A partir de este mes de enero, la implementación del sistema de factura electrónica sería un requisito más del Ministerio de Hacienda para las empresas y se irá aplicando por medio de etapas en los diferentes sectores involucrados.

Este consiste en un documento comercial con efectos tributarios generado, almacenado y transmitido en formato electrónico mediante un software y debe cumplir con los requisitos legales que se exigen a las facturas tradicionales, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

De acuerdo con los expertos, llevar a cabo este proceso, representa un importante avance en términos tecnológicos y de transparencia fiscal y empresarial para el país, pues significa una reducción de costos de gestión (distribución, transporte, almacenaje y custodia) y de seguridad (no se pierden).

Además, permite un mejor control de las transacciones, mientras que en términos ambientales implica un ahorro en papel, infraestructura de almacenamiento y combustible.

En tanto, al Ministerio de Hacienda le permitiría una recaudación fiscal mayor, independientemente de nuevos impuestos, una minimización de emisión de facturas ilegales y mayor transparencia en las auditorias fiscales y en la operación interna.

“Es un paso adelante en una transparencia operativa porque hemos logrado digitalizar algo que ha costado mucho digitalizar como es la facturación ya la banca se ha digitalizado mucho y eso es un paso más en eficiencia, pero también este paso representa una transparencia fiscal”, explicó Gonzalo Sandstad, de Softland Costa Rica.

En países como México, Guatemala, Chile y Colombia, el uso del sistema es obligatorio, mientras que en Costa Rica el pasado mes de octubre del 2016 se emitió un decreto donde se establece la obligatoriedad del documento, sin embargo, esta no se ha puesto en marcha, pues aún no se ha dado a conocer la lista de quienes estarán obligados a realizar este proceso.

Por otro lado, para el sector empresarial, la implementación de la factura electrónica puede ser un proceso exitoso, ya que busca la formalidad en las transacciones y en la operación de las empresas y los profesionales liberales y según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), su correcta aplicación significaría tener mayor eficiencia operativa y un mejor control de datos financieros.

No obstante, advierten que el más mínimo error en la correcta aplicación del instrumental tecnológico para lograr una eficiencia del documento electrónico, traería grandes problemas que pueden terminar por convertirse en un dolor de cabeza para el sector.

Y es que meses atrás dicha organización envió una serie de observaciones a Hacienda sobre el proyecto de “Resolución de Obligatoriedad para el Uso de los Comprobantes Electrónicos”; pues aseguran que el análisis de  sus especialistas concluyó que presenta deficiencias para poder lograr una correcta y adecuada implementación.

“Entre las deficiencias podemos citar el plazo para implementación, ya que si bien es importante que la implementación del sistema de facturación electrónica se realice en un corto plazo, no todas las empresas del país están con la capacidad de hacerlo, por lo que la obligatoriedad de cumplimiento debe tener un plazo razonable, superior a los 6 meses indicados en el proyecto de resolución. Por la complejidad del cambio de modelo de facturación tradicional a factura electrónica, un cambio de interfaz de facturación no estaría listo en menos de 24 meses de desarrollo”, explicó Franco Pacheco, presidente de la Uccaep.

Además, señalan que el proyecto no pone a disposición una plataforma para realizar pruebas a la operatividad y puesta en marcha del sistema de facturación electrónica.

“Es esencial contar con un ambiente de prueba previo a la implementación de la factura electrónica para que los contribuyentes puedan emitir los documentos y verificar la correcta ejecución de los mismos, así como la adecuada integración de los sistemas contables. De no estar disponible un ambiente de prueba, no es posible para el contribuyente asegurar un correcto funcionamiento y compatibilidad, viéndose expuesto a fallas que pueden tener implicaciones fiscales severas”, finalizó.

Fuente: El Mundo – Costa Rica