El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), mediante el Concepto 0124 de 2026, destacó que el Decreto 1600 de 2024^[1] incorporó una definición formal de auditoría forense para efectos regulatorios en el sector público. Según esa definición, se trata de una rama de la auditoría orientada a la prevención y detección de riesgos de corrupción, así como de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Esta actividad se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, pues requiere conocimientos en investigación criminalística, contabilidad, aspectos jurídico-procesales y análisis financiero. También se distingue por la revisión exhaustiva de procesos, hechos y evidencias, y por su finalidad de identificar y recolectar soporte técnico que pueda ser presentado ante las autoridades competentes en procesos de investigación, acusación y juzgamiento.

El CTCP recordó además que, conforme al Decreto 1600 de 2024, las entidades del orden nacional y territorial deben propender por realizar procesos de auditoría forense cada dos años, incorporarlos en el plan general de auditoría de las oficinas de control interno, promover el uso de herramientas tecnológicas y analítica de datos, e implementar programas de capacitación con apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Por último, el CTCP precisó que esta materia se limita a la orientación técnica en contabilidad, información financiera y aseguramiento, por lo que no le corresponde definir metodologías de investigación criminalística ni regular asuntos probatorios o judiciales.

Para más detalles, consulte los documentos adjuntos.

Ver: Concepto 0124 de 2026 – CTCP – INCP

Redacción INCP