el costo y la duración de los fraudes.
• El personal debe ser capacitado sobre las acciones que constituyen fraude, sus efectos perjudiciales y el uso de la denuncia anónima y confidencial para comunicar la existencia de actividades sospechosas.

 Resulta interesante observar que todas las investigaciones señalan que uno de los factores más importantes para disuadir fraudes es la percepción de los integrantes de una organización, de que existen elementos e instancias precisas de control y denuncia, para detectar al personal que pudiera realizar acciones indebidas, que podrían ser identificadas y sancionadas.

Analizar los tipos de fraude y corrupción existentes, examinar sus causas y consecuencias, y diseñar estrategias factibles para reducir su incidencia y sus efectos, es una tarea urgente en la que todos los profesionales debemos participar. Una organización que cuente con las herramientas e implemente las mejores prácticas para la disuasión de ilícitos estará mejor preparada para prevenir, detectar y reducir de manera significativa la comisión de fraudes y actos corruptos.

 La implantación de las mejores prácticas, implica el establecimiento de una política integral que otorgue seguridad plena a los empleados y a terceros, de que todo hecho ilícito va a ser sancionado de manera ejemplar. Entonces, ¿Qué deben hacer las organizaciones públicas o privadas para blindarse contra posibles actos ilícitos? Simplemente, adoptar las mejores prácticas globales tendientes a reducir los índices del fraude y la corrupción. Veamos algunas de ellas.

1. El perfil de los empleados o servidores públicos: cada uno de los puestos, sobre todo los de áreas sensibles (compras, adquisiciones, proveedores, etc.) deben estar dirigidos por profesionales preparados y honestos y con el expertise y perfil apropiado al cargo. La selección debe ser basada en conocimientos y especialización en relación a las funciones del puesto es factor esencial en la disuasión de fraudes.

2. Verificación de antecedentes laborales y aplicación de pruebas de confianza: integrarlo como un protocolo obligatorio en el procedimiento de contratación.

3. Fortalecimiento del control interno y evaluación de riesgos: su aseguramiento, puede dar una seguridad razonable a la organización del adecuado de su gestión. Las revisiones a los controles internos debe practicarse de manera continua (COSO).

4. La capacitación de los empleados: invertir en educar a los profesionales de nuestra organización en temas antifraude, como son Técnicas Forenses de Entrevista, Metodología de la Investigación, Análisis de Datos para Detección de Fraude, entre otros, les permitirá asegurar que su personal cuente al menos con el conocimiento especializado en esta materia.

5. Estimular las competencias laborales del personal y promover la certificación internacional en la materia:resulta de importancia crítica para las organizaciones contar con especialistas en materia de prevención, detección e investigación de fraudes, pues la comisión de estos delitos puede ser tan sofisticada y compleja, que requiere adquirir competencias técnicas y habilidades especializadas para descubrir y reducir su incidencia. Nuestra organización, ACFE-Capítulo México, brinda las credenciales como Certified Fraud Examiner (CFE), una de las acreditaciones más importantes en esta materia, y ofrece de manera gratuita información, bibliografía y ejemplos de casos exitosos resueltos sobre fraude.

6. Realizar análisis y revisiones forenses permanentes en áreas vulnerables: la actitud es importante. Si se revisa siempre lo mismo, los hallazgos no variarán. Abrir el enfoque y pensamiento de los auditores hacia la investigación.

7. Segregación de funciones y tramos de responsabilidad: establecer formalmente los ámbitos de autoridad y niveles de responsabilidad de cada uno de los empleados o servidores públicos, relaciones y líneas de reporte.

8. Diseño y promoción de un programa antifraude: el contenido de la política contra el fraude debe ser explícito y claro, y comunicarse a todo el personal de la organización.

9. Seguridad en los sistemas de información: diversos esquemas fraudulentos involucran la manipulación ilegal de los datos de entrada o de los registros de salida en los sistemas.

10. Establecimiento de mecanismos para reportar fraudes: hoy día se ha constituido como el medio más eficaz y adecuado para conocer sobre posibles conductas inapropiadas, la Línea Ética de Denuncia, lada 800 y por @mail que permita el anonimato y la confidencialidad para recibir reportes de fuentes internas y externas. En este punto, afirmo: si no hay una investigación apropiada, castigo a los infractores y una respuesta a los denunciantes, difícilmente se alcanzará la confianza y credibilidad en nuestra organización.

11. Alta dirección: la posición de la organización frente a la comisión de estos delitos y la divulgación de la política anti-fraude, en el sentido que todo hecho ilícito va a ser sancionado de manera ejemplar. Divulgar y promover los Códigos de Conducta y de Ética.

Fuente: Revista del Fraude – Por Muna D. Buchahin Abulhosn